En noviembre pasado la empresa Multiservicios Jabalcuz –responsable de la atención a domicilio en Jaén- tenía 204 empleadas. Según UGT, la renuncia a la prestación de la dependencia por parte del Ayuntamiento ha acarreado al pérdida de 45 empleos. Quedan en torno a 160 empleadas. De ellas, la cuarta parte -40- tienen contratos que oscilan entre las 10 y las 15 horas semanales.
“La empresa está facturando casi 6.000 horas menos al mes, de las que facturaba a comienzos de 2013”, explica Miguel Ángel Cazalilla, secretario de Salud y Servicios Sociales de UGT. A lo largo de 2013 se produjeron 78 bajas de usuarios –por fallecimiento- que no se han ido cubriendo con nuevos beneficiarios. A eso se suma que el decreto de exclusión –que añadió horas y propició el mantenimiento de contratos- finalizó en noviembre y la paralización del reconocimiento de nuevos usuarios -derivada de la polémica denuncia del convenio. La ecuación es simple: a menos usuarios, menos horas de trabajo y menos empleo. O más precario.
No es su único problema. “Vivimos una agonía. Todos los meses la misma pregunta ¿cobraremos o no?”, ha señalado la presidenta del comité de empresa de Multiservicios Jabalcuz, Maria del Carmen García. La semana pasada cobraron la nómina de enero y marzo ya está avanzado sin que haya noticias sobre la de febrero. El conflicto judicial entre el Ayuntamiento y Junta de Andalucía, a cuenta de la dependencia, acrecienta esas dudas.
El pasado 18 de febrero el alcalde reconoció que habían recibido 318.000 euros de la Junta por los pagos pendientes de noviembre y diciembre. Aseguró que una parte, algo más de 100.000 euros, se habían transferido a la empresa. Dijo que el resto había sido depositado en el juzgado número 3 de Jaén, que instruye la querella de la Junta contra el Consistorio por el abandono de la prestación. Al parecer no fue tan inmediato como dijo el alcalde. El ingreso se hizo varios días más tarde. El 27 de febrero, el empresario se personó en el juzgado con sus representantes legales para reclamar ese dinero.
Las trabajadoras se movilizan
Aún no ha recibido respuesta. Lo que sí sabe es que el juzgado ha pedido al Consistorio que explique por qué ha consignado el dinero en sede judicial. Cuando tenga la respuesta decidirá si entrega los fondos al empresario o los devuelve al Ayuntamiento. UGT cree que esta circunstancia facilitará que el depósito realizado en febrero sea el primero y el último que efectúa la Administración local. Sin embargo, el sueldo llega irregularmente a las trabajadoras. Por eso, han decidido en asamblea que van a movilizarse. Están tramitando los permisos para convocar concentraciones a las puertas de la empresa y ante el Ayuntamiento para exigir un procedimiento que les garantice regularidad en los pagos.
En su contacto diario con los usuarios del servicio, las trabajadoras perciben dos tipos de sensaciones. “Algunos están tranquilos porque ven que, a pesar de lo que está ocurriendo, nosotras no hemos dejado de atenderles ni un día”, explica María del Carmen García. Pero también los hay “con incertidumbre, porque vivieron el conflicto con Macrosad, cuando llegamos a convocar una huelga indefinida y tienen miedo por si se alarga el conflicto”. Por el momento, según García, la huelga no es una opción porque “el mayor coste recae sobre las trabajadoras, que lo pagan con su sueldo, y los usuarios que no reciben atención”.
Mientras tanto, el Ayuntamiento y la Junta siguen echando balones fuera sobre el proceso judicial. El primero acusa a la segunda de dilatar el procedimiento porque aún no ha formalizado la demanda que permitiría al juez dictar sentencia. Una nota de prensa con ese contenido fue la respuesta a la pregunta de eldiario.es/Andalucía sobre las explicaciones que el juez había pedido a propósito de la consignación de fondos.También reprocha que hace más de un mes que hay una propuesta de convenio en el que se pide una cuenta restringida para garantizar que el dinero de la dependencia se destina exclusivamente a este fin.
La Junta, por su parte, aventura sobre la formalización de la demanda que aún está en plazo y que, mientras tanto, “hay un auto judicial” al que debe atenerse el Ayuntamiento, según fuentes de la Administración autónoma, para que la prestación esté normalizada en tanto se resuelve el conflicto en los tribunales. Sobre la propuesta de modificación del convenio realizada por el Ayuntamiento a comienzos de febrero, la Junta no tiene respuesta.
Mientras sigue el tira y afloja, las empleadas de Multiservicios Jabalcuz vuelven a una situación que les es familiar: las movilizaciones ante la sede de la empresa y el Ayuntamiento. Algo que muchas de ellas vivieron cuando eran plantilla de Macrosad, la empresa que gestionaba el servicio de ayuda a domicilio hace tres años.