La principal plataforma de oposición a la construcción de un complejo residencial con campo de golf en los acantilados de Maro ha presentado un escrito, apoyado por 38 organizaciones y 9.000 personas a título individual, en el que expone al Ayuntamiento de Nerja las razones de su rechazo. La plataforma cree que el proyecto no tiene encaje legal por la protección del paraje y apunta que el convenio valora exageradamente los suelos que la promotora cedió al Ayuntamiento. También enfatiza el valor paisajístico y patrimonial de la zona y alerta de “graves repercusiones en el patrimonio natural y humano”. Además, advierte de que la UNESCO valora la gestión sostenible del entorno de los bienes candidatos a integrar la lista del patrimonio de la humanidad, como es la Cueva de Nerja.
Estas objeciones se presentan dentro del plazo de alegaciones públicas al convenio urbanístico que pretenden suscribir el Ayuntamiento y Sociedad Azucarera Larios Inmobiliaria, S.L. (SALSL). La promotora quiere edificar 680 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos sobre una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados que posee junto a los acantilados de Maro, actualmente no urbanizables. El proyecto ha generado una notable oposición en la zona.
El documento empieza achacando al convenio un defecto que obligaría a volver a la casilla de salida. El convenio entre Nerja y los Larios, publicado en el Boletín Oficial en pleno estado de alarma, fue copiado casi literalmente de una versión anterior escrita en 2015, de modo que proyecta un campo de golf de interés turístico, figura que fue derogada expresamente por el Decreto 2/2020 (el llamado “Decretazo”).
Además, la plataforma resalta que el Decreto del Golf (Decreto 43/2008) exige el mantenimiento y “si es posible, la mejora” de las “condiciones ambientales” de los terrenos donde se levante un campo de golf. La norma asocia la construcción de campos de golf a “suelos o zonas degradadas” o vertederos sellados y a objetivos como el “fomento de la biodiversidad”, categorías que no serían aplicables a estas tierras.
La “amenaza inaceptable” al Ayuntamiento
Otra alegación hace referencia al propio contenido del acuerdo que proyectan el Ayuntamiento y los Larios, que pasa por saldar la deuda que el Consistorio tenía con SALSL (la sociedad que agrupa el patrimonio inmobiliario de la familia Larios) por los terrenos que se cedieron a Nerja entre 2004 y 2009. A cambio, el Ayuntamiento, gobernado igual que entonces por José Alberto Armijo (PP), se compromete a recalificar al menos 1,5 millones de metros cuadrados en Maro, propiedad de SALSL.
Según la plataforma, la valoración de los terrenos es errónea y favorece a la inmobiliaria. Se ha realizado contando todos los suelos cedidos como suelo urbanizable programado, pero hay varios que son suelo no urbanizable o inedificable, por estar afectados por la Ley de Costas. De esta forma, su valor compensatorio sería menor. La plataforma señala que esta diferencia es, en el caso de los terrenos de El Playazo, de 4,7 millones de euros.
También advierte de que en el convenio se obliga al Ayuntamiento a valorarlos a precio de suelo urbanizable, aunque la ley o una sentencia los cataloguen de otra forma, como parece ser el caso. Un negocio ruinoso para el Ayuntamiento, que se compromete a “compensar económicamente los aprovechamientos no entregados”. “¿Alguno de los ediles que lo permitan podría estar tranquilo ante las responsabilidades por la posible malversación de más de 4,7 millones de euros solo en el Playazo?”, se pregunta la plataforma.
Este argumento aparece también en las alegaciones de Ecologistas en Acción, que en su escrito lo califica de “amenaza inaceptable”. “No es de recibo que amenace al Ayuntamiento por algo que no depende de esta entidad, sino de otras instancias supramunicipales o incluso judiciales”, dicen los ecologistas, que también califican de “descarado soborno en metálico” el hecho de que la promotora pretenda compensar con dinero los excesos de aprovechamiento urbanístico que recoge su proyecto.
El posible riesgo de la candidatura de la Cueva de Nerja
Por último, la plataforma se opone al plan de Larios y el Ayuntamiento por los valores paisajísticos y patrimoniales de la zona, un importante centro de producción de caña de azúcar durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX. Aún se conservan los restos del ingenio azucarero de San Joaquín, del acueducto del Águila y del pago de las Mercedes.
La plataforma cree que al conjunto se le debe aplicar la normativa de protección del paisaje y resalta la importancia creciente del paisaje industrial como elemento a proteger por parte de la UNESCO. El gerente de la Cueva de Nerja, apenas a unos cientos de metros de los terrenos, declaró hace unos meses que el gran objetivo era conseguir que fuera Patrimonio Mundial, y los opositores al campo de golf alertan de que este podría poner en riesgo la candidatura, una aspiración que ronda al menos desde 2014. “El nivel de compromiso de las autoridades con la salvaguarda de su patrimonio cultural ofrece una buena indicación estructural del grado de prioridad que se concede al patrimonio”.
Por último, alertan de las “graves repercusiones al patrimonio natural y humano”. La plataforma cree que la reclasificación del suelo es beneficiosa para la promotora, que “podrá disponer de una importante superficie de suelo desprotegido”, pero supone un grave perjuicio para el municipio. Creen que Maro perdería biodiversidad, patrimonio geológico (en Maro hay nueve “lugares de interés geológico” inventariados, desde el karst de la Cueva de Nerja al modelado de los acantilados o los tablazos, que se verían directamente afectados) y patrimonio agrícola de regadío, invernaderos y tropicales.
Estos cultivos, trabajados históricamente por los colonos (a los que ahora se han sumado jóvenes que apuestan por la agricultura ecológica), generan una cosecha total de 623.000 kilos anuales y una ganancia bruta de casi un millón de euros, según la cooperativa que la comercializa. Para la plataforma, la actividad agrícola es clave para mantener la actividad del pueblo de Maro, que en los últimos tiempos solo ha compensado la pérdida de población con la llegada de agricultores jóvenes.
Más de 9.000 firmas y el apoyo de 38 entidades
“¿Es rentable cambiar este paisaje cultural por otro exótico, banal en toda la Costa del Sol, como es un campo de golf?”, se pregunta la plataforma en el escrito, que a fecha de cierre habían suscrito 9.001 personas a título particular y entidades como Greenpeace, CGT, La Casa Invisible, Los Verdes de Andalucía, Adelante Andalucía, la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía o la Confederación de Ecologistas en Acción, que también ha presentado su propio escrito.
En el escrito de Ecologistas en Acción se contienen otras 16 alegaciones sobre el convenio, algunas coincidentes con las de la plataforma. Los ecologistas inciden en que una de las zonas afectadas por el proyecto sigue protegida como ZEP del Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo y está afectada por la declaración como zona BIC; que, contrariamente a lo que dice el convenio, a Nerja no le faltan hoteles; que el proyecto va en contra del modelo de ciudad compacta que preconiza Nerja; o que los compromisos de la promotora se establecen de forma tan vaga que, una vez obtenida la reclasificación, la promotora podría optar por abandonar el proyecto y especular con los terrenos.