“Necesita mejorar”: Save the Children evalúa la educación de 0 a 3 años en Andalucía

“Necesita mejorar” es la nota que le pone Save the Children al sistema de educación infantil de cero a tres años en Andalucía. Pese la gratuidad de esta etapa educativa no obligatoria para familias con menores rentas, el modelo no responde de manera totalmente adecuada, y sobre todo, a las necesidades sociales de personas en situación de vulnerabilidad. En su informe 'Donde todo empieza', la ONG ha analizado las políticas públicas en este sentido, concluyendo que se ha de ampliar la oferta pública pero que también ha de cumplir unos estándares de calidad más elevados (infraestructuras, formación del profesorado, reducción de las ratios, mejora en las metodologías pedagógicas, entre otras cuestiones), además de de profundizar en el sistema de tarificación social. “Lamentablemente, hay que elegir”, ha resumido en rueda de prensa Álvaro Ferrer, especialista en Equidad Educativa de Save the Children, al referirse a la complementación de la bonificación con la ampliación de la oferta y la mejora de la calidad.

El aumento de las matriculaciones en los últimos años en esta franja educativa, consecuencia del incremento de los conciertos con centros de educación infantil de gestión privada, no ha ido acompañado de una planificación que se adecue a las demandas ni a las necesidades sociales, ha explicado en esa línea el director en funciones de Save the Children en Andalucía, Javier Cabrera. “El ascensor social empieza en la educación de cero a tres años”, detallando que la inversión en este etapa es “rentable a la hora del retorno” ya que reporta beneficios “tanto para las familias como para la sociedad”. La organización persigue “efectos compensadores” en este ciclo ya una educación de calidad nivela desigualdades sociales, mejora el desarrollo y reduce el riesgo de fracaso y abandono (en Andalucía, el 21,8% en 2020, el más alto de España). Las elevadas ratios altas (la mayor de la UE), los salarios bajos, o la inspección y evaluación “casi inexistentes” son cuestiones que provocan “déficit de calidad” en las políticas públicas en este nivel.

“Pistas” para la administración

El informe ofrece “pistas” a la administración de la Junta de Andalucía para solventar esas “carencias”. Save the Children valora su “esfuerzo” a la hora de bonificar al 100% a las familias que se encuentran tanto en el umbral de pobreza severa (4.650€/año por unidad de consumo) como en la relativa (6.975€/año por unidad de consumo). Cabe recordar que, tras la crisis de la Covid-19, la carencia material severa ya afecta a más de 147.000 niños en Andalucía. Esa tarificación, en cambio, no se adapta a su realidad económica ya que el criterio para fijar el grado de bonificación se calcula en relación a la renta que la familia tenía dos años antes de realizar la matriculación, lo que dificulta acompasar la situación económica actual con la probabilidad del pago, algo especialmente preocupante debido al impacto de la COVID-19, lamenta la organización. Por ello recomienda tener en cuenta los ingresos “más cercanos” a la fecha de matriculación, así como incluir la cobertura de los “gastos ocultos” como son los materiales, libros o uniformes, tal y como expresa Lucía, una madre sevillana de 21 años que vive sola con su hijo de dos años en el vídeo que acompaña al informe. Las familias llegan a asumir de media el 28% de los costes totales del servicio, cifra la organización, cuando la media en la Unión Europea está en el 25%.

Save the Children también destaca un aspecto: pese a que Andalucía tiene una tasa de matriculación en la educación infantil de primer ciclo superior a la media estatal (40,9% frente a un 36,4%), la expansión no ha sido homogénea en todas las provincias, existiendo “un desajuste entre la oferta y la demanda que no responde a las necesidades sociales”. En ese sentido, Huelva lidera el ranking de matriculaciones en esta franja de edad con hasta 13 puntos por encima de la media, mientras que Cádiz se coloca en el último lugar, con más de 12 puntos por debajo, pese a contar con la mayor tasa de desempleo y de pobreza de Andalucía. “Es inadmisible que haya listas de espera y a la vez plazas sobrantes. Se necesita más planificación y una oferta pública de calidad. Son los niños y niñas menos escolarizados los que más necesitan compensar las desigualdades”, han explicado Cabrera y Ferrer, quienes también han considerado que Andalucía ofrece acciones formativas para las familias pero la conciliación de horarios “rígidos” hace que no todas las familias puedan interactuar en la cotidianidad de los centros.

