El Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, de una tacada, dos proyectos de ley que regulan la creación de sendas universidades privadas -la CEU Fernando III y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea (Utamed)- con los votos de PP y Vox y el rechazo frontal del resto de formaciones de izquierdas. Ambas iniciativas superaron las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Por Andalucía.
Se trata de las primeras universidades privadas que verán la luz en Andalucía 12 años después de que se abriera la Universidad Loyola en Sevilla. El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, autorizó un debate agrupado de los dos proyectos de ley, algo que le reprocharon duramente los socialistas al considerar que cada universidad requería un debate propio.
Los grupos de izquierdas que presentaron las enmiendas a la totalidad avisaron de que su rechazo no era por el hecho de ser instituciones privadas, sino por no reunir “los mínimos requisitos de calidad para una universidad, según los informes técnicos”. “Incluso el hoy consejero andaluz responsable de universidades se opuso a estos proyectos cuando era el presidente de los rectores de Andalucía”, recordó Esperanza Gómez, diputada de Por Andalucía, en referencia a José Carlos Gómez Villamandos, que ahora defendió ambos proyectos en el Parlamento.
El Gobierno de Juan Manuel Moreno también está analizando las últimas modificaciones enviadas por los promotores de otras dos instituciones privadas -la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía-, que vienen con el visto bueno de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU).
Siete de las ocho solicitudes que habían empezado su tramitación para implantarse en Andalucía bajo el mandato de Moreno presentaron su propuesta a partir de 2019, pero en esa carrera ya solo sobrevive la mitad. La Universidad de la Costa del Sol, impulsada por la Escuela Autónoma de Dirección de Empresas (EADE) en julio de 2018, fue rechazada finalmente por la Junta este pasado febrero, al igual que la Universidad Internacional del Mediterráneo (UNIMED).
Otra de esas ocho aspirantes, la Universidad Antonia Guerrero de Estepona, también se ha quedado en el camino tras un informe desfavorable de la CGPU, mientras que la Junta ya informó del desistimiento de la Universidad Internacional Lucio Anneo Séneca (UNILAS).
Las primeras dos universidades aprobadas este miércoles por el Parlamento andaluz llegan, obviamente, con el visto bueno del Consejo de Gobierno. De acuerdo con la Ley orgánica de Universidades del Estado y al Real Decreto que la desarrolla, así como por la norma autonómica en la materia, la puesta en marcha de este tipo de propuestas académicas en la comunidad debe llevarse a cabo mediante ley tras el respaldo de la Cámara autonómica.
El Consejo de Gobierno autorizó en febrero de 2022 iniciar la tramitación de estos dos anteproyectos de ley. La Fundación Universitaria Fernando III El Sabio cursó su petición en abril de 2020 y, según el proyecto de ley, impartirá docencia mediante modalidad presencial, virtual y semipresencial.
La Universidad CEU Fernando III se ubicará en el municipio de Bormujos (Sevilla), y contará con dos centros; en concreto, la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y la Escuela Politécnica Superior. Su oferta inicial de títulos se compone de siete grados y cinco másteres en materias relacionadas con la Administración y Dirección de Empresas, Marketing y Gestión Comercial, Relaciones Internacionales, Derecho, Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Auditoría de cuentas o Business Analytics y Big Data, entre otros.
Por su parte, el proyecto docente y de investigación de Utamed, impulsado por la entidad Sapere Aude Arco Mediterráneo S.L a partir de mayo de 2019, tendrá carácter 'on line' y se articulará a través de cinco centros, como son las facultades de Empresa Digital, Tecnología y Derecho y de Humanidades y Ciencias Sociales; una Escuela de Doctorado, un centro de I+D+I y otro de emprendimiento y transferencia.
Asimismo, la enseñanza proyectada por esta institución se compone de 14 titulaciones, que son seis grados, siete másteres y un título de doctorado. Las disciplinas que se podrán cursar están relacionadas con las nuevas tecnologías, Marketing Digital, Derecho, Educación, Emprendimiento e Innovación, entre otras. Con carácter general, esta oferta académica está dirigida a un alumnado “con dificultades para conciliar la vida profesional y la formación universitaria”.
Los dos proyectos de ley, además de regular la estructura de ambas universidades, también contemplan otros aspectos como el procedimiento a seguir para iniciar sus actividades, que deberá realizarse mediante decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Tras su puesta en funcionamiento deberán solicitar la impartición de las correspondientes enseñanzas, proceso en el que “se velará por asegurar la calidad de los títulos como en el resto del sistema universitario andaluz”.
Asimismo, se incluyen los requisitos de acceso del alumnado, estipulándose que, aunque las dos instituciones son libres de fijar el régimen de ingreso, se deberá atribuir una valoración preferente a los resultados académicos entre los distintos méritos que aleguen los aspirantes.
También se exige un sistema propio de becas y ayudas al estudio, en el que se tendrá en cuenta como criterios de concesión el expediente académico y las circunstancias socioeconómicas del alumnado, y para cuya financiación se destinará el 1% de la estimación de ingresos brutos, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades.
Tras superar el trámite parlamentario, ambas iniciativas complementarán la oferta formativa universitaria ya existente en el territorio andaluz, sustentada en diez instituciones públicas y en una privada, la Universidad Loyola, informa Europa Press.
En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PSOE-A Antonio Ruiz ha defendido las enmiendas de totalidad de su grupo a ambos proyectos de ley, apuntando que estamos ante la creación de universidades privadas que no son en absoluto “de calidad”, mientras las públicas siguen “infrafinanciadas”. “Vaya dos perlas y templos del conocimiento que nos trae el Gobierno de Juanma Moreno”, según ha ironizado, apuntando que estas dos leyes son una “broma macabra al sistema universitario andaluz”.
El diputado de Vox Alejandro Hernández ha defendido la coexistencia, con total normalidad, de universidades públicas y privadas. Ha defendido en la capacidad de la comunidad universitaria y la Junta tiene sobre todo el deber de marcar una pautas muy genéricas de funcionamiento de las universidades, pero respetando el modelo de gestión que cada una lleve a cabo.
En defensa de sus enmiendas a la totalidad, la portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha manifestado que estamos ante un “despropósito” porque se comete “un fraude de ley dándole el visto bueno a dos universidades privadas conforme a normas derogadas por ser estas más laxas respecto a las condiciones, requisitos y prerrogativas que exigen para iniciar la actividad académica”.
El diputado del PP-A Daniel Castilla ha acusado a PSOE-A y Por Andalucía de “copiarse” las enmiendas a la totalidad y ha defendido el “reconocimiento” de las dos universidades. Ha indicado que el Gobierno andaluz defiende las universidades públicas y la creación de estas dos privadas es, sin duda, un enriquecimiento y no va a costar “un céntimo a los andaluces”.
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