El PSOE apura sus últimos días de Gobierno andaluz para declarar Lugares de Memoria antes de la reforma de PP y Vox

Los días previos al cese de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía y al nombramiento de Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo dirigente andaluz, publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 18 de enero, la administración andaluza, dirigida todavía el PSOE, apuró para incoar los procedimientos para la inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía de hasta nueve emplazamientos de la comunidad autónoma.

En concreto, los BOJA de 16 de enero y 17 de enero publicaron oficialmente los acuerdos de la Dirección General de Memoria Democrática de incoación de los procedimientos que se tomaron, precisamente, uno o dos días después de que PP y Vox acordaran, entre otras muchas cuestiones, “promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica”. La Ley de Memoria aprobada por el Parlamento andaluz en marzo de 2017 ha favorecido que estos años hayan sido señalados decenas de espacios emblemáticos, dibujados ya en 2015, vinculados con el golpe de Estado militar de julio de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista, para servir de homenaje a las víctimas de la represión.

Ciudadanos, el socio del Gobierno de coalición, se ha desentendido de estos acuerdos entre PP y Vox, pero en su programa para las elecciones, como en el de los populares, no se incluía ninguna referencia a la memoria histórica. La nueva Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en manos de la popular Patricia del Pozo, acaba de asumir las políticas sobre Memoria Democrática, hasta ahora adscritas a la Consejería de la Presidencia.

La esquina de Caparrós

Las nuevas inscripciones para engrosar el Catálogo de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía se adoptaban, entre otros, para la vieja cárcel de Úbeda (Jaén), el Palacio de la Aduana de Málaga, la colonia de Víznar (Granada), el refugio antiaéreo de la Plaza de España de Villanueva de Córdoba, la Jefatura Superior de Policía y la sede de la Capitanía General de la Gavidia, en Sevilla, así como el lugar donde Francisco Rodríguez Ledesma fue herido de muerte, también en la capital hispalense. 

Estos nueve lugares y otros cinco más (entre ellos, la esquina donde asesinaron a García Caparrós, declarado Lugar de Memoria el 4 de diciembre de 2017) fueron ya valorados como tales el 18 de julio de 2017, cuando se cumplían 81 años del golpe de estado. Es decir, que año y medio después, en los boletines de 16 y 17 de enero, se ha ordenado incoar los procedimientos para declarar la mayor parte de esos lugares como espacios de memoria histórica.

Anteriormente a estos acuerdos, en el BOJA del pasado 10 septiembre se acordaba la inscripción de la fosa común del cementerio de San Roque, en el municipio de Puerto Real (Cádiz) y de la fosa común de Nuestra Señora del Buen Suceso y la Plaza de la Constitución, en el municipio de Baena (Córdoba), como Lugares de Memoria. Los diferentes acuerdos publicados ahora no estiman de aplicación ninguna medida cautelar salvo la señalización de cada lugar “para su recuerdo”, habilitando un plazo de 15 días como periodo de información pública de las decisiones.

Mantenimiento y custodia

La Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía regula la figura de Lugar de Memoria Democrática, estipulando todo un “régimen de protección y conservación” para los lugares declarados como tales, determinando que “la Consejería competente en materia de memoria democrática podrá impedir un derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención en un Lugar de Memoria Democrática”.

Esta regulación expone que para “salvaguardar los valores históricos, etnográficos o antropológicos” de los lugares declarados de Memoria Democrática, “será necesaria la autorización de la Consejería competente, con carácter previo a las restantes autorizaciones o licencias, para cualquier cambio o modificación que se desee llevar a cabo, tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como de cambios de uso”.

En paralelo, el artículo 27 de esta ley regula las “obligaciones” de los propietarios de lugares de Memoria Democrática, comenzando por “el deber de conservarlos y mantenerlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores”. En consecuencia, la Administración andaluza goza de potestad para ordenar como tal a los propietarios, la ejecución de medidas destinadas a “garantizar la conservación, mantenimiento o custodia de los bienes inscritos como Lugar de Memoria Democrática”. Los dueños de inmuebles declarados de Memoria Democrática, además, tienen “la obligación de permitir su visita pública cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados”.