Aunque los datos ofrecidos se corresponden con el curso 2018-2109, la organización entiende que pandemia ha provocado que el número de matriculaciones a nivel nacional ha descendido un 17% respecto al curso anterior, provocando el cierre de centros y el despido de profesionales, casi un 99% mujeres). “Esto puede conducir a muchas de ellas a optar por otro recurso, como, por ejemplo, que un miembro de la familia, mayoritariamente una mujer, continúe con los cuidados en casa del menor hasta que este se pueda incorporar a la educación reglada”, han detallado. A ello se unen las “barreras burocráticas” como la desinformación respecto a la matriculación, a la documentación que deben presentar (aún más acuciante entre la población inmigrante) y a la bonificación a la que tienen derecho.

“Fuerte desajuste” entre oferta y demanda

El informe, “exhaustivo” y “riguroso” según la organización, revela las diferencias de calidad existentes entre las escuelas públicas de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros adheridos privados, ya que los centros públicos “son los que están mejor financiados, tienen mejores infraestructuras y servicios de asistencia”. Pese a ello, los representantes de la organización apuestan por priorizar en la programación de los fondos de la política de cohesión de la UE 2021-2027 (Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo Social Europeo Plus) la financiación de infraestructuras y proyectos para el acceso equitativo a la educación infantil de primer ciclo. También piden aprovechar los fondos europeos de recuperación para la construcción de escuelas infantiles públicas en zonas geográficas con baja cobertura y con población de bajo nivel socioeconómico, priorizando especialmente la provincia de Cádiz.

Según Ferrer, el modelo de escuelas privadas subvencionadas “no es equitativo” para cubrir las desigualdades sociales debido, entre otras cosas, al “fuerte desajuste entre oferta y demanda” ya que los centros públicos deberían ubicarse en mayor número en zonas geográficas donde las familias más los necesiten, teniendo en cuenta que los centros privados o concertados sacian la demandas de familias situadas en zonas de renta media-alta, principalmente en capitales como Sevilla, Córdoba y Málaga. A su juicio, la administración educativa no debería esperar a la demanda sino jugar un “papel más proactivo” en ese sentido para “acompañar a las familias” que necesitan más apoyo.

En la distribución de la oferta pública y en su calidad habría que situar el debate, no tanto en la gratuidad del sistema para familias en dificultades, una cuestión que está garantizada. Se trata de una problemática que no es representativa de Andalucía sino que es común al resto de las comunidades, han señalado también, si bien nuestra comunidad autónoma destaca por su amplia oferta privada como modelo de negocio en expansión, que supone el 60% de centros en Andalucía y que la sitúa como tercera región en ese sentido tras Madrid y Euskadi.

Save the Children ha presentado su informe en una rueda de prensa celebrada en su Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia (CRIA) de Tres Barrios-Amate, uno de los barrios con menor renta neta media anual por habitante de España. “Es aquí donde tiene sentido la intervención con los niños y sus familias”, ha destacado Cabrera, con “metodologías vivas” que tengan en cuenta las circunstancias de cada familia, no solo la vulnerabilidad económica. Ángela Romero, directora del centro, ha explicado que trabajan con ratios de ocho familias la “parentalidad positiva”, la estimulación, el apoyo psicosocial, los entornos seguros sin violencia o el desarrollo comunitario para promover el trabajo en red, entre otras cuestiones. El CRIA tiene un año de vida gracias al apoyo del Ayuntamiento de Sevilla y entidades como La Caixa, Cajasol y Lidl.