Sólo Extremadura y Comunidad Valenciana ofrecen apoyo a Andalucía para acoger a menores inmigrantes

Tres días después de la Comisión sectorial de Migración, el Gobierno andaluz ha abandonado el perfil bajo con el que salió de aquella reunión y ha mostrado públicamente su “insatisfacción” por la “falta de solidaridad entre territorios”. El encuentro entre el Gobierno central y las comunidades autónomas se saldó sin un acuerdo para repartir solidariamente a los menores extranjeros no acompañados, como había pedido Andalucía, que atiende al 36% del todos los niños inmigrantes. Fuentes conocedoras del encuentro han confirmado a eldiario.es/andalucia que sólo Extremadura y la Comunidad Valenciana se ofrecieron para acoger un cupo de menores inmigrantes para descargar parte del peso que soporta Andalucía.

El martes llegaron 477 inmigrantes a las costas andaluzas, rescatados de 20 pateras. Más de un centenar fueron llevados hasta el puerto de Motril, pero el centro de atención temporal de inmigrantes (CETI) y y otras dependencias deportivas del municipio estaban saturados, de modo que tuvieron que pasar la noche hacinados en el mismo barco de Salvamento Marítimo que les había rescatados. El Sindicato Unificado de Andalucía ha denunciado el hacinamiento del CETI, así como del polideportivo de Motril. Este jueves, el puerto de San Roque, en Algeciras, recibirá al buque de rescate Open Arms, que viaja con 86 inmigrantes a bordo. El Gobierno central le ha autorizado la entrada en Algeciras, como ya hizo hace meses con otro barco de rescate con más de 600 inmigrantes a bordo -el Aquarius-, aunque esta vez la política de acogida no será tan excepcional como lo fue con el Aquarius.

Los recién llegados no recibirán la consideración de refugiados ni un permiso de estancia temporal de 45 días por razones humanitarias, como ocurrió entonces. El trato que les ofrecerá España será el mismo que cada día otorga a los cientos de inmigrantes que llegan en pateras a las costas andaluzas. La ONG Proactiva Open Arms ha agradecido al Gobierno que le haya ofrecido el puerto de Algeciras, aunque hubiera preferido uno más cercano al punto en el que reclamaron la ayuda (dada las condiciones de salud de los tripulantes). El Ejecutivo central asegura que ha elegido Algeciras por criterios técnicos, aunque el centro de acogida de inmigrantes de esta zona está desbordado.

Ésta es la foto fija de la presión migratoria de Andalucía en un día cualquiera. Hoy miércoles, ayer martes, o mañana jueves, cuando está prevista la llegada del Open Arms (pero no se puede prever cuántas pateras serán rescatadas en el Estrecho). Esta foto fija es la que provoca tanto descontento en la Junta de Andalucía, que el lunes salió de vacío de la Comisión sectorial de Migración, sin el compromiso de otras comunidades para aliviar su presión migratoria en las costas. La reunión entre el Gobierno central y los autonómicos no sirvió para adoptar medidas concretas ni para inyectar recursos extra a las regiones que más soportan el fenómeno de la inmigración. El Gobierno de Pedro Sánchez y el de Susana Díaz reclamaron “un reparto solidario” de los menores extranjeros no acompañados, responsabilidad de las comunidades. La distribución ahora es muy desigual. Andalucía acoge a unos 3.700 de los casi 8.000 que hay en España, en torno al 36%, mientras que otras regiones no conocen este fenómeno ni gastan un euro en lidiar con ello. La tutela de menores inmigrantes requiere una intervención multidisciplinar: Educación, Salud, Bienestar Social, Justicia...

En la reunión del lunes en Madrid, que se prolongó cuatro horas, la mayoría de comunidades autónomas se negó a compartir el peso migratorio de Andalucía. Las mismas regiones que, meses atrás, habían aplaudido la decisión de Pedro Sánchez de ofrecer un puerto al Aquarius -repudiado por las autoridades italianas- y que se habían ofrecido a acoger a los inmigrantes que viajaban a bordo. Fuentes conocedoras del encuentro han confirmado a eldiario.es/andalucia que sólo Extremadura y la Comunidad Valenciana se ofrecieron para acoger un cupo de menores inmigrantes para descargar parte del peso que soporta Andalucía.

El Gobierno andaluz había enviado a dos consejeras a la Comisión Migratoria: la titular de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y la de Justicia, Rosa Aguilar. Ambas tuvieron que marcharse antes de que terminara el encuentro e hicieron un balance de la reunión el mismo lunes, a su salida. Fue una valoración de perfil bajo, apelando a la “coordinación nacional” y a una “solidaridad entre territorios” que, sin embargo, acababa de recibir un portazo por parte de muchas comunidades vecinas (no todas, por ejemplo Extremadura ha acogido esta misma semana a medio centenar de menores inmigrantes procedentes de Cádiz).

Sin embargo, el Gobierno andaluz ha cambiado drásticamente el tono este miércoles, una vez que el PP ha tildado de “fracaso” el papel de Andalucía en la Comisión Migratoria. Los populares acusan a la Junta de haberse vuelto “con las manos vacías”, sin fondos adicionales del Gobierno de Pedro Sánchez, y sin garantías para hacer frente a la “brutal presión migratoria” que están sufriendo las costas andaluzas este verano. La respuesta la ha dado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, a través de un audio grabado que ha sido remitido a los medios de comunicación (sin opción a preguntas). Tres días después de la reunión en Madrid, Sánchez Rubio muestra su “insatisfacción” por los resultados alcanzados en la última Conferencia Sectorial de Inmigración, ya que, finalmente “no se ha adoptado una actitud de solidaridad territorial” en la atención a la protección de los menores no acompañados que llegan a las costas andaluzas y ha reclamado al Gobierno medidas “directas” y “coordinadas”.

La consejera denuncia una “gran preocupación” por lo que está ocurriendo en este asunto, teniendo en cuenta que hasta el 31 de julio llegaron a las costas andaluzas más de 3.700 menores no acompañados y que han entrado en el sistema de protección de menores. “Estábamos convencidos de que se adoptaría una actitud de solidaridad territorial en atención a estos menores, pero finalmente no ha sido así”, advierte la consejera, quien ha reclamado al Gobierno que “retome” este problema y en la reunión del 5 de septiembre para abordarlo se tomen medidas “directas” para coordinar estas políticas y que “se haga de manera solidaria entre los territorios”.

Según Sánchez Rubio, es “absolutamente necesaria” la coordinación entre el Gobierno y las comunidades porque “el sistema de protección de Andalucía no puede abarcar la intensidad de llegadas de menores no acompañados a las costas andaluzas”.