La difusión del documento con las medidas de regeneración democrática para el primer Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía ha desatado una fuerte oposición entre los miembros del todavía Ejecutivo en funciones de Susana Díaz. Cinco consejeros y medio docena de altos cargos de la Junta se han lanzado en bloque para denunciar que “una de las primeras medidas que planean aplicar PP y Cs en Andalucía es un aumento del 50% en el salario de sus altos cargos”.
El PSOE andaluz se ha estrenado en la oposición, después de 36 años de Gobierno, multiplicando este mensaje en las redes sociales hasta colocarlo entre los más difundidos y comentados entre el domingo 23 y el lunes 24 de diciembre. La denuncia se basa en el artículo 4.5 del acuerdo PP y Cs, del bloque de regeneración democrática y lucha contra la corrupción: “Estableceremos unas tablas salariales que ordenen y socialicen las retribuciones de los altos cargos y directivos públicos de la Junta. Todos cobrarán en referencia a las retribuciones que se establezcan anualmente para los cargos análogos en el Gobierno de la Nación, sin que puedan superar las que se prevean para estos últimos”.
Al hacer una analogía entre sueldos de directivos de la Junta y del Ejecutivo central, los socialistas andaluces han entendido que el propósito de PP y Cs era duplicar las retribuciones de sus altos cargos en cuanto formen Gobierno. El consejero de Economía en funciones en el gabinete de Díaz, Antonio Ramírez de Arellano, ha publicado en su cuenta de Twitter una tabla con dicha equiparación salarial para denunciarlo, enfrentando lo que cobra un ministro (79.756,68 euros) con lo que percibe un consejero (65.184,20 euros); un subsecretario de Estado (118.025 euros) y un viceconsejero (61.824,90 euros) o un director general en un Ministerio (104.043 euros) con el mismo puesto en una consejería del Gobierno autonómico (55.812,46 euros). La diferencia es notable, de ahí que los socialistas hayan difundido masivamente el lema de “pacto de la vergüenza” para denostar el acuerdo PP-Cs. “En esto consistía la regeneración para PP y Cs: que aquí se cobraba poco y había que cobrar más”, ha lamentado Susana Díaz en una entrevista en la Cadena Ser.
Fuentes del departamento de Hacienda en la Junta admiten que asemejar el puesto de un subsecretario de Estado al de un viceconsejero en el organigrama público “no es del todo ajustado”. El documento pactado por PP y Ciudadanos no especifica ningún incremento salarial y desde la formación naranja advierten que el objetivo de este punto no es aumentar la masa salarial, sino reordenar “el caos de los pluses de altos cargos en empresas públicas andaluzas”.
PP y Ciudadanos sellaron el viernes el acuerdo de Gobierno andaluz con más de 80 medidas, que se han ido perfilando y matizando a lo largo del fin de semana: la bajada global de impuestos (sucesiones, tramo autonómico del IRPF); la obligación de dimitir de un cargo público si es imputado por un delito de corrupción; la eliminación de los aforamientos; la tarifa plana de 50 euros para los nuevos autónomos; la reforma de la ley electoral andaluza o una ley para despolitizar la Junta son algunas de las medidas difundidas por los nuevos socios. El PSOE está presionando desde el 2 de diciembre para dejar claro que ningún acuerdo de este tipo saldrá adelante si no es con el apoyo explícito de Vox, una formación de extrema derecha que ha irrumpido en el Parlamento con 12 diputados. PP y Cs suman 47 y necesitan al menos ocho votos más para conformar Gobierno y para controlar la Mesa del Parlamento, órgano rector de la Cámara, que se constituye este jueves.
La difusión en bruto del documento de PP y Cs ha venido acompañada de pocas explicaciones, dado el solapamiento de las fiestas navideñas. Algunos de los puntos del acuerdo son muy concretos y otros, como el que denuncia el PSOE, requieren un análisis detenido que los dirigentes responsables no han hecho. Los socialistas han aprovechado ese vacío para hacer su propia lectura de la “equiparación salarial de altos cargos” que especifica el texto, concluyendo que el objetivo es “subirse el sueldo”. Los populares les reprochan que aprovechen el periodo navideño para difundir “fake news” (noticias falsas) en los medios.
Desde su cuenta de Twitter, Ramírez de Arellano ha advertido de que las tablas retributivas del Gobierno de España que PP-A y Cs toman de referencia “son en general un 50% más altas” que las de los cargos de la Junta. “Al equipararse con las retribuciones del Gobierno de España, el PP y Cs proponen subir el sueldo de los altos cargos de la Junta de Andalucía, en algunos casos cerca del 100%”, según sostiene Ramírez de Arellano en un comentario recogido por Europa Press.
El también diputado electo del PSOE-A por Sevilla completa su comentario con una tabla en la que se comparan los sueldos de los cargos de presidente del Gobierno, ministro, subsecretario y director general con los de, respectivamente, presidenta de la Junta de Andalucía, consejero, viceconsejero y director general, siendo en todos los casos superiores los montantes de los sueldos de los cargos del Ejecutivo central respecto a los de la Administración autonómica.
Al hilo, la consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad en funciones, Lina Gálvez, ha comentado desde Twitter que “ya se ve cuáles son las preferencias de PP-Cs-Vox”, pese a que hay “muchas partidas del presupuesto de la Junta de Andalucía que todavía necesitan recuperarse de la crisis y de las políticas de austeridad (impuestas por el Gobierno central del PP), antes que los sueldos de los altos cargos”.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en funciones y diputado electo del PSOE-A por Huelva, José Fiscal, tacha de “vergüenza” y “despropósito sin paliativos” el “subirse los sueldos un 50% después de años mintiendo sobre los actuales”.
En la misma línea, el consejero de Cultura en funciones, Miguel Ángel Vázquez, critica por la misma red social que, mientras PP y Cs “no apoyan el incremento del salario mínimo en España, plantean subirse el sueldo un 50% si llegan al Gobierno en Andalucía apoyados por los ultras de Vox”.
“Acuerdan igualar los salarios de los cargos de la Junta a los cargos del Estado. ¡Y les parece un disparate 900 euros el salario mínimo!”, critica por su parte la consejera de Igualdad y Políticas Sociales en funciones, María José Sánchez Rubio.
Sobre otro aspecto del acuerdo de PP-A y Cs, Ramírez de Arellano señala que “hablar de 'reducción del sector instrumental' ligándolo al 'ahorro' requiere aclarar el coste del cierre de esos entes”, porque “cerrar una empresa o agencia no es gratis”, y hay que saber “cómo se va a pagar” eso y “quién va a realizar las funciones de los entes cerrados o si se deja dar el servicio”, según abunda.