Un total de 43 personas han sido detenidas en la provincia de Málaga durante una operación de la Policía Nacional que ha permitido la desarticulación de un grupo criminal que, presuntamente, se dedicaba a la explotación laboral y a la regularización fraudulenta de migrantes. La mayoría de las víctimas de la red eran ciudadanos marroquíes que se encontraban en situación irregular, y una parte de los explotados eran alojados en condiciones infrahumanas en casas propiedad de la organización, han informado desde la Comisaría provincial. El entramado, formado por al menos siete empresas del sector agrícola, también facilitaba la comisión de supuestos fraudes a la Seguridad Social y la regularización fraudulenta de migrantes mediante contratos de trabajo ficticios a cambio de cantidades de dinero que alcanzaban los 3.000 euros.
La investigación policial dio comienzo en el mes de noviembre del año pasado gracias a una información recibida desde la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Málaga que advertía de la existencia de varias empresas del sector agrícola, ubicadas en la provincia malagueña, que estarían utilizando su actividad legal para ocultar la comisión de varios delitos. Las pesquisas realizadas por los agentes permitieron constatar que esas empresas investigadas eran supuestamente utilizadas por los líderes del grupo desarticulado para explotar laboralmente a ciudadanos de origen marroquí.
“Aprovechándose de su situación de necesidad y de la falta de permiso de residencia y trabajo, el entramado presentaba a estos trabajadores ante las administraciones laborales con las identidades de otros ciudadanos extranjeros que sí estaban en situación regular en el país”, señala la Policía Nacional. A través de estas empresas supuestamente también se formalizaban contratos de trabajo ficticios con migrantes que, previo pago de cantidades que oscilaban entre 1.500 y 3.000 euros, conseguían regularizar su situación mediante la obtención o renovación de permisos de residencia y trabajo, y que además les permitía de manera fraudulenta cotizar en la Seguridad Social y acceder a distintas prestaciones.
Después de las averiguaciones realizadas, los investigadores consideran que las empresas analizadas también podían estar cometiendo diversos fraudes tributarios relacionados con los impuestos del IVA, IRPF e impuesto de sociedades, y que el grupo criminal contaba con la colaboración de varios empleados de una gestoría y una abogada.
En la operación policial se ha arrestado a 43 personas de diversas nacionalidades, entre los que se encuentran los líderes del grupo, y se han registrado cuatro domicilios en la provincia de Málaga donde se han intervenido 56.985 euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles y abundante documentación relevante para la investigación.
Además de la mencionada colaboración de la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, durante la investigación los agentes han contado igualmente con el apoyo de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo de Málaga.
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