José Manuel Villarejo se ha sacudido la responsabilidad en la gestación, detonación o manejo de la Operación Astapa, una investigación policial y judicial sobre la presunta trama de corrupción urbanística en Estepona en la primera década de los 2000, cuando gobernaba Antonio Barrientos (PSOE). Este lunes, ha asegurado que, lejos de maniobrar para sacar provecho, en Estepona se dedicó a obtener información de distintas fuentes e investigados una vez que ya se había detonado la operación, actuando siempre como “agente encubierto”, y transmitirla a instancias superiores en “notas de inteligencia”. Siempre según su versión, las distintas sociedades e intereses inmobiliarios de los que era titular le servían como fachada frente a sus interlocutores.
Según Villarejo, es “rotundamente falso” que participara en la elaboración de la denuncia que dio origen al caso, presentada por los exconcejales David Valadez (luego alcalde) y Cristina Rodríguez. “Entiendo que los defensores, viendo la notoriedad que he adquirido estos años, donde se me atribuye todo lo que ha ocurrido en este país, pretendan atribuírmelo”.
Su función se habría limitado a conseguir información complementaria difícil de obtener al descubierto. “A mí siempre me decían, nos interesa de tal asunto a ver qué información o confidentes puedes conseguir. Normalmente la máxima instancia policial o el CNI. En algunas entraba cuando estaba en plena gestación y en otras a posteriori. En Astapa, empecé a posteriori, cuando ya estaba todo el mundo detenido. Me lo encargaban las máximas autoridades: DAO, comisario general, Fiscalía”, ha explicado el comisario retirado.
Sin embargo, ha admitido que trató de convencer a los mandos policiales de que desimputaran a un investigado, que sugirió el nombre del primer gerente de Urbanismo nombrado tras el escándalo y que animó a denunciar a un empresario con el que compartía intereses urbanísticos.
El excomisario ha presentado toda su estructura empresarial, con decenas de empresas y negocios millonarios, según Asuntos Internos, como una gigantesca cobertura de su actividad de inteligencia. “Tenía empresas con autorización, como ha quedado demostrado. Todos los gobiernos del PSOE y PP requerían mis servicios. Cada vez que me pedían gestiones sobre terrorismo o tal utilizaba esas empresas como cobertura para que nadie supiera que era miembro activo”. Según su versión, la actividad de estas empresas, varias de ellas con intereses inmobiliarios, le permitió obtener información en determinados ambientes de Estepona.
Su declaración como testigo ante la Audiencia Provincial de Málaga se esperaba con expectación, porque las defensas le atribuyen el control en la sombra de la Operación Astapa, supuestamente por intereses inmobiliarios. Villarejo no está imputado, pero su participación ha sobrevolado todo el juicio, que comenzó en enero, condicionando las estrategias de las defensas y la Fiscalía. Hasta tal punto, que las dudas sobre el origen de la investigación motivaron la anulación de las escuchas que sirvieron de base al caso y de todo lo que de ellas se deriva.
En su declaración por videoconferencia, Villarejo (gafas con montura roja, chaqueta, camisa sin corbata) ha asegurado que su papel en Astapa se limitó a captar confidentes. “Intenté que varios de los imputados colaboraran con Interior, la Fiscalía y el juzgado”, ha señalado. Lo habría hecho cuando la operación, que venía desarrollándose desde más de un año atrás, ya había “reventado” por la intervención policial en el Ayuntamiento de Estepona, el 17 de junio de 2008.
Villarejo ha contado que aquellos días mucha gente del municipio acudía a él por si podía ayudarles, aunque no ha quedado claro en concepto de qué. El hermano del excomisario era el cura del municipio. “Me pedía que ayudara a todos, y se pensaban que yo también era cura”, ha dicho: “Cada vez que bajaba [a Estepona] era una peregrinación de gente a mi casa a pedirme ayuda”.
Una de las personas con las que se reunió fue el alcalde David Valadez (PSOE), que formuló la denuncia que dio origen al caso y había sustituido a Barrientos después de que la Policía detuviera a este último. Las defensas creen que hubo, como poco, una instrumentalización de la denuncia por parte del excomisario para provocar un vuelco político que favoreciera a sus intereses urbanísticos en el municipio. Sin embargo, Villarejo ha negado que conociera a Valadez con anterioridad a Astapa, y más aún que participara en la denuncia que este interpuso. Según el comisario jubilado, Valadez se le acercó ya en 2008 porque tenía “problemas de conciencia” y “quería transmitir que no había tenido la culpa de nada”.
Según Villarejo, con quien más se reunió fue con Antonio Barrientos y su abogado, con el que llegó a concertar una cita en la sede policial de Canillas (en Madrid). De esta forma, el excomisario ha lanzado una andanada al exalcalde, uno de los principales defensores de la tesis de que la operación fue urdida y/o manejada por Villarejo.
Villarejo sí ha confirmado que fue él quien sugirió el nombre de Diego de Lucas como gerente de Urbanismo, una vez detonada la Operación Astapa. Se lo dio a José Luis Olivera, entonces comisario de la UDEF al mando de la operación, que a su vez se lo proporcionó a David Valadez. También ha confirmado que él instó a José Luis Escribano a que este denunciara el chantaje que decía estar sufriendo de Barrientos para obtener una licencia de obras.
Sobre los audios en los que se le oye hablar amigablemente sobre asuntos urbanísticos con Diego de Lucas, ha dicho que no los reconoce, porque nunca se los han entregado.
En Astapa, caso al que frecuentemente se compara con la Operación Malaya de la vecina Marbella, se juzga a 51 personas por presuntos delitos de malversación, cohecho, prevaricación, falsedad, fraude y tráfico de influencias que habrían cometido aprovechando el control del urbanismo esteponero.
El principal acusado, Antonio Barrientos, siempre ha sostenido su inocencia, y subraya que interpuso siete denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción en los años previos a la intervención policial, que prosperó a raíz de una denuncia formulada por Valadez y otra concejala ante la UDEF de Madrid (dirigida por José Luis Olivera, amigo de Villarejo). Cree que el caso fue instrumentalizado para sacarlo de la alcaldía.
A pesar de las sospechas que desde el comienzo del juicio han mostrado las defensas, Villarejo no está investigado por promover o aprovecharse espuriamente de la Operación Astapa, de la que este lunes ha dicho que pudo ser la Gürtel del PSOE. Elevando el tiro, el excomisario la ha presentado como el resultado de una lucha de poder interna en el PSOE, que la habría encubierto hasta hacerlo detonar coincidiendo con el Congreso del PP en Valencia en el que se reeligió a Mariano Rajoy como presidente. También ha asegurado que se “cortocircuitaron” líneas de investigación sin aportar pruebas.
El comisario ha negado estar detrás de las filtraciones de los audios que han nutrido informaciones periodísticas durante años. “Jamás. Siempre me han perjudicado, han permitido la apertura de piezas separadas. Debería ser estúpido… Pero nadie ha tenido interés en averiguar quiénes son las fuentes que me han perjudicado. A todo el mundo le interesa decir que soy yo”. “Mi vida es tan transparente que los diarios los tiene toda España, los audios que grabó el CNI los tiene España. He sido agente encubierto y he pasado a agente transparente”.
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