Los memorialistas lamentan la “sangría” presupuestaria de la Junta de Andalucía en la materia: “Están matando la ley”

No ha sorprendido pero tampoco por eso quieren dejar de denunciar el presupuesto de la Junta de Andalucía para políticas de memoria histórica y democrática del que ha informado elDiario.es Andalucía, que incluye 7.000 euros para 2025 tras recortar en la materia medio millón en seis años. La Federación Andaluza de Memoria Democrática considera que “no hay una derogación de la ley” de memoria aprobada por el Parlamento autonómico en 2017 pero “de facto sí existe esa derogación”. “Están matando la ley, con la inacción, con la supresión de actuaciones que no requieren de gasto económico alguno como son celebraciones de actos de conmemoración, de homenajes”, apunta su portavoz, Antonio Manuel Mateos.

En declaraciones a este periódico, Mateos recuerda que el Gobierno de Moreno “ha ido bajando los presupuestos paulatinamente durante todos estos años” y, según detalla, “presenta una diferencia del 28% menos para 2025 respecto a 2018”, y eso “sin tener en cuenta que los presupuestos generales de la Junta suben un 5%”, por lo que “habría que ver y ponderar cómo se produce esa bajada en proporción a la subida que han ido teniendo los presupuestos”.

Además, apunta que “la ejecución del presupuesto todavía merma más la cuestión”. Con todo, los memorialistas andaluces deducen que “la merma no es de un 28% con respecto a 2018 sino que ”es mayor“, y ”debe estar en torno al 30% o más la reducción que había el presupuesto para políticas de memoria“. ”Esto no hace más que demostrar lo que ya llevamos tiempo diciendo“, incide.

5,8% de ejecución en 2022 para exhumaciones

El portavoz de la FAMD concluye que “las políticas de memoria están vivas en Andalucía gracias al dinero que se inyecta desde la Secretaría de Estado de Memoria a través de las subvenciones para poder hacer exhumaciones”. “La Junta, ¿qué está haciendo en políticas de memoria? ¿cuántas declaraciones de lugares de memoria ha habido? Ninguna desde 2019, cuando hubo dos declaraciones porque ya estaban tramitadas de la legislatura anterior”, como reconoció la propia Junta este mismo mes.

La asignación presupuestaria para 2025 “es una prueba más de que están desmantelando las políticas de memoria democrática y están derogando de facto la ley con su incumplimiento y con los presupuestos previstos”. Mateos insiste en que en la ejecución de presupuesto “se produce el gran recorte, aportando el dato de que ”en el año 2022 se ejecutó el 5,8% de los presupuestos que estaban previstos para exumaciones“, para concluir que ”ahora ha habido una merma teórica en el documento, pero en la ejecución vendrá otra sangría“.

Por su parte, a Paqui Maqueda, de la Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de la Plaza de la Gavidia, le parece “de vergüenza que la Junta haya aumentado en esa ridícula cantidad el presupuesto para memoria histórica”. “Y lo que nos parece tremendo es que las pruebas de ADN que se hacen en Granada hoy por hoy estén atascadas y sea un cuello de botella”, como viene informando este periódico.

De hecho, el colectivo memorialista de la provincia de Sevilla, ante “la gran demora que se está produciendo en la resolución de las pruebas de identificación genética mediante ADN a los familiares de víctimas del franquismo, tanto en Sevilla como en el conjunto de Andalucía”, ha querido denunciar públicamente esta circunstancia este mismo jueves 31 de octubre en que se conmemora en España el Día de Homenaje y Recuerdo a las víctimas del franquismo por tercer año consecutivo tras la aprobación de la ley estatal de memoria democrática, achacando la responsabilidad a “la Junta de Andalucía”.

Para denunciarlo habrá una concentración el próximo 6 de noviembre a las 18 horas a las puertas del Parlamento de Andalucía “reclamando la agilización del proceso y que se cumpla el plazo máximo que tienen para hacerlo, que es de cuatro meses”.