El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha calificado de “falsa” la denuncia de los exasesores de Empleo, toda vez que “no ha existido discriminación alguna en el trato dispensado al colectivo”, por lo que ha anunciado que emprenderá acciones legales.
Una juez de Sevilla ha citado a declarar el próximo día 25 de febrero en calidad de investigado al director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Samuel Coca Blanes, tras la denuncia presentada por una decena de exasesores del SAE en relación a la no readmisión de los trabajadores en los supuestos en los que se ha declarado nulo su despido.
En una nota, el SAE ha apuntado que en este caso “no estamos ante un caso de corrupción por mucho que el PP se empeñe en judicializar la acción del Gobierno andaluz en aras a obtener rédito político, y pretenda tapar con ello las denuncias por corrupción que les afectan a nivel nacional”.
Considera que “se trata de una mera cuestión de gestión, dimanada de los pleitos laborales emprendidos por un colectivo de trabajadores, despedidos por los recortes del Gobierno de Rajoy en materia de políticas activas de empleo”.
En ese sentido, el SAE ha asegurado que ha dado cumplimiento y ejecutado “todas y cada una de sentencias que sobre el colectivo han recaído, incluidas las de los 17 denunciantes, todas ellas, tanto las que han declarado la nulidad de los despidos, como las que los han declarado improcedentes, tanto las firmes como las provisionales”.
Considera que los tribunales de lo Social “tienen mecanismos coercitivos suficientes para hacer cumplir sus resoluciones, incluida la posibilidad de solicitar la apertura de procedimientos penales contra los condenados que no cumplan con las mismas”.
Así, ha apuntado que “en ningún caso los responsables del SAE han recibido apercibimiento o reproche alguno por la ejecución de sentencias de este colectivo en los múltiples juzgados de lo Social distribuidos por toda la geografía andaluza”.
“El SAE ha actuado en todo momento siguiendo las instrucciones tanto de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía como del departamento de Hacienda y Administración Pública”, ha añadido.
INTERPRETACION “ERRONEA” EN EL ATESTADO
Considera que el atestado policial que consta en las actuaciones “confunde y realiza una interpretación errónea de las diferentes sentencias judiciales, de las instrucciones dadas por la Consejería de Hacienda y los servicios jurídicos al SAE para acometer las reincorporaciones de este colectivo”.
Por ello, el SAE considera esta denuncia como “falsa” por cuanto “no ha existido discriminación alguna en el trato dispensado al colectivo”.
Ha explicado que el caso de Jaén aludido en la denuncia “corresponde a cuatro trabajadores, uno de ellos representante sindical que tenía la capacidad de elegir entre la indemnización por despido improcedente o la incorporación”, mientras que los otros tres “fueron incorporados por una decisión del Juzgado de lo Social de Jaén, que consideró fuera de plazo la decisión de la Junta de proceder a su indemnización, hecho que fue recurrido por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía”.
Asimismo, ha indicado que de los 17 denunciantes, “sólo tres han obtenido sentencia de nulidad, y de ellos, uno está incorporado y los otros dos están pendientes de que el Juzgado despache la ejecución de la sentencia”. De los 16 restantes, según explica, “han obtenido sentencia por despido improcedente 11 y por despido procedente dos”, mientras que un trabajador se ha desistido en su demanda.
De esta forma, ha apuntado que hasta el momento el SAE “lleva readmitidos a 182 trabajadores con sentencias por despido nulo”.
Asimismo, los responsables del SAE ha anunciado que emprenderán acciones legales una vez quede demostrada su actuación conforme a derecho.