El sector de la discapacidad en Andalucía también se pone en pie de guerra contra Moreno “por una financiación justa”

No le salen las cuentas a las asociaciones y entidades agrupadas en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Andalucía. Como avanzó este periódico hace un par de semanas, el sector ha dicho basta y ha decidido alzar la voz “por una financiación justa”, a corto plazo, y por un cambio en el modelo que permita atender con garantías a las más de 700.000 personas con discapacidad que representa, y a sus familias, a través de sus 18 entidades miembros. Quieren “hacer visibles” sus reivindicaciones, para lo cual han previsto un calendario de movilizaciones, que se han de sumar a las previstas por el actual sistema de dependencia. Y advierten: “Subiremos el nivel de las protestas si no obtenemos respuesta”.

La situación es “crítica”, ya que una serie de circunstancias “han llevado al límite al sector”, que está “a un paso del colapso”, ha dicho la presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castilla, en rueda de prensa este miércoles en Sevilla. Entre los causantes está “el sobreesfuerzo y los sobrecostes que las entidades sociales tuvieron que hacer durante la etapa de la pandemia para poder preservar la salud y seguridad de las personas con discapacidad unido a la alta inflación, nuevos costes salariales derivados de la subida del SMI y actualización de los convenios colectivos y la infrafinanciación de la administración pública”, ha destacado Castillo, quien ha lamentado que “la labor esencial que realizamos no viene apoyada adecuadamente desde los estamentos públicos ni privados”.

Además, este tipo de entidades aportan al PIB andaluz “una cifra de negocio importante cada año, con más de 11.000 empleos directos y 30.000 indirectos”. “Las entidades que forman CERMI Andalucía son las principales empresas de las ciudades en las que prestan servicios, más allá de la labor social que desempeñamos y que son nuestra razón de ser. Dejar caer a este sector sería un grave problema para las personas con discapacidad y sus familias, pero no menos importante para trabajadores, empresas auxiliares y distintas administraciones en todo el territorio andaluz”, ha resaltado.

Al margen de las movilizaciones y de las reivindicaciones, la situación puede tener consecuencias directas. Castillo ha anunciado que las entidades que tienen servicios concertados, especialmente servicios de atención residencial y de centros de día y atención temprana, están ante “una delicada situación que puede derivar en el cierre de sus instalaciones y por tanto del servicio que prestan a las personas con discapacidad”.

Actualización automática

A juicio de CERMI Andalucía, actualmente los servicios que prestan están “en riesgo” por la imposibilidad de asumir los gastos que acarrean, ya que las tarifas están desfasadas y no cubren el gasto real. La entidad solicita la revisión al alza del coste plaza y la creación de un sistema automático de actualización de precios de los servicios. Para el movimiento de la discapacidad andaluza, “es fundamental realizar un estudio del coste real de sostenimiento de los centros y servicios para asegurar su sostenimiento a largo plazo y no depender, como hasta ahora, de mejoras puntuales basadas únicamente en disponibilidad y criterios presupuestarios, sino en un análisis previo y riguroso del coste real de los servicios”.

Para ello, como ya informó este medio, se propone un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización de su coste de forma automática y permanente conforme al IPC, además de tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en los centros y servicios de las entidades.

Las reivindicaciones de la discapacidad van dirigidas tanto a la Junta de Andalucía y como al Gobierno Nacional. Así, al Ejecutivo de Pedro Sánchez le exigen  que elabore y apruebe un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema y asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios. Por ello hay que incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración general del Estado (AGE), en función del número de personas en situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva; y así alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración.

CERMI prevé concentraciones en los centreos los días 24 y 31 de octubre, y acciones provinciales dos veces por semana (martes y jueves) durante todo el mes de noviembre. Así, buscan visibilizar las necesidades de financiación justa para sus entidades, con una manifestación final en San Telmo el 3 de diciembre, que culminará la campaña de reivindicación con una gran convocatoria.