Hace ahora un año y un mes, decenas de efectivos del grupo de intervención de la Guardia Civil y de la Policía Local de Rincón de la Victoria (48.768 habitantes, Málaga) se desplegaron en la pedanía de La Cala del Moral para una operación: se trataba de garantizar que los operarios arrancaran de cuajo al menos 85 moreras, ficus y brachichitos que llevaban cuarenta años dando sombra a la calle principal, para sustituirlos por cocos plumosos, un tipo de palmera sin apenas hojas ni raíces en este pueblo. Gran parte de los vecinos se opusieron y la Policía llegó a retirar a alguno de la vera de los árboles arrastrándolo por el suelo.
Cuando se consumó el arboricidio, los vecinos advirtieron de que llevarían el asunto a los tribunales. Fruto de una querella, el juzgado de instrucción 3 de Málaga abrió diligencias previas para investigar si en la tala de La Cala del Moral se cometieron delitos de prevaricación y contra la fauna y flora. Este martes el alcalde Francisco Salado (PP, también presidente de la Diputación Provincial) tendrá que declarar como investigado.
Salado intentó evitar la comparecencia. Esgrime que antes que él debían haber declarado los técnicos, que había otras diligencias que practicar antes que llamar a declarar al alcalde y que en la investigación ya constan elementos que deberían motivar el archivo del caso. Por ejemplo, que el Defensor del Pueblo Andaluz concluyó que no había mala praxis. Lo cierto es que no entró nunca a valorar si la tala fue o no apropiada. Cuando quiso intervenir el proceso ya estaba muy avanzado, y el consistorio lo culminó incluso después de que el Defensor se dirigiera a él.
Desde la institución aclaran que no encontraron irregularidad administrativa en la decisión posterior de plantar palmeras. La plataforma que se opuso a la tala lamenta que el Defensor se escudara, según ellos, en unas negociaciones que no desembocaron en nada y, posteriormente, en la apertura de un proceso penal para no reprender formalmente al ayuntamiento. “La plataforma está politizada y busca el escarnio público”, advierten por su parte fuentes de alcaldía.
Pero este proceso ni siquiera es el único que pone en cuestión aquella actuación municipal. Durante las protestas, el concejal José María Gómez Pepín llegó a agredir a una vecina. Ya ha sido condenado por un delito leve de malos tratos. La sentencia, confirmada por la Audiencia Provincial, considera probado que la empujó “tras ponerle la mano a la altura del cuello”. Gómez, edil de Medio Ambiente y Playas, también estaba citado a declarar este martes, pero ha presentado un parte de baja.
Se trata de un político con amplio bagaje de escándalos desde hace tres décadas: fue alcalde con el PP, que lo echó, fundó un partido y luego se incorporó al Partido Andalucista, y ahora gobierna con Salado (PP), el mismo que lo expulsó. Condenado en dos instancias por agredir a una ciudadana que protestaba, sigue siendo concejal.
La eliminación de más de 80 árboles unió a decenas de vecinos, antes ajenos a protestas y movimientos de este tipo, que se vieron sorprendidos por una actuación que nadie esperaba. “Sin venir a cuento, de pronto vimos cómo talaban todas las moreras de la entrada del pueblo”, recuerda hoy Ana Rodrigo, portavoz de la asociación Moral y Acción Verde, constituida a raíz de aquel episodio. Fuentes de alcaldía insisten en que la tala no fue para tanto, sino que la mayoría de los árboles fueron trasladados a otros lugares.
El Ayuntamiento había anunciado su intención de mejorar la calzada, advirtiendo de que había 30 árboles cuyo estado había que revisar, una decena de los cuales eran irrecuperables y debían ser talados. “De ahí pasaron a talarlos todos”, lamenta la portavoz. Una vez que arrancó la podadora, alguien dio la orden de seguir. El Consistorio alegó entonces que levantaban las aceras y molestaban a los vecinos, pero bastaba recorrer la calle para comprobar que las aceras solo estaban levantadas en puntos concretos y que vecinos y comerciantes se oponían muy mayoritariamente a la tala.
