Atención primaria

La presión asistencial se ceba especialmente con los centros de salud de Málaga, Almería y Sevilla

De un tiempo a esta parte, la atención primaria está resultando ser el gran caballo de batalla de profesionales, usuarios y sindicatos contra la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. La presión asistencial que soportan los centros de salud y la demora para recibir atención médica hacen que los ambulatorios estén en el centro de todas las miradas. Y con motivo, ya que una de las principales estadísticas que mide el colapso al que se ven sometidos no deja lugar a dudas: el cupo de pacientes por médico es muy elevado, especialmente en zonas de la Costa del Sol, Almería y Sevilla.

Desde la Consejería de Salud afirman que se está negociando con los sindicatos para establecer cupos más bajos para mejorar la situación de los centros de salud y en las últimas semanas se han dado pasos para mejorar la situación de colapso que viven los centros de salud. Si bien no han pasado de compromisos, UGT y CCOO sellaron un pacto con la Junta de Andalucía para elevar la inversión en la atención primaria hasta el 25% del presupuesto de la Consejería de Salud, lo que supondría unos 3.370 millones de euros, y el Sindicato Médico ha acercado posturas con el Gobierno regional para que los cupos diarios de pacientes queden limitados por agenda: 25 usuarios al día en el caso de los pediatras y 35 en el de los médicos de familia, ampliables a 25 como máximo en horario de tarde mediante continuidad asistencial. En todo caso, la situación dista de ser halagüeña.

De acuerdo con las cifras oficiales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a diciembre de 2022, los médicos de cabecera de Marbella y Fuengirola tienen cupos de casi 3.000 usuarios, los distritos de Sevilla Sur superan ampliamente los 2.200 y Níjar y Huércal-Overa, en Almería, también hacen lo propio. En la estadística aparecen centros de salud de toda la comunidad que superan o rondan los 2.000 pacientes de cupo y aproximadamente la mitad de los galenos de primaria sobrepasa los 1.500. Una cifra, esta última, que es la que se considera la adecuada para una atención digna, pero que no es la ideal a la que se quiere aspirar. Sanitarios y sindicatos reclaman que esta cifra sea de 1.200 usuarios en el caso de los médicos de familia y 900 en el de los pediatras.

Para entender este problema en todo su contexto, el cupo de atención que soporta un profesional de la sanidad pública de Andalucía afecta directamente a la calidad del servicio y está estrechamente relacionado con la presión que sufren las urgencias ambulatorias y hospitalarias y la demora asistencial. Los cupos se definen como el número máximo de pacientes que tiene cada médico por el distrito en el que esté adscrito su centro de salud. Cuanto más alto sea el cupo, mayores posibilidades habrá de que su agenda diaria sea muy amplia y el tiempo por paciente resulte inversamente proporcional. Así, la demora para tener una cita también se dispara y pese a que el SAS la sitúa en 3,46 días de espera para poder ver a un médico en Andalucía, hay muchos centros de salud en los que esta demora no baja de los 10 días o las consultas más próximas solo se pueden hacer por teléfono.

Además, a esas agendas, que están supeditadas a los cupos, hay que sumar los pacientes que no están adscritos al centro de salud en el momento en el que se establece la estadística y los usuarios que acuden a consulta sin cita previa, aunque para este último supuesto se crearon en 2021 las denominadas “consultas de acogida”. Dichas consultas son una criba que tienen que hacer las enfermeras de los ambulatorios para determinar si un paciente tiene una situación sanitaria lo suficientemente relevante como para que su médico de cabecera le atienda sin demora.

Sanitarios desbordados

En la práctica se está llevando a cabo, pero los sindicatos advierten de que a estas enfermeras se les carga de una responsabilidad que no deberían asumir, aunque tienen formación para ello, porque también tiene implicaciones legales que una de estas profesionales pueda errar en un diagnóstico. Por otro lado, el SAS también trata de poner en marcha un nuevo límite de cupos diarios para que se atienda a 35 personas como máximo por la mañana y 25 en horario de tarde en el caso de los médicos de cabecera y 25 en ambos turnos en el caso de pediatría.

Pero ninguna de las dos medidas tiene un efecto directo en la situación de la atención primaria, sobre todo en zonas de la Costa del Sol, Almería y Sevilla, aunque los cupos son muy elevados en todas las provincias de Andalucía. No tienen un efecto directo porque lo que faltan, sobre todo, son profesionales que puedan disminuir la presión asistencial que sufren los médicos. No en vano, hay que tener en cuenta que cuando un profesional está de baja por enfermedad o vacaciones, el cupo máximo que asumía se reparte entre los demás galenos si no se ha cubierto esa baja con un contrato temporal. Algo que no ocurre habitualmente, sobe todo en poblaciones pequeñas, porque los médicos que acaban la etapa de Médico Interno Residente (MIR) prefieren vinculaciones más largas que les permitan una mejor situación laboral.

Si malo es el panorama de los médicos de cabecera de los centros de salud, no es mejor la que padecen los pediatras. Las mismas cifras del SAS desvelan la misma tendencia en cuanto a presión asistencial. Los ambulatorios de Estepona (Málaga), Níjar (Almería) y Sevilla Norte lideran esta preocupante estadística de cupos. En el caso malagueño, el cupo es de casi 2.000 niños por pediatra, mientras que Níjar y Sevilla superan los 1.600. Cifras muy superiores a la ideal de 900. Algo que para sindicatos y profesionales es una “barbaridad” ya que afecta al futuro de una población de 8,4 millones de personas porque, en lugares como estos, sus padres acaban optando por la sanidad privada si la dificultad para recibir una atención adecuada es tan elevada.

“Invisibles”

Por eso, no es de extrañar que todo este contexto genere estrés entre los sanitarios y que los más jóvenes acaben marchándose a la sanidad privada, a otras comunidades autónomas o a otros países. Helena Romero, que tiene 37 años y trabaja como pediatra en Torreblanca, Sevilla, vive en primera persona esta realidad. En su caso trabaja en un centro de salud que está en una zona catalogada como “con necesidades de transformación social”. Al ser de esta tipología, el cupo de pediatría no debería superar los 600 pacientes, pero no se cumple. “No tenemos forma de saber a cuántos atendemos realmente porque, aunque en mi cupo me aparece que tengo en torno a 900 y mi compañera sobre 600, pero con la amortización de plazas por jubilación, los pacientes crónicos se nos asignan a quienes estamos más estables ya que hay mucha rotación de profesionales”.

Cuenta que tienen dos plazas sin cubrir desde hace un año y “no sabemos qué cupos soportan”. A esto hay que sumar la “brecha digital” que soportan zonas como la de Helena. “Cuando los niños nacen, muchas familias no saben cómo hacer el procedimiento de alta y no aparecen en los cupos. A los meses, cuando se revisan las fichas, quienes no estén dados de alta, tienen que ser retirados de la atención, pero nosotros no vamos a dejar de hacerlo con niños que vemos desde que son pequeños porque son los que más necesitan que lo hagamos”. Más otra problemática: no todos los niños que acuden este tipo de ambulatorios -y tampoco los adultos que hacen lo propio con los médicos de familia- están empadronados. Lo que hace que sean invisibles en la estadística, pero aumenten la presión asistencial.

“La inestabilidad de la plantilla ha provocado que hayamos dejado de hacer correctamente nuestro trabajo”. Al faltar personal, están haciendo labores de urgencias porque así lo reclaman los usuarios ante la falta de citas. Una realidad extrapolable al resto de ambulatorios y a los médicos de cabecera. Por ello, una de las soluciones que se están poniendo encima de la mesa, además de la limitación de cupos, pasa por aumentar las plazas de Medicina en las universidades andaluzas. Un hecho en el que ya hay un compromiso, pero que los centros académicos no ven como la panacea si no se acompaña de una mejora de todo el engranaje que pase por mejores contratos y aumento también de docentes tanto en el caso de la etapa MIR como en las facultades.