El fiscal cree que el Ayuntamiento de Marbella no entregó los contratos con la trama sueca para evitar el daño electoral al PP

La Fiscalía cree que el Ayuntamiento de Marbella se guió por un criterio de “oportunidad política” para no entregar a la oposición los expedientes y contratos públicos con Codecosol, una empresa presuntamente usada por la trama de narcotráfico y blanqueo que implica a familiares de la alcaldesa Ángeles Muñoz. Los expedientes aparecieron tras las elecciones del 28 de mayo y se aportaron en septiembre, diez meses después de que los socialistas empezasen a pedirlos. Según el fiscal, el consistorio no aportó los contratos al PSOE porque no le convenía electoralmente, y no porque fuesen muy difíciles de encontrar.

De esta forma, el fiscal no se opone a la apelación de los socialistas contra la sentencia que aceptó las explicaciones del consistorio. En un escrito adelantado por Marbella24h al que también ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía insiste en que el ayuntamiento de Marbella vulneró el derecho fundamental a la participación política de los concejales de la oposición, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, y lo hizo por razones de mera conveniencia electoral. La Audiencia Provincial de Málaga aún debe resolver el recurso de apelación del PSOE.

“Más que una verdadera dificultad en la búsqueda de la documentación solicitada”, dice el fiscal, lo que el Ayuntamiento ha puesto de manifiesto es la “falta de voluntad” para facilitar a la oposición “documentos que puedan ser utilizados en la contienda política, en fechas próximas a una campaña electoral”. El objetivo es evidente, según el fiscal: “Evitar la fiscalización de la actividad del Ayuntamiento por parte de los grupos de la oposición”.

“Una cuestión de oportunidad política”

El fiscal se opone así a la decisión del juzgado contencioso-administrativo 1 de Málaga, que desestimó la demanda del PSOE por entender que la demora de diez meses en localizar los contratos con Codecosol no fue “excesiva y desproporcionada”. La jueza tenía en cuenta que se trata de un “Ayuntamiento de gran volumen de actividad y que no se encontraba digitalizado”, y no veía qué perjuicio pudo causar a los socialistas el retraso en recibir la documentación a la que tenían derecho.

El PSOE recurrió esta sentencia a la Audiencia Provincial de Málaga, insistiendo en la tesis de que el retraso fue deliberado. “Es imposible que una administración moderna pueda necesitar diez meses para localizar cualquier expediente”, se lee en su recurso de apelación. “La digitalización es un fenómeno relativamente reciente, pero los archivos existen desde hace milenios, y siempre han existido índices y numeraciones que han permitido localizar legajos o expedientes con relativa facilidad”. Una administración saturada de cajas y legajos sin orden provocaría el caos diario: “Sería un escándalo que habría llegado incluso a los medios de comunicación”. Y eso no ha ocurrido porque los expedientes en Marbella se localizan con facilidad. Todos, menos los de Codecosol.

En su día, el Ministerio Público ya había pedido la condena del Ayuntamiento. Ahora, se suma a la hipótesis del retraso deliberado subrayando que la documentación solicitada por el PSOE no era genérica o indeterminada (lo que podría explicar cierta demora), y que el Consistorio no debería poder “escudarse” en su volumen ni en su “aparente desorganización” para “evitar cumplir” con la obligación legal que “le incumbe”, “cuando además los citados documentos podrían tener relación con la actividad del marido de la alcaldesa”.

“La entrega al demandante de los documentos diez meses después de su solicitud, mediando unas elecciones municipales y una campaña electoral, evidencia que no existía ningún impedimento para la entrega de los documentos en el momento solicitado sino una cuestión de oportunidad política que nada tiene que ver ni con la carencia de medios personales o materiales ni con el volumen de la documentación solicitada”.

Adjudicaciones por 1,3 millones de euros

Codecosol es una empresa constituida en marzo de 2010 por Nils Fischer, quien se convirtió en poco tiempo en “uno de los principales contratistas del Gobierno local” de Marbella, tal y como él mismo presumía en su LinkedIn. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cree que Fischer era un “testaferro” de la trama criminal presuntamente liderada por Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa Ángeles Muñoz. En una grabación interceptada por la Policía, Broberg se jactaba de tener el control de Marbella, Estepona y la “jodida Andalucía”. Ambos están procesados como presuntos integrantes de una trama internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales.

La entrega de los expedientes y contratos entre el Ayuntamiento de Marbella y Codecosol, tres meses después de las elecciones, aportó información que demuestra que el vínculo que los unía era más amplio y duradero de lo que se creía hasta entonces.

Tal y como desveló este medio hace poco más de un mes, la relación del Consistorio con Codecosol empezó apenas once meses después de que se creara, cuando ni siquiera tenía bagaje comercial, y se extendió desde 2011 a 2015 en veinte contratos de obras municipales. En total, la veintena de contratos tienen un valor de 1.383.945 euros. Esa cifra es más del doble de la suma de las cinco adjudicaciones que se conocían hasta entonces, y que habían sido desveladas por elDiario.es el pasado otoño.

17 de ellos fueron contratos menores, de modo que fueron adjudicados sin concurso (a dedo) y más difíciles de rastrear. En la mayoría de los casos no superaban los límites de la contratación menor por una exigua cuantía, apenas un 1, un 2 o un 3%. Así, una decena se quedaron a 2.500 euros o menos de superar ese límite. En ninguno de los expedientes se explica por qué se contrataba con esta empresa y no con cualquier otra.

La investigación en la Audiencia Nacional a su difunto marido Lars y su hijastro Joakim, así como las revelaciones periodísticas de este y otros medios, pusieron a Ángeles Muñoz al filo de la defenestración política. Durante meses, el líder del PP andaluz Juan Manuel Moreno no se vio públicamente con ella, y el partido llegó a encargar una encuesta para medir su desgaste electoral. Finalmente fue ratificada y ganó las elecciones el pasado 28 de mayo, manteniendo el número de votos y concejales (14 sobre 27).