Investigan en los ERE a dos cargos de Aznar y a los exlíderes de UGT-A y CCOO-A por unas ayudas que Alaya ignoró

La jueza María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes irregulares de empleo (ERE) en Andalucía, ha abierto una nueva pieza separada por valor de más de 40 millones de euros por las ayudas sociolaborales concedidas entre los años 2003 y 2005 durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva. En ella aparecen como investigados dos exaltos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003, seis exaltos cargos de la Junta de Andalucía y los exsecretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero.

A comienzos de 2015, durante la ratificación del informe pericial clave de la causa de los ERE, Alaya no quiso profundizar en el origen de las subvenciones concedidas a la Faja Pirítica, considerando “impertinente” la pregunta que planteaba un letrado, como se puede comprobar al final de esta información. La jueza Núñez empezó a investigar las ayudas del Ministerio a los mineros en septiembre de 2015. En el marco de esta causa, el Ministerio desveló que en las ayudas del caso ERE no había pagos a mediadores o aseguradoras.

Ahora, en un auto fechado el día 26 de junio, la magistrada abre esta pieza separada de los ERE contra un total de 25 personas, entre ellas la exsecretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente.

Igualmente, y por las ayudas sociolaborales concedidas en 2003 a los trabajadores de diversas compañías, la jueza acuerda investigar a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; y los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez; además de a 10 sindicalistas, cinco trabajadores incluidos como “intrusos”; un abogado; y un mediador de seguros.

La instructora considera que Carmen de Miguel García y Soledad Córdova  Garrido habrían cometido un presunto delito de prevaricación en concurso con uno de malversación de caudales públicos “por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia administración para ser receptores de las subvenciones”.

La jueza centra la investigación en subvenciones del Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía las minas de Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis y Minas de Río Tinto para la constitución de pólizas de prejubilació. Según el auto, la investigación “ha puesto de manifiesto, hasta el momento y sin perjuicio del resultado” de las diligencias que se practiquen, tres grupos de hechos que podrían tener relevancia penal.

De este modo, alude a la inclusión en las pólizas de personas que “nunca habían trabajado en las minas de la Faja Pirítica” y a la asignación de coeficientes reductores “falseados” para el cálculo de la “edad química” de los trabajadores sujetos a los ERE con lo que, “como consecuencia de ello se habría incrementado el número de beneficiarios”.

También, la instructora señala “el papel jugado” en la contratación de las pólizas por la asociación constituida a estos efectos por los afectados a través de sus representantes sindicales “y en cuyo funcionamiento habrían ostentado una posición de especial influencia Estudio Jurídico Villasís y Uniter”.

Finalmente, “las irregularidades alcanzarían también al destino de las cantidades que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) debía abonar a los beneficiarios de las pólizas, que deberían haber sido destinadas al pago de parte de la prima y que, sin embargo, se destinaron a fines distintos”.

Unas ayudas que fueron ignoradas

Cuando los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado ratificaron su informe a comienzos de 2015, la jueza Mercedes Alaya, encargada entonces de la instrucción, evitó que se profundizara en las circunstancias que rodearon estas ayudas, considerando “impertinente” la pregunta que planteaba un letrado.

Los peritos, ante la insistencia del abogado, que hizo valer su protesta, admitieron que no habían examinado la tramitación de esas ayudas del Gobierno central en esos años y ratificaron su informe de 8.000 folios, presente en la causa desde diciembre de 2013 y que es la base de gran parte del procedimiento judicial.

Como se puede comprobar al margen en la transcripción de aquel diálogo entre las partes (las preguntas corresponden al abogado, Ruiz-Ayúcar y Hernández son los peritos, y “su señoría” es la jueza Alaya), tampoco se aclara por qué no se publicaron las bases para la concesión de ayudas. De haber profundizado en la cuestión se podría haber constatado que se dieron sin concurso y publicación, una circunstancia que, por cierto, estableció  de forma expresa el Ministerio de Empleo un año antes de ese encuentro y que tampoco nadie advirtió.

La  Orden Ministerial de 5 de abril de 1995 a la que alude  el perito director en este diálogo no tiene límites en la cuantía de las prejubilaciones por lo que su aplicación sería adecuada, según vienen manteniendo algunas defensas. La profundización en el asunto podría haber derivado en un análisis de estas apreciaciones, como la publicación o no de las ayudas, si pasaron por el Consejo de Ministros o no al superar cierta cantidad, si la Junta de Andalucía era competente o no para la cofinanciación, etc.