Los trabajadores de CIO Mijas se querellan contra altos cargos de la Junta de Andalucía
Los trabajadores del CIO Mijas, una antigua escuela pública de hostelería y turismo de Mijas (Málaga), han presentado una querella contra cinco altos cargos de la Junta de Andalucía. Los trabajadores acumulan 32 nóminas sin cobrar y acusan a los responsables de la administración autonómica de un posible delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra la seguridad social.
El CIO Mijas era un consorcio integrado por la Junta de Andalucía (80%) y el Ayuntamiento. Las administraciones no han culminado en dos años el proceso de liquidación del consorcio, empantanado desde mayo de 2015. Cinco trabajadores no cobran sus nóminas desde septiembre de 2014 y el lugar (una escuela, una residencia de estudiantes, un hotel y todo el mobiliario) se deteriora, como pudo comprobar eldiario.es/Andalucía hace apenas un mes.
Los trabajadores siguen acudiendo a un lugar fantasmagórico donde no tienen “nada que hacer” y denuncian que esta situación les ha provocado episodios de estrés y ansiedad. El lugar ha sufrido cortes de luz y agua, su extensión lo convierte en un témpano en invierno, ha sido ocupado y sufrido robos y carece de servicios de mantenimiento o seguridad. El abandono es palpable: hay maleza, probablemente pulgas y garrapatas (además de una familia de patos) en los jardines, y el interior sufre humedades y desprendimientos.
Los trabajadores creen que esto demuestra que su trabajo no reúne los requisitos mínimos de seguridad y salubridad, y por eso denuncian al empleador, al que también acusan de no ingresar las cotizaciones sociales. “Todo esto ocurre de forma consciente y consentida por los distintos responsables del Consorcio que, como se ha visto, ostentan a su vez cargos administrativos en la Junta de Andalucía”, se dice en la querella, que se interpone contra el actual Director General de Formación para el Empleo, Manuel García, su antecesor, Carlos Cañabate, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Mariano Ruiz, y sus antecesores, Patricia Alba y Francisca Montiel. Los cinco han sido máximos responsables del Consejo General de consorcio desde que los trabajadores dejaron de percibir sus nóminas.
El martes, en un debate nocturno en la televisión municipal, la portavoz del PSOE en el ayuntamiento opinó sobre la interposición de la querella: “No sé si se ralentizará el proceso de liquidación”. No aclaró cómo podía influir este hecho en un proceso administrativo que dura ya casi tres años.
“¿Nos podéis decir cómo podemos vivir sin cobrar?”
La Junta de Andalucía defiende que disolvió los consorcios para la formación porque le obligaban las leyes de sostenibilidad del gasto público y que integrará a los trabajadores en el Servicio Andaluz de Empleo cuando haya hecho el balance y la posterior auditoría. Entre tanto, no hay instrumento transitorio que le permita pagar a estos trabajadores, aseguró en su día el consejero. El problema es que este proceso ha discurrido mucho más lento que en todos los demás consorcios (ya liquidados e integrados) y aún no ha sido aprobado el balance.
Los trabajadores se quejan de que no hay interlocución con la administración, que ni siquiera responde a sus llamadas. “Ya no podemos más. No me creo nada de lo que me digan. Se están riendo de nosotros”, se queja Juani García. En la querella se aportan mensajes que se remontan a 2015, dirigidos por uno de los trabajadores al Director General de Formación para el Empleo, Manuel García. “Imagino que para vosotros no es importante el que estemos con casi 21 nóminas sin cobrar, que como solo somos seis pues no tiene importancia y no se nota. Pero la situación nuestra ya es desesperante y por vuestra parte es una falta de ética y de moral indecente”, le dice el 5 de abril de 2016. “¿Nos podéis decir cómo podemos vivir sin cobrar?”, le pregunta en septiembre. El 15 de noviembre le recuerda que serán las terceras navidades sin cobrar. Los mensajes se repiten con frecuencia casi semanal.
La administración lleva más de dos años respondiendo que está en vías de solucionar el problema y que no puede tomar “atajos legales”. Ya en una carta fechada el 23 de octubre de 2015 el Defensor del Pueblo Andaluz aseguraba que el asunto se encontraba “en vías de solución”. El acuerdo de disolución se había adoptado cinco meses antes, el 15 de mayo de 2015. “Desde entonces hemos trabajado para que este proceso se lleve a cabo con la mayor celeridad posible”, dijo ante el Parlamento el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, el 29 de septiembre de 2016.
Pasados otros siete meses, los empleados siguen acumulando nóminas impagadas y ni los liquidadores parecen entender la parálisis. En una carta fechada el pasado 27 de abril y escrita a raíz de un acto de vandalismo en el hotel, uno de los liquidadores acusaba de la “insuficiencia de recursos” al “incumplimiento por parte de una de las administraciones consorciadas (Junta de Andalucía) de su obligación de contribuir al presupuesto de las operaciones de liquidación”.
Además de la negociación abierta sobre el terreno, de titularidad municipal, a nadie se le escapa que la lentitud del proceso tiene que ver con las cautelas de la Junta de Andalucía ante cualquier expediente que tenga que ver con cursos de formación. El CIO Mijas fue registrado en marzo de 2015 en el marco de la Operación Barrado, ante la sospecha de fraude en la justificación de subvenciones. Esto ha acabado afectando a trabajadores, que llegan a detallar en su querella cómo un abogado de la Consejería de Empleo les ofreció un despido improcedente pactado, al que se negaron. A los cinco se les debe un total de 240.000 euros.
