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La jueza Núñez rectifica y exculpa a Zarrías por las sobrecomisiones de los ERE
La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha rectificado y dejado sin efecto la imputación del exconsejero de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la pieza separada de las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones.
En un auto fechado este mismo viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla “rectifica” el auto de 8 de junio en el que abrió la pieza separada de las sobrecomisiones contra Gaspar Zarrías y otras 15 personas y deja sin efecto “la vinculación” del exconsejero con esta pieza en concreto.
En este sentido, la juez recuerda que el artículo 214.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “después de proclamar el principio de que los tribunales no podrán variar sus resoluciones una vez firmadas, permite sin embargo, en el apartado 3, rectificar errores materiales manifiestos o errores aritméticos que se hubieran podido cometer, rectificación que puede tener lugar en cualquier tiempo”.
“En el presente caso el error, ahora advertido, es manifiesto, como se desprende de la simple lectura de los autos, por lo que procede su rectificación”, reconoce la instructora.
Tras la rectificación de la juez, el auto afecta a 15 personas por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre ellas el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero o el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.
En relación a la pieza de las sobrecomisiones, la magistrada investiga “hechos relativos a la determinación o fijación de la prima de la póliza y porcentaje de comisión, bien de forma directa o bien indirecta, y luego su reparto a pesar de todo ello presuntamente ilícito”.
A su juicio, “las sobrecomisiones derivarían del hecho puesto de manifiesto en el estudio de las pólizas de rentas y de capital --no sólo en ayudas sociolaborales sino encubriendo ayudas directas a empresas (Aglomerados Morell), pagos de compromisos asumidos (FCC y Cespa) o directamente pagos de deudas previas de empresas (comercial Dhul)-- de importes de primas pagados por la Junta de Andalucía”.
En este sentido, la juez asevera que éstos últimos pagos de importes de primas por la Junta serían “muy al parecer superiores al precio de mercado de éstas”, puesto que “era la cuantificación de la prima el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el proceso se garantizarían una participación presuntamente ilícita en el reparto de los fondos de la Junta”.
