Una empresa de 'desokupación' hostiga hasta echar a los ocupantes de varias viviendas en Torremolinos

Una empresa de desokupas ha hostigado durante dos días a los habitantes de un edificio ocupado desde hace una década en Torremolinos. Según los testimonios de tres mujeres, esto incluye amenazas, retención, coacciones, abusos verbales y agresiones físicas. Sukaima está a dos semanas de dar a luz, y la noche del martes al miércoles durmió entre casa de una amiga y el coche porque no la dejaron regresar a la vivienda, donde hasta el miércoles por la tarde siguieron su marido y otros dos niños menores. “Llevo tres días con la misma ropa. A las 4 me desvelé y me vine al coche”. Marisol cuenta con dolor que a su hijo menor lo golpearon al regresar del instituto por intentar suministrarle un cargador de móvil mediante una cuerda. “Estamos secuestrados”, solloza Kathy Riaño, una de las últimas por abandonar el edificio. Todas aclaran: saben que hay un nuevo propietario y que ellas no tienen título para seguir en el inmueble, pero piden tiempo para mover a sus familias en un mercado con precios muy altos y, sobre todo, no ser acosadas. La Policía no ha intervenido a pesar de haber hecho acto de presencia, según denuncian.

En un vídeo que ha podido visualizar ElDiario.es Andalucía, un hombre trata de convencer a una vecina para que firme un documento antes de las siete de la tarde. “Mi cliente nos ha contratado para hacer el desalojo de su propiedad. Es el propietario, que quiere recuperar su bien inmueble”, le explica. “Pero así ¿de esta manera? ¿Humillando y tratando mal a las personas?”, se pregunta la mujer, muy nerviosa. El hombre niega que la situación que relata ella, una amenaza de violación, se haya producido. “Yo eso que usted me cuenta lo pongo en duda”. Luego le advierte: “Tarde o temprano vas a salir. ¿Cuánto tiempo crees que vas a aguantar ahí sin agua y sin luz, sin comida? Estás alargando una agonía innecesaria”.

Le explica que le da la opción de firmar un papel, en el que se les da hasta el viernes para recoger sus pertenencias. “La segunda opción es que usted se atrinchera: tarde o temprano saldrá de la casa y en el momento que salga ya no vuelve a entrar más, nunca más. Todas las cosas que hay se van a quedar para el propietario”.

En otro vídeo, un individuo aporrea una puerta mientras llama “puta rata”, “puto maricón” y “asqueroso” a alguien en el interior, que le advierte de que está acompañado de sus hijos. En un tercero, se oye a varios hombres hablar entre risas de “gasolina”. “Trame un mechero que le prendo fuego”.

El edificio ha sido adquirido al completo recientemente por un nuevo propietario. Las ocupantes hablan de un “fondo buitre”, pero elDiario.es Andalucía no ha podido corroborar quién es. Lleva ocupado al menos una década, después de que la promotora no pudiera terminarlo. Posteriormente el promotor consintió que los ocupantes originales se quedaran, según recuerda el abogado José Cosín. Tal y como contó este medio en 2014, muchos de sus vecinos llegaron a empadronarse y algunos llevan nueve años con el padrón en regla. Aquellos ocupantes originales se organizaron para cuidar el edificio, pero muchos han ido siendo sustituidos.

Tras el concurso de la promotora, Unicaja se convirtió en propietario. Fuentes de la entidad confirman que lo vendieron hace poco tiempo, sin precisar cuándo ni revelar el adquirente, que se hizo con todo el edificio, que cuenta con 14 viviendas. El nuevo dueño contrató a Exit Okupas, una empresa de desokupación radicada en la Costa del Sol.

Golpes a las puertas

Las tres vecinas consultadas relatan escenas de acoso e intimidación explícitas. Entre lágrimas, han contado por teléfono a elDiario.es Andalucía que patrullan los pasillos, golpeando puertas y profiriendo amenazas. En la puerta del edificio hay un vigilante de seguridad acreditado. “Anoche un hombre me dijo: ”Maldita perra, sudaca, vete a tu país“. A mi niño lo golpearon, le tiraron una bebida en la cara. Me puse a gritarles: ”¡Es un niño, un santo!“, cuenta una de ellas, sin poder reprimir las lágrimas.

Sukaima, la mujer embarazada, dice que aporrearon continuamente la puerta de su vivienda, donde se atrincheraron su marido y sus otros dos hijos. El edificio carece de suministro eléctrico desde hace meses, lo que hace que sea cada vez más difícil mantener el contacto con el exterior, y que quienes se mantienen tengan que echar mano de generadores de gasolina.

Poco a poco, el acoso va dando sus frutos. El miércoles, la mayoría de los ocupantes se habían doblegado a la presión abandonando el lugar. A mediodía quedaban al menos cinco viviendas ocupadas. Por la noche, Sukaima ya cargaba sus cosas en un coche para depositarlas en un trastero. Dice que las últimas en resistir son familias con menores, porque no encuentran alternativa habitacional.

El ayuntamiento de Torremolinos asegura que, consultada la Policía Local, esta dice no haber recibido ninguna llamada de denuncia. La Policía Nacional asegura que no tiene noticias de la situación. “No nos prestan ninguna atención. Ayer vinieron dos patrullas, y con la misma se regresan. Se quedan de la puerta para afuera”.  

