Luciano Alonso espera aclarar al TSJA el “malentendido” sobre el contrato del director del Centro Andaluz de Flamenco

El diputado del PSOE por Málaga y exconsejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, Luciano Alonso, espera aclara al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el “malentendido” sobre el contrato del director del Centro Andaluz de Flamenco Luis Guerrero, al tiempo que niega que “se haya procedido a la retribución con fondos públicos a quien no realizara función o trabajo alguno”.

En un comunicado, Luciano Alonso señala, ante la noticia del trámite judicial por el que se da inicio a las diligencias previas en el TSJA como consecuencia de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior de Andalucía, que tras dedicar toda su vida al servicio público, “quiere manifestar su respeto y confianza” en la Administración de Justicia, a la que “ya ha ofrecido toda la información a su disposición y ante la que prestará toda la colaboración que le sea solicitada”, asegura.

De ese modo, Alonso espera que “puedan aclararse cuanto antes” las incidencias referidas a la contratación, como personal eventual, de Luis Guerrero Jiménez, y señala que como tendrá ocasión de comprobar el Tribunal, al que ya se ha remitido escrito aclaratorio, “el malentendido viene provocado por la falta de actualización del puesto para que fue nombrado, lo que dio lugar a una reasignación de funciones prevista en el artículo 73.2 TR Estatuto Básico del Empleado Público”, sin que “en ningún caso se haya procedido a la retribución con fondos públicos a quien no realizara función o trabajo alguno”.

Además, Alonso asegura el expediente de la Fiscalía del TSJA --“del que hace apenas unas semanas que tuve conocimiento y en el que no he podido comparecer”, añade--, “se inició sin previa denuncia, a partir de noticias aparecidas en prensa”, en, a su juicio, “abierta contradicción con la consolidada doctrina del Tribunal Supremo que, inadmitiendo a trámite una denuncia contra Podemos ha recordado recientemente en su Auto de 13 de abril de 2016, por la que establece que que no debe abrirse una investigación penal por 'la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación'”.

Por último, Luciano Alonso solicita, en la medida de lo posible, “prudencia y rigor” en las informaciones sobre esta incidencia judicial, para que “puedan los magistrados desempeñar sus importantes funciones con eficacia, tranquilidad e independencia, asegurando el respeto y la vigencia efectiva de las reglas y principios propios del juicio justo que proclaman nuestras leyes”, concluye.