Un sindicato denuncia ante Fiscalía la contratación de familiares y afines por el Ayuntamiento de Marbella
El Sindicato de Empleados Públicos de Málaga (SEPMA) y la asociación Desempleados por un Empleo Digno han denunciado ante la Fiscalía que al menos una decena de trabajadores contratados para el servicio de limpieza de Marbella son familiares directos de los integrantes del tribunal que debía evaluar sus candidaturas. No es la primera vez que los sindicatos cuestionan las contrataciones temporales en el ayuntamiento de Marbella. Desde el año pasado, el consistorio está recibiendo decenas de sentencias condenatorias por contratar en fraude de ley empleados a tiempo parcial, que realizan tareas y servicios propios y habituales del ayuntamiento, como desveló en su día eldiario.es/Andalucía.
Ahora SEPMA ha encontrado que al menos diez candidatos seleccionados en la bolsa de contratación temporal de operarios, conductores y capataces, tienen relación familiar directa con tres miembros del tribunal encargado de valorar sus méritos o con el concejal de limpieza. Entre los candidatos seleccionados hay hermanos, hijos, cuñados y yernos de alguno de los miembros del tribunal. El sindicato también ha encontrado relaciones de afinidad (pareja) o amistad con varios otros candidatos. El ayuntamiento defiende la legalidad del expediente, que contó con los informes favorables del Servicio de Limpieza Viaria, el de Recursos Humanos y el Área de Intervención.
La bolsa de trabajo fue aprobada por una Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente celebrada en abril de 2018, siete meses después de que el PP recuperara el poder en Marbella, tras la moción de censura. A pesar de existir dos bolsas anteriores sin cerrar, el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz decidió constituir esta nueva bolsa, de la que debían contratarse de manera directa 74 operarios, 46 conductores y seis capataces para reforzar la plantilla. El equipo de gobierno lo justificó “con motivo de la acumulación de tareas sobrevenidas” en el servicio de limpieza.
Desde su aprobación, los sindicatos denunciaron que no había sido negociada y que introducía criterios subjetivos de evaluación. Singularmente, concedía 5 puntos sobre un total de 25 a una entrevista cuya realización quedaba a criterio del tribunal: las bases señalan que este “podrá optar si lo estiman necesario realizar una entrevista a los aspirantes que considere” [sic], sin más aclaración.
La experiencia laboral se valoraba con hasta ocho puntos, disponer del carné de conducir concedía dos puntos y la formación otorgaba hasta cinco, de modo que la entrevista para se convertía en un criterio esencial para establecer el orden de los aspirantes a operario de limpieza, conductor o capataz. Hubo candidatos con altas puntuaciones en el apartado de experiencia que quedaron relegados porque sólo obtuvieron 0,5 puntos en la entrevista.
Además, el sindicato denuncia ante el fiscal que en varios casos no se acreditó que se tuviese la experiencia, y que la valoración de algunos de ellos no concuerda con su currículum. “Ninguno de los aspirantes acredita los méritos que le han puntuado, puesto que le han valorado la experiencia profesional sin discernir, tal como obligaban las bases, que fuera en el puesto objeto del concurso”, se lee en la denuncia, que se dirige contra el presidente del órgano de selección (Carlos Díaz), los cuatro miembros del tribunal y contra la alcaldesa Ángeles Muñoz y los concejales que participaron en la Junta de Gobierno Local que aprobó las bases del proceso.
El sindicato ha entregado a la Fiscalía 13 expedientes de los candidatos, en los que, según denuncia, no se acreditó la experiencia laboral tal y como pedían las bases, entre ellos un primo y un tío del concejal de limpieza, Diego López, un sobrino del jefe de personal, y diversos familiares de tres miembros del tribunal. Además, el sindicato señala una veintena de personas “relacionadas con altos cargos del ayuntamiento de Marbella, sindicalistas y afines al partido gobernante” [Partido Popular].
El ayuntamiento ve un “fin electoralista”
Participar en un tribunal es obligatorio para los funcionarios. Tal y como aduce el equipo de gobierno del ayuntamiento de Marbella, el acta señala que en el curso de seis de las entrevistas los miembros del tribunal se ausentaron por “razones de consanguinidad en primer o segundo grado” cuando llegó el turno de alguno de los candidatos entrevistados. Sin embargo, tanto la Ley 30/92 (a la que alude el acta, a pesar de no estar en vigor) como el artículo 23 de la Ley 40/2015 (en vigor) señalan que los funcionarios deben abstenerse si hay parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado “con cualquiera de los interesados”.
“Es evidente que los miembros del tribunal deberían de haberse abstenido de intervenir una vez que hubiesen constatado la existencia de vínculos familiares tanto de primer como segundo grado de consanguinidad”, señala la denuncia. Para el sindicato, el hecho de que varios seleccionados sean familiares directos de los miembros del tribunal supera la categoría de simple error “de manera burda y delictiva”. “La conducta fue dolosa, voluntaria y con la finalidad de alcanzar tales fines participaron y actuaron a favor de sus familiares”.
Para el ayuntamiento la denuncia, que fue presentada el pasado 30 de abril, tiene “un claro fin electoralista”.
