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Los rectores andaluces aplauden el endurecimiento de requisitos para abrir privadas tras su “proliferación desmedida”

Archivo - El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, Francisco Oliva, en una imagen de archivo.

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La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) ha saludado este jueves el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España por el que se endurecen los requisitos para abrir nuevas universidades privadas, “una iniciativa que nuestras instituciones vienen demandando desde hace tiempo ante la proliferación desmedida de centros privados de dudosa calidad”.

En un comunicado de prensa, el sistema universitario público andaluz ha puesto de manifiesto que “lo más relevante del debate suscitado por esta necesaria reforma es delimitar jurídicamente lo que se considera universidad, que en toda Europa se ciñe a las instituciones de educación superior que imparten docencia, investigan y transfieren el conocimiento que producen, sin importar su naturaleza pública o privada”.

“Si bien la normativa vigente ya acotaba en cierta medida los criterios para la creación de nuevas universidades, la laxitud de su formulación ha permitido que se dispare el número de centros académicos privados que no cumplen con los mínimos requisitos exigibles, y que comercializan títulos de igual validez legal a los que ofrecen las universidades”, argumentan los rectorados andaluces.

Para las instituciones públicas de enseñanza superior “esto supone, a todas luces, una merma en la calidad del sistema universitario español y una fuente de desequilibrios y competencia desleal hacia las universidades, ya sean públicas o privadas”. Por eso, defienden la necesidad de “revertir esta situación” para evitar la “deriva actual hacia un modelo de mercantilización del derecho a la educación incompatible con la existencia de un sistema universitario de calidad” en el que priman la igualdad de oportunidades y la meritocracia.

En resumen, la AUPA confía en que “se siga avanzando en esta senda, que debe culminar en un acuerdo entre todas las administraciones implicadas para alcanzar, cuanto antes, el suelo de inversión pública del 1% del PIB como exige la LOSU”.

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