David Valadez, denunciante del caso Astapa y exalcalde Estepona, reconoció en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Málaga, que nombró a Diego de Lucas como responsable del desarrollo de los suelos del municipio por indicación del excomisario jefe de la UDEF en Madrid, José Luis Olivera, hoy jubilado y que fue investigado en la causa Tándem. “Le pedí al comisario Olivera que por favor me recomendase una persona de su confianza para poner orden en el Ayuntamiento de Estepona. Y me recomienda al señor Diego de Lucas”, declaró bajo juramento el testigo Valadez. Hasta ahora no había identificado a la persona que le facilitó el contacto con De Lucas.
De Lucas firmó un contrato de alta dirección como gerente de la Empresa de Planificación y Desarrollo Urbanístico de Estepona, y se convirtió de facto en el hombre fuerte del Urbanismo del municipio. La atribución a Olivera de un papel clave en un nombramiento tan significativo abona la sospecha de que José Manuel Villarejo pudo usar la operación Astapa para hacerse con la tutela del urbanismo de Estepona, donde tiene casi medio centenar de propiedades, hoy embargadas por la Audiencia Nacional.
Entre De Lucas, Olivera y Villarejo se vislumbra un triángulo de intereses: en un informe de Asuntos Internos, De Lucas aparece como socio de “cuarto nivel” de Villarejo, que a su vez era buen amigo de Olivera. Y en un audio aportado al sumario, presuntamente grabado en 2009, Villarejo le pregunta con retranca a Valadez: “¿Qué tal? ¿Estás contento con él [Diego de Lucas] o hay que cambiarlo?”. Las anotaciones de su agenda corroboran que participó en su nombramiento.
La supuesta participación de Villarejo en el Caso Astapa, que acabó con el arresto del exalcalde Antonio Barrientos y varios concejales y técnicos en 2007, no se juzga en este procedimiento, pero está condicionando un macrojuicio en doce bloques que acaba de empezar, hasta el punto de que algunas defensas llegaron a solicitar su total anulación. El tribunal ha anulado todas las escuchas de la causa porque la denuncia que las motivó no las justificaba, y en las dos primeras semanas se ha escuchado hablar más del expolicía que de los supuestos delitos que se juzgan, que consisten esencialmente en la infravaloración de convenios urbanísticos a cambio de la aportación económica para actos municipales, la caja de los partidos del gobierno entonces (PSOE y un partido local) o el lucro de los implicados.
Las acusaciones, sustentadas inicialmente en unos papeles que la propia Audiencia Provincial ha descalificado por carecer de firma y sustancia, corren el riesgo de desinflarse mientras se alarga la sombra del excomisario.
Valadez se convirtió en alcalde de Estepona en septiembre de 2007, después de la detención de Antonio Barrientos, al que había denunciado ante la UDEF en Madrid en noviembre de 2006. En noviembre de 2007, nombró a Diego de Lucas. La referencia se la habría dado Olivera, a quien acudió en busca de “auxilio”. “Me puse en contacto con el jefe de la UDEF, José Luis Olivera, para pedirle ayuda, auxilio, para nombrar una persona honesta, honrada y ajena al Ayuntamiento de Estepona que pusiese orden en el caos que se había convertido el área de Urbanismo, con muchísimos técnicos con graves imputaciones”.
De Lucas es administrador de la sociedad Sensible Code, propiedad del excomisario, considerada una empresa “de cuarto nivel” en el informe de Asuntos Internos que desgrana la red del excomisario, en poder de este medio. El Ayuntamiento firmó con De Lucas un contrato de alta dirección con un sueldo de más de 59.000 euros y su desempeño fue bueno, según el exalcalde: “Jamás me ha metido en un marrón”.
Valadez siempre ha mantenido que buscaba a alguien sin intereses en el municipio. Como recordó en el juicio, era Villarejo quien le había dicho que De Lucas tenía el respaldo del Ministerio del Interior y “del partido”. Eso, unido a que venía designado por el comisario jefe de la UDEF, le habría hecho confiar. Pero resultó que algún interés sí tenía, pues Villarejo podría haber aprovechado el cargo de De Lucas en beneficio propio, según se deduce de varios audios publicados en su día por El Confidencial.
De hecho, de la agenda de Villarejo aportada en el sumario del Caso Tándem se colige que fue él quien le ofreció el trabajo a De Lucas, con quien se vio el día antes de que se produjera la operación policial, según desveló en su día la Cadena Ser. El 3 de octubre, Villarejo anota que le ha ofrecido trabajo y el 16 de noviembre lo nombran gerente.
En su declaración judicial del pasado 8 de marzo, Valadez aseguró que puso la denuncia ante la UDEF de Olivera en Madrid, y no ante un juzgado o la Policía en Málaga, para evitar su filtración inmediata. También aclaró que había conocido a Olivera entre enero y febrero de 2006, aunque la denuncia no la interpuso hasta el 16 de noviembre. En ese tiempo cruzó “cientos” de correos con los investigadores, que aún conserva.
Según insistió, por entonces no conocía aún a Villarejo, que le habría sido presentado por el cura de Estepona (Pedro, hermano del excomisario) “mucho después”, cuando ya era alcalde. “En aquel momento no lo conocía nadie, ni yo. No tenía ni idea de su existencia. Me dice que está interesado en conocerme y por supuesto accedo”, declaró Valadez, quien mantiene que la relación posterior no pasó de dos encuentros cordiales. Audios aportados a la causa hacen intuir que había algo más de confianza. “A ver cuando quedamos para que conozcas a mi mujer, que quiere conocerte... al famoso Pepe”, le dijo en 2009.
Valadez negó “absolutamente” cualquier vinculación de Villarejo con el origen de Astapa, pero no posterior. “¿Cuál fue el papel que desempeñó en la instrucción?”, se preguntó a sí mismo: “Lo desconozco”. También negó conocer la relación entre Olivera y Villarejo. Olivera, Villarejo y el inspector jefe en excedencia Antonio Giménez Raso constituyeron una sociedad en la que Olivera se llevaría un 5% de lo facturado, según un informe de Asuntos Internos que avanzó en su día ElDiario.es. La sociedad se constituyó en 2008, cuando José Luis Olivera era todavía jefe de la Unidad policial de élite contra la corrupción. En una conversación con Giménez Raso, Villarejo describe cómo colaboraba con la UDEF de Olivera: “Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos”.
Olivera es el comensal al que se le escucha decir que “tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace cinco años y luego que expliquen”, en un audio grabado durante un almuerzo con Villarejo, el periodista Antonio García Ferreras y el directivo de Atresmedia Mauricio Casals.
El exalcalde Valadez se presentó en el juicio como una víctima por las sospechas y presiones a las que ha tenido que hacer frente tras su denuncia, que dio origen a un caso que acumula 16 años en los juzgados. “Tanto Cristina Rodríguez [la otra denunciante] como yo tenemos aprecio a nuestras vidas. Tenemos familias. Y éramos conscientes de que adoptar esa decisión iba a suponer un perjuicio mayúsculo, como así ha sido”.
Según explicó durante el juicio, nadie en el PSOE hizo caso de sus advertencias de lo que supuestamente ocurría en Estepona, pero tomó la decisión tras un encuentro en el que José Flores (uno de los acusados) le ofreció mucho dinero a cambio de votar favorablemente a un convenio con el que se garantizaba, supuestamente, una aportación económica al partido.
Su llegada a la alcaldía habría sido una carambola fruto de las renuncias encadenadas de otros compañeros. “Me convierto en alcalde porque no hay nadie que asuma ese reto. ¿Me quieren decir ustedes que el señor Villarejo controlaba también los designios de todos los representantes del Grupo Municipal Socialista?”, se preguntó Valadez: “Éramos absolutamente conscientes de que, a efectos personales, como el tiempo ha confirmado, sería un auténtico calvario, una auténtica pesadilla”. “¿Hubiese denunciado habida cuenta de cómo ha transcurrido? No”.
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