El fiscal recurre el archivo de la investigación a la alcaldesa de Marbella y la acusa de falsear los planos
La Fiscalía ha recurrido el archivo de la investigación del deslinde de Marbella y Benahavís que benefició a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, pasando de un municipio a otro terrenos propiedad de sociedades en las que participa. El juzgado de instrucción de Marbella número 3 archivó la investigación por primera vez el 9 de agosto de 2017, pero la Audiencia le ordenó que practicara nuevas diligencias y calificó el archivo de “precipitado”. El juzgado volvió a archivar el 3 de septiembre de este año, pero la fiscalía vuelve a recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial y pide que la investigación se remita al Tribunal Supremo porque Muñoz es aforada por su condición de senadora.
En el recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, el fiscal muestra su sorpresa por el nuevo archivo de la investigación, que califica de “inusual, un tanto sorprendente e incluso exótico”, porque priva al Tribunal Supremo de decidir la continuidad o el sobreseimiento de la causa.
La investigación archivada trataba de aclarar quién y por qué alteró el acta de un Pleno del municipio, en la que se recogió la modificación del PGOU de Marbella. En el transcurso de ese Pleno se presentaron modificaciones en 22 planos que en aquel momento nadie advirtió, entre las que se incluía el “traspaso” del municipio de Marbella a Benahavís de 120.000 metros cuadrados, propiedad de sociedades controladas por Muñoz y su marido, sin motivo ni compensación alguna para el municipio marbellí. La pretensión del fiscal es que sea el Alto Tribunal quien decida si la alcaldesa y senadora Ángeles Muñoz debe ser formalmente investigada.
La Audiencia Provincial ya ordenó la reapertura de las investigaciones en una ocasión, y ordenó al juzgado practicar varias diligencias. Para el fiscal, la práctica de esas diligencias no sólo no han disipado las sospechas, sino que las han “acentuado”. El 13 de junio declaró como testigo una auxiliar administrativa del ayuntamiento, que aseguró que “lo que pone en el acta es lo que dice el Secretario de la sesión que se ponga”. Por su parte, Susana Radío, entonces concejal del PSOE, declaró que nadie les informó del cambio de los planos ni de que el Pleno estaba modificando las lindes de Benahavís.
El fiscal se opone a la pretensión de archivar el procedimiento por el fallecimiento del vicesecretario, Javier Alberto de las Cuevas, que era el encargado de redactar y custodiar las actas. Para el magistrado, Ángeles Muñoz no tiene ninguna responsabilidad y esta se limitaría al vicesecretario. “De estimarse tal postura, tampoco tendría responsabilidad alguna en el delito falsario el que facilita su fotografía y datos para la falsificación del DNI”, replica el fiscal. “Por el magistrado instructor se acude a la estrategia de defensa de culpar de lo acontecido a la persona fallecida y de esa manera tratar de eximir de responsabilidad a los demás partícipes en el delito”, añade.
El fiscal vuelve a pedir al magistrado que vea las grabaciones del Pleno, y las compare con el acta. “Es significativo apreciar que el acta es una transcripción literal de lo grabado por la televisión M-95, salvo en lo referente a la modificación de 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella”. El fiscal también aclara que una cosa es que la participación de la alcaldesa en la elaboración del acta sea meramente formal, según la ley, y “otra bien distinta es que con su activa participación haya cooperado necesariamente a que en un documento oficial se falte a la verdad en la narración de los hechos”, como le imputa el fiscal.
“Si la Sra. Alcaldesa Dª Ángeles Muñoz Uriol hubiera informado al Pleno y sometido a la votación de este una cuestión tan trascendental como la modificación de 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella no estaríamos hablando planteando la comisión de ilícito penal alguno”, se señala en el escrito.
El fiscal imputa a Muñoz una “intencionalidad falsaria”, que provocó que en acta constaran unos planos cambiados, de los que nadie fue informado, y con los cuales se alteraban las lindes entre Marbella y Benahavís afectando a terrenos en los que tiene interés la alcaldesa. Estos terrenos ya fueron incorporados en un plan parcial de Benahavís en 1995, cuando Muñoz era teniente de alcalde de este municipio, y volvieron a ser objeto de polémica cuando el ayuntamiento de Marbella impulsó un procedimiento de deslinde para “trasladarlos” formalmente a Benahavís, con Muñoz ya de alcaldesa de Marbella.
“Se produjo una narración mendaz, ya que lo expresado no se correspondía con la realidad, se produjo en un documento de naturaleza pública, los narradores eran funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y el desvío de lo que se narró en el acta respecto de la realidad de lo acontecido es relevante por afectar a las funciones propias del documento”, concluye el fiscal.