Otro de los argumentos del Consistorio para plantar coco plumoso fue la reducción de costes de mantenimiento y poda, ya que los árboles estaban entre la carretera y las fachadas de los edificios. El Ayuntamiento buscaba árboles que crecieran “en vertical”, para evitar problemas de visibilidad con semáforos y farolas. El Ayuntamiento nunca contó con un informe técnico que exigiera este cambio. De hecho, un técnico municipal llegó a calificar de “error” la poda de las moreras y calificó la poda de “política”, según contó Arrinconados.
La tala coincidió con la privatización del servicio de mantenimiento de parques y jardines. El contrato había sido adjudicado apenas un mes antes a una UTE (formada por Ingeniería y Diseños Técnicos S.A.U y e ITUVAL) a cambio de 1,1 millones anuales durante cinco años. Casi siete millones por un servicio que antes prestaba una empresa pública. La Diputación de Málaga, presidida por el propio alcalde rinconero, había otorgado una subvención de 300.000 euros para las obras de acerado que justificaron la poda, según explicó a este medio el concejal Sergio Díaz.
La tala generó un movimiento vecinal muy potente y diverso, que hizo todo lo posible por parar el arboricidio: protestaron en la calle, pidieron hablar con el alcalde y se encadenaron a los árboles. Nada surtió efecto. Cuando consiguieron hablar en Pleno haciendo uso del “escaño 22” (un turno de palabra vecinal), los árboles de la avenida ya habían sido eliminados. “Como vieron que oponíamos resistencia pusieron más trabajadores. En 15 días arrancaron y talaron todos”, lamenta Rodrigo. El balance final no está claro: entre 85 y 87 árboles fueron eliminados de esa avenida.
Tampoco tuvieron éxito en sus intentos por revertir los efectos. Consumada la tala, llegaron a reunirse con el alcalde en cuatro ocasiones para presentarle su propio proyecto de reforestación. El ayuntamiento dijo que lo estudiaría, pero finalmente se mantuvo en su idea inicial: una sola fila de cocos plumosos, una palmera que apenas da sombra, a lo largo de la avenida. Tan solo varió su plan inicial trasladando algunos de los ejemplares a otros puntos de la localidad, en lugar de al vertedero. Pero según la asociación, nunca hubo un interés real en conservarlos. Ellos mismos compraron enraizantes y llegaron a regarlos con garrafas para evitar que murieran. “Fueron hincados en tierra troncos sin raíces que solo cuidaron los vecinos”, dicen.
Por último, los vecinos activaron la vía judicial. “Nos sentimos indignados por lo que nos habían hecho y el desprecio con el que nos trataron, echándonos encima las fuerzas del orden”. La entidad, integrada por medio centenar de vecinos y constituida a raíz de la tala masiva, interpuso una querella a principios de año contra Salado y Pepín Gómez. Antes, fueron archivadas las denuncias a título individual.
Un año después, la sombra ha desaparecido de la calle principal de La Cala del Moral, que es también la carretera Nacional 340. “Tampoco tuvieron en cuenta que es una arteria principal con muchísimo tráfico, y los árboles de copa densa ejercían de filtro”, dice Rodrigo. A menos de un kilómetro está la cementera de La Araña. “Hay noches que tengo que cerrar por el olor de lo que queman. Eso antes no me ocurría”. Han comprado medidores de aire para constatar su calidad.
La avenida ha pasado de la sombra fresca de los árboles talados a recibir directamente los rayos del sol, que en verano rebota sobre el asfalto. A Rodrigo la calle ahora le recuerda a un polígono industrial, que por la noche se convierte en una pista de aterrizaje por efecto de las luces que han colocado sobre cada palmera.
Además, aseguran que el pueblo ha perdido parte de su identidad. Muchos piensan que si se llama La Cala del Moral es por la histórica relación que han tenido con las moreras. En este tiempo, la asociación se ha consolidado y ha convocado el certamen literario internacional “Gloria Fuertes y el mundo de los árboles”, porque están convencidos de que la poeta hubiera apoyado su causa. Han recibido unos 150 textos de todo el mundo, desde Canadá a Australia, pasando por Italia o Colombia.
“Este daño nos ha hecho activistas”, remata Rodrigo. El precio fue alto: el pueblo perdió sus árboles. “Que en estos momentos de cambio climático se talen 85 árboles sanos (excepto diez) es de pensar muy poco en los vecinos. Los políticos deben ser conscientes de que no pueden tomar una decisión como esta porque sí, porque les parezcan más bonitas las palmeritas o a tal empresa le venga bien”.
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