Los desokupas: “Yo empatizo con ellos demasiado”

El grupo de “desokupadores” está dirigido por Alan Betencur, encargado de ofrecer las supuestas alternativas a los vecinos, según se desprende del vídeo. Bentancur es un deportista de éxito. El año pasado fue subcampeón del mundo en Grappling Gi, un tipo de lucha en la que se emplean técnicas de agarre, proyecciones, luxaciones y estrangulaciones sin el uso de golpes, según se contó entonces.

En un publirreportaje de OkDiario titulado “La historia de Alan Bentancur: deportista de alto nivel y desokupador de éxito”, explica que su “faceta de desokupador” “surge porque la gente me escribía mucho por problemas con okupaciones, morosos, inquilinos que no pagaban… Por el tema de mi deporte entendían que una persona más metida en este mundo podía ayudar y surgió la posibilidad de crear la empresa”.

En su página de Facebook, la empresa explica que tratan que las salidas sean “pactadas”, pero que, si no lo consiguen, realizan “el procedimiento habitual en este tipo de casos”. Admiten que establecen “controles de seguridad” para limitar la entrada a las viviendas “y así obligarlas a salir por su propia voluntad”.

Este medio se puso en contacto con la empresa. Tras las reticencias iniciales (“no sé hasta qué punto me puede perjudicar… pero no porque estemos haciendo nada malo, eh”), uno de los cuatro socios, que no reveló su nombre, aseguró que el trabajo lo realizan “auxiliares y controladores de acceso”, negó que fueran matones (“nos encasillan. Si lo fuéramos entraríamos directamente y eso no lo hacemos. ¿Cómo va a ser nazi un marroquí?”) y aseguró que los ocupantes solo quieren dinero.

El portavoz niega cualquier acto de intimidación, salvo alguna cosa: “¿Que se le ha podido aporrear la puerta a alguien que ha sacado los cuchillos? No se lo voy a negar. Pero nada agresivo”, dice: “No hay violencia. Una se ha dado un golpe con un mueble y ahora dice que la hemos agredido. Ellos buscan la manera de aguantar lo que puedan y no salir. Se saben todos los trucos. Nosotros también tenemos familias. Yo empatizo con ellos demasiado”. Lo suyo, añade, es la “mediación”, hasta el punto de que ayudan a los okupas con la mudanza. “Muchos tienen donde ir, a excepción de alguna que tiene niños y a esa se le ha ofrecido pagarle dos noches de un hostal con nuestro propio dinero”, asegura.

Al menos una denuncia judicial

Un abogado ha presentado ya una denuncia en representación de una persona ocupante ante la posible comisión de delitos en el desalojo. Pero ninguno de los que sigue puede salir de la vivienda para ratificar la denuncia y luego volver a entrar.

Unicaja, el anterior propietario, había iniciado la vía civil para desalojar las viviendas, y en varios casos se había señalado fecha para juicio. Sin embargo, la nueva propiedad ha optado por una vía al margen de la judicial, que podría incluso suponer la paralización por prejudicialidad los procesos civiles de desalojo de estos ocupantes. “Si hay resolución de salida hay que esperar que se cumplan esos plazos. El Decreto 16/2021 paraliza los desahucios de familias vulnerables hasta febrero. Se están conculcando sus derechos”, señala Paqui Pascual, portavoz de la PAH, que estudia interponer una querella.

En Sevilla, un juzgado acaba de restituir la vivienda a los ocupantes desalojados por una banda de desokupas el pasado lunes. También se ha abierto una investigación por si los desokupas cometieron delitos de lesiones, amenazas y allanamiento de morada. Los desokupas de Málaga marcan distancias: “No lo han hecho como deberían hacerlo. Algunos vamos con la mediación e intentando empatizar con la gente”.

“Vine de Venezuela huyendo de una situación y me encontré algo peor”

 “Yo me iba a ir antes del juicio. Comprendo que lo ha comprado otra entidad y me tengo que ir. Pero de buenas maneras, no así”, lamenta Sukaima. Sin embargo, encontrar una alternativa no es fácil ni rápido. “Si encontrase alquiler, alquilaba y me iba voluntariamente. Pero si no tengo donde dejar los niños ni donde dormir, no puedo sacarlos a la calle. Un estudio son 400 euros más 400 de fianza, más medio más de inmobiliaria”, cuenta. Su marido trabaja en la construcción. “Somos cuatro personas, no puedo entrar en una habitación de hotel. ¿Cómo hago para cocinar a estos niños, el colegio, los libros y todo? ¿Y el viernes qué hago? Son mis cosas de diez años”.

Marisol dice que llegó en abril. Cuida a una persona mayor, pero asegura que dedica una parte de su salario (unos 650 euros) a pagar su Seguridad Social, porque se negaron a darla de alta. Busca alquilar por unos 300 euros, pero dice que no hay nada por debajo de 500. “Vine de Venezuela huyendo de una situación y me encontré algo peor”, dice llorando.

“¿Cómo voy a coger mis cosas de una vida de ocho años y me voy con un bolso en la mano a la calle?”, se pregunta Riaño. “Yo he hecho reformas, tengo todo muy cuidado. La persona que ha comprado debería tener dignidad, y pensar en qué se hubiera convertido esto… Usted me da un tiempo prudente y yo me marcho. Guardo mis cosas en un trastero, me busco un apartamento. Pero me están tirando a la calle y con violencia”.

“Yo lo entiendo: esto no es mío, no lo he comprado. Soy consciente. Pero estas amenazas, gritos, golpes a la puerta...”, cuenta con amargura. “No puedo creer que una persona en España tenga que coger sus cosas a las 12 de la madrugada porque te amenacen, como si no existiera la Policía o un juzgado”.