¿Qué políticos podrían estar vinculados al caso de los ERE y de qué se les acusa?
El caso de los ERE fraudulentos acaba de cumplir cuatro años de instrucción y las altas responsabilidades políticas, a nivel judicial, están empezando a cursarse y a dilucidar si hubo o no responsabilidad penal. Este martes se conocía que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán deberán declarar ante el Tribunal Supremo en calidad de imputados, tras haber solicitado hacerlo voluntariamente.
La jueza Mercedes Alaya ha dado ya muchos pasos para tratar de demostrar su tesis sobre la que hace pivotar sus imputaciones acerca del asunto: que un Gobierno en su conjunto montó y sostuvo durante más de una década “un sistema corrupto” para eludir el procedimiento legalmente previsto en el otorgamiento de subvenciones, evitar los controles de la Intervención de la Junta y hacer uso discrecional de fondos públicos.
“Una auténtica subversión del ordenamiento jurídico”, sostiene Alaya en su exposición razonada, para mantener una paz social que le generara al PSOE, asegura, “réditos políticos y electorales” en Andalucía. Esa es la tesis de la jueza y de ello hace responsables directos (reproche penal y fianzas millonarias incluidas) a más de medio centenar de ex altos cargos de la Junta entre los 266 imputados que hay actualmente.
Sus pesquisas, basadas en las de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, alcanzan a cinco consejerías, a sus máximos responsables y a todo aquel que en el organigrama tuviera alguna relación directa o indirecta con las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración autonómica. Y por ello, según Alaya, también los expresidentes Chaves y Griñán, que “debían” conocer las supuestas irregularidades como máximos responsables de la Junta.
Es la parte política del caso, la denominada del 'procedimiento específico', es decir, sobre la que presuntamente se sustentaría el fraude de los ERE y sobre la que ahora tienen que decidir ya no solo Alaya sino el Tribunal Supremo (con cinco actuales senadores y diputados del Congreso) y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con cuatro miembros de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz.
Las otras 'patas' del caso serían la “indiciaria arbitrariedad” de las pólizas y la presencia de 'intrusos' en ellas, y una tercera acerca de las “presuntas influencias” de sindicatos, mediadoras y despachos de abogados. En la 'pata política' aquí analizada a casi nadie se le acusa directamente de haber metido 'la mano en la caja', de lucrarse o enriquecerse con el fraude sino se les imputa, según qué caso, por estar ocupando un puesto desde el que haber detectado o frenado dicho fraude o de, en circunstancias como los miembros del Consejo Rector de IFA/IDEA, de haber estado allí y haber colaborado presuntamente con el procedimiento.
El caso, cabe recordarlo, nace de las prejubilaciones fraudulentas descubiertas en los dos ERE promovidos en 2003 y 2007 por Mercasevilla y la inclusión de beneficiarios de prejubilaciones que nunca formaron parte de la plantilla del mercado central de abastos de la capital hispalense. La Policía Judicial puso entonces de manifiesto indicios de la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERE con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas de rentas colectivas cuyas primas eran financiadas en su mayor parte por la Junta.
Pero centrándonos en los cargos públicos vinculados de una forma u otra al caso de los ERE destaca Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo (1999-2008), encargado de firmar la mayor parte de las ayudas que se investigan y que pasó hasta en dos ocasiones por prisión provisional (entre marzo y octubre de 2012, y entre marzo y junio de 2013). Alaya cree que es presunto autor de hasta seis delitos (continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, dos de falsedad en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil).
Sobre Guerrero se situó la “responsabilidad política directa” del caso de los ERE según las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento andaluz de agosto de 2012, como planteó desde un principio el Grupo Socialista. PP-A e IULV-CA, socio ya entonces del PSOE-A en el Gobierno autonómico, no estuvieron de acuerdo con que la responsabilidad política se situara exclusivamente en ese ex director general. Tampoco Alaya, que ha imputado, o lo ha intentado, a todas estas personas:
Presidencia de la Junta
Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (consejero de Hacienda 2004-2009). Los investiga desde el pasado noviembre el Tribunal Supremo, por su condición de aforados (diputado y senador), y están citados a declarar en calidad de imputados los días 14 y 9 de abril, respectivamente, “en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a las personas físicas”, el primero en calidad de Presidente y el segundo como consejero de Hacienda.
Alaya pidió su imputación el 10 de septiembre de 2013, durante el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno de la Junta, y en la exposición razonada elevada el pasado verano al Supremo asegura que ambos participaron “en la instauración y mantenimiento” del procedimiento irregular para conceder ayudas. Ambos solicitaron declarar voluntariamente en el Supremo y, al menos Griñán, como exresponsable de Hacienda, ha aportado un amplio informe técnico donde señala que no tenía competencias para conocer las supuestas irregularidades de los ERE.
Consejería de Empleo
José Antonio Viera, consejero de Empleo 2000-2004. Gestionó las ayudas sociolaborales investigadas, otorgadas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), un organismo público del que también fue presidente desde enero de 2003. Como aforado (es senador), está citado el 7 de abril para declarar en el Supremo, casualmente el mismo día que su sucesor en el cargo, Antonio Fernández, llamado recientemente por Alaya para ampliarle su imputación por determinadas ayudas concretas.
Viera deberá explicar en el Supremo la acumulación de convenios suscritos (20 de 24) durante los escasos meses en que fue presidente de IFA y el haber propiciado, supuestamente, importantes ayudas para la Sierra Norte de Sevilla con objeto de favorecer “desmesuradamente” a empresarios con los que se relacionaba y personas “con las que mantenía afinidades políticas”.
Hay varios exalcaldes socialistas de la zona imputados. Alaya acusa a Viera de permitir que esa comarca sevillana, donde supuestamente también actuó principalmente Javier Guerrero, se beneficiara de 55 de los 85 millones de euros en ayudas sociolaborales concedidas en Andalucía entre 2001 y 2010.
Antonio Fernández, consejero de Empleo (2004-2010). Fue viceconsejero desde 1995 y, desde 2000, vicepresidente de IFA. Salió de prisión preventiva en agosto de 2012 tras abonar 450.000 euros de fianza. Dijo ante Alaya que el sistema de ayudas implantado en 2001 “era legal” y defendió su operatividad para ayudar a trabajadores y empresas.
La jueza le acusa de haber hecho “dejación absoluta” de sus funciones, generando “enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas” de Andalucía. Ya en marzo de 2011, cuando saltó el caso, fue imputado por delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
Manuel Recio, consejero de Empleo (2010-2012) y secretario general de Economía (2009-2010). Imputado desde julio de 2013 como gran parte de los ex altos cargos implicados, la jueza sostiene que en su mandato se dictó la Orden de 27 de abril de 2010 por la que se formalizó la encomienda de gestión con IDEA (la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, nueva denominación de IFA), en virtud de la cual se formalizaron múltiples expedientes de transferencias de financiación para la concesión de subvenciones.
Junto al resto de los aforados autonómicos, espera la decisión del TSJA, que les notificó la exposición razonada de Alaya respecto a ellos a finales de enero. Hay que recordar que pueden volver a ser 'presa' de la jueza cuando se constituya el nuevo Parlamento andaluz y dejen de ser aforados, puesto que no han sido incluidos en las listas del PSOE-A para el 22M.
Justo Mañas, viceconsejero de Empleo de la Junta (2010-2012). Imputado en octubre de 2013 por delitos de prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir delitos. Como tantos otros ex altos cargos, se negó a prestar declaración ante la jueza.
Agustín Barberá, viceconsejero de Empleo (2004-2010). Alaya sostiene –como respecto a los antiguos altos cargos de Empleo– que, pese a tener indicios de la presunta ilegalidad de las ayudas, “no cumplió con su deber como autoridad de poner los hechos en conocimiento de la Administración de Justicia”. La jueza le imputa, igualmente como a otros exresponsables públicos, presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial.
Juan Francisco Sánchez García, secretario general técnico en la Consejería de Empleo (2000-2004), en Innovación (2004-2010) y director de IDEA (2010-2012). Imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos.
Javier Aguado Hinojal, secretario general técnico de Empleo (2004-2008). Según la jueza, “uno de los impulsores del sistema de concesión de ayudas sociolaborales prescindiendo del procedimiento legal”.
Lourdes Medina Varo, secretaria general técnica de Empleo (2008-2012). La tercera de los sucesivos SGT de Empleo imputados por Alaya. Como el resto, a juicio de la jueza, participó en el mantenimiento de las transferencias de financiación para pagar las ayudas.
Francisco García Martínez y Rafael Herrera Gil, ex secretarios generales de Empleo.
Juan Márquez, director general de Empleo (2009-2010). La jueza le atribuye haber concedido hasta 154 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas siendo consciente de la ilegalidad del procedimiento. También está citado por el Tribunal de Cuentas para el próximo 24 de febrero y el 7 de abril de nuevo en el juzgado de Alaya, junto a otros exresponsables de las consejerías de Empleo e Innovación tras la ampliación de imputaciones acordada por la jueza.
Daniel Rivera, director general de Empleo (2010-2012). Dice Alaya que “conocía desde el principio de las irregularidades derivadas de la aplicación del procedimiento específico, tanto en las ayudas directas como en las sociolaborales” y que “continuó con las prácticas irregulares de Guerrero y Márquez”, sus antecesores en el cargo.
Juan Luque, ex interventor delegado en la Consejería (2008-2013). Declaró como testigo que en el caso ERE existió “un menoscabo muy grave para los fondos públicos”. Está imputado por prevaricación y malversación porque el cambio en la gestión de la partida de las transferencias de financiación fue el mismo que se venía aplicando con anterioridad, según Alaya.
Consejería de Innovación
Francisco Vallejo, consejero de Innovación (2004-2009). Uno de los exparlamentarios autonómicos que han pasado hace unas semanas a la mesa de la Diputación Permanente del Parlamento. Como el resto de ex altos cargos de máximo nivel y actuales aforados, no se conoce detalles sobre cuáles son los motivos concretos de su presunta vinculación.
Martín Soler, consejero de Innovación (2009-2010). Volverá al juzgado de Alaya el 7 de abril para ampliarle la imputación de la que le dio cuenta Alaya el pasado mes de junio: prevaricación y malversación.
Antonio Ávila, consejero de Economía e Innovación (2010-2012). Antes vocal de IDEA y desde 2001, secretario general de Economía (2002-2009) y también consejero de Presidencia (2009-2010). En la misma situación que Francisco Vallejo, con quien también compartía escaño parlamentario por Jaén desde su salida de la Junta.
Gonzalo Suárez, viceconsejero de Innovación (2004-2005).
Jesús María Rodríguez Román, viceconsejero de Innovación (2005-2009).
Miguel Ángel Serrano, Jacinto Cañete, Antonio Valverde, Antonio Lara y Francisco Mencía. Todos fueron directores generales de IFA o de IDEA, los organismos que pagaron los fondos. Pablo Millán, Juan Vela y Antonio Diz-Lois,Antonio Diz-Lois exdirectores de finanzas de IFA, también están imputados. “A nivel presupuestario IFA/IDEA fue el compañero perfecto de la Consejería de Empleo”, afirma la jueza Alaya en su instrucción. La actuación de los miembros del consejo rector obedecía, según la jueza, a “un mismo diseño político del que eran partícipes, pero que debía haber sido previamente establecido”. El pasado septiembre, a un buen número de ellos, se les impuso importantes fianzas de responsabilidad civil.
Ana María Peña, secretaria de Telecomunicaciones.
Ángel Garijo, ex secretario general de Innovación.
Isabel de Haro, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético.
Pilar Rodríguez, ex secretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Manuel López, director general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos.
Jesús Nieto, director de Industria.
José Domínguez Abascal, secretario general de Universidades.
Joaquín Moya-Angeler, presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía.
Felipe Romera, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía.
De estos nueve imputados del área de Innovación apenas ha trascendido información sobre sus imputaciones.
Consejería de Hacienda
Magdalena Álvarez, consejera de Hacienda (1994-2004). Una de las caras más conocidas del caso, ya que se las ha tenido que ver hasta en dos ocasiones con la jueza. El pasado junio dimitió de su cargo de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones.
Sin fuero, está imputada por prevaricación y malversación, como confirmó la Audiencia, por ser “una persona respecto de la que resultan visos de haber participado en los hechos delictivos que se investigan”. La propia Audiencia anuló la fianza civil de 29,5 millones que le había impuesto y dejó sin efecto los numerosos embargos a los que tuvo que hacer frente.
Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda (2009-2013). Anteriormente, viceconsejera de Economía y Hacienda (2004-2009). En la misma situación que Ávila o Vallejo, a la espera del TSJA. Tampoco ha sido incluida en las listas electorales.
José Salgueiro, viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta (1990-2004). Como en otros muchos casos, la jueza le acusa en general de ser “uno de los promotores del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instauraría en la Junta de Andalucía desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011”. Salgueiro se acogió a su derecho a no prestar declaración, si bien fue imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos.
Antonio Estepa, secretario general técnico de Hacienda (2000-2004). Imputado por prevaricación y malversación de fondos públicos, Alaya le atribuye “una importante intervención” en los presupuestos de la Comunidad, “donde se mantendrían durante muchos años las transferencias de financiación como crédito presupuestario para el pago” de las subvenciones sociolaborales investigadas.
José de Haro Bailón, secretario general de Hacienda (2004-2009). Alaya considera que, como viceconsejero desde 2009, tendría “una activa participación en la elaboración del Presupuesto de 2010” donde, si bien desaparecieron las transferencias de financiación de los estados de gastos del programa 31.L , “se establecía como prioridad la continuidad del sistema de transferencia a IDEA para dar cobertura a los compromisos adquiridos en virtud de expedientes de regulación de empleo, planes de prejubilación, ayudas para la viabilidad de empresas, en virtud del concierto con IDEA en vigor desde el año 2001”.
Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera, directores generales de Presupuestos entre 2002-2009 y 2009-2012, respectivamente. El primero fue también viceconsejero de Presidencia de la Junta. Ninguno declaró ante la jueza como imputado por prevaricación y malversación, pero ellos insistieron en sus recursos que “no tienen facultades para ordenar nada respecto a la formación del Presupuesto de las distintas consejerías, ni de impedir que se introduzca ninguna clase de crédito, ni de dictar resoluciones, ni de realizar ninguna tarea de control sobre la legalidad de los gastos”. Comparten representación legal con Griñán, con quien respaldan un informe en esa línea que ha sido remitido al Supremo y con el que se acaba de hacer la jueza Alaya.
Consejería de Presidencia
Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno, consejeros de la Presidencia entre 1996-2009 y 2010-2012, respectivamente. Su nombre apareció por primera vez vinculado al caso en la exposición razonada elevada por Alaya al Supremo. Hace unos días, el juez instructor del Alto Tribunal ordenó al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil una nueva investigación sobre estos aforados, la senadora y el diputado del Congreso, centrada en los actos que adoptaron como consejeros y que podrían estar relacionados con los hechos que son objeto de la causa que le fue remitida por la jueza de Sevilla Mercedes Alaya.
Manuel Gómez Martínez, interventor general de la Junta de Andalucía (2001-2010). Junto a otros dos interventores, firmó un informe que vendría a decir que las transferencias de financiación del caso de los ERE, figura sobre la que pivota la principal argumentación de la jueza, tuvieron un uso impropio pero no ilegal. Martínez, imputado pero bien considerado por Alaya según han indicado en ocasiones fuentes del caso, negó hasta once veces a su superior entonces, José Antonio Griñán, durante su declaración ante la jueza en julio de 2013.
Consejería de Agricultura
Juan Paniagua, exviceconsejero de Agricultura y Pesca.
Hay otro cargos de la Junta cuyos nombres también están en el listado de imputados del caso de los ERE en algún momento, como los delegados provinciales de la Consejería de Empleo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Rivas, el jefe del gabinete jurídico de la Junta entre 2001 y 2008 Francisco del Río, o Juan Carlos Soriano, exviceconsejero de Relaciones Institucionales.
