Sombras y alguna luz en el escándalo de la Universidad de Cádiz
La semana informativa en Cádiz ha estado marcada por la noticia del derroche de dinero provocado por un uso inadecuado de tarjetas Visa por parte de algunos altos cargos de la Universidad de Cádiz (UCA) en un periodo comprendido entre 2007 y 2011, cuando era Diego Sales el rector de esta institución, noticia que adelantó Diario de Cádiz.
Incluso en una sociedad que está permanente bajo sospecha por los habituales casos de corrupción ha sorprendido esta revelación, ya que se trata de un estamento que debe dar ejemplo con unos valores innegociables. Conocer que con las tarjetas Business Oro y Mastecard Empresa se gastaron casi 400.000 euros y que, en algunos casos concretos, fueron asuntos superfluos como restaurantes, compras domésticas o copas han acabado con la paciencia de los estudiantes, que ven que los recortes que afectan a la educación no van en consonancia con este tipo de actos. Son nueve los mencionados (Diego Sales, Diego Torrres, David Almorza, Francisco Antonio Macías, José M. Rodríguez, Alejandro del Valle, Mercedes Dobarco, Laura Jane Howard y Francisco Álvarez), que ahora intentarán justificar los gastos que han aparecido vinculados a cada uno.
Por ello un centenar de alumnos se presentaron en el Claustro para protestar por el escándalo provocado por el anterior equipo de dirección de la UCA. Laura Mingorance, portavoz de la Asociación Estudiantil contra la precariedad, exige un ejercicio de democracia. “Hay que ir más allá de una auditoría, es necesaria una investigación. El actual rector tiene parte de responsabilidad, pues cuando tomó el cargo, allá por el 2011, se limitó a quitar las tarjetas y no abrió una investigación”.
“Llevo cuarenta años de trabajo exhaustivo. Nadie va a decirme ahora a mí cómo debo hacer las cosas”, contestaba con entereza Francisco Antonio Macías, vicerrector, que según los informes cargó 44 comidas en el restaurante Foster’s Hollywood en fines de semana.
Eduardo González Mazo, actual rector, no asume ninguna responsabilidad al respecto, pero promete una profunda investigación. “La UCA va a comprobar la aplicación de esos gastos uno por uno. De momento no tenemos constancia de que se haya producido irregularidad alguna en esos gastos. No hay descontrol en los gastos universitarios ni estas tarjetas se han usado de manera aleatoria. Sólo se usaron para funciones universitarias”.
Desde la UCA se cierran filas para aclarar la situación y en su web se desliza que los que protestaban este jueves no sólo eran estudiantes. “El normal desarrollo del Claustro se ha visto interrumpido por la entrada de un grupo de jóvenes, no todos estudiantes de la UCA, con la intención de expresar su malestar acerca de las informaciones aparecidas en los últimos días en los medios de comunicación. En el transcurso de sus intervenciones, atendida su petición de palabra y respetada su libertad de expresión por el rector y por todos los miembros del Claustro de la Universidad, han vertido manifestaciones que han atentado gravemente contra derechos democráticos y de convivencia básicos, como la presunción de inocencia y el respeto a la persona. El Claustro manifiesta su rechazo por unas actuaciones ajenas al comportamiento universitario, dirigidas contra una institución que presta un servicio público fundamental a la sociedad”.
La alarma social es un hecho en Cádiz por este motivo y en la Universidad gaditana son conscientes de ello. La gran pregunta es por qué se ha conocido esta circunstancia ahora, casi cuatro años después de que se cerrara el grifo a las famosas tarjetas. Circulan rumores de que pudo ser un profesor el que lo filtrara por una vendetta contra el anterior equipo de gobierno y también que se trata de una maniobra electoral pensando en las elecciones universitarias de 2015.
Los nombres que circulan como despilfarradores afectan tanto a aquellos que tiene casi imposible justificar gastos, como sucede en los casos del propio Diego Sales, que gastó unos 85.000 euros, y Francisco Antonio Macías, que habría gastado unos 30.000, como otros que están trabajando para demostrar que sus viajes y gastos sólo responden a necesidades de la labor que desempeñaban en aquellos momentos. El catedrático de Historia Alberto Ramos ha usado su blog personal para defenderse de las acusaciones de haberse aprovechado de ese dinero en un viaje a México en 2011. Incluso muestra para ello un extracto bancario. “Debe quedar claro que nos pidieron que fuéramos a México con motivo del Bicentenario de la Constitución de 1812, Marieta Cantos como vicerrectora responsable del Bicentenario en la UCA, y yo. La UCA pagó los billetes según el convenio suscrito con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que establece que la universidad que viaja abona los billetes, y la universidad receptora la estancia, por eso no hay pagos de hotel con cargo a la UCA. Todo ello podría haber quedado claro desde el primer instante si el periodista hubiese contrastado la información, si simplemente nos hubiese preguntado antes de contribuir al equívoco, pero no lo hizo”.
Es la única vía posible en este caso: demostrar con papeles que las informaciones aparecidas afectan a los que no han incurrido en gastos impropios de las obligaciones profesionales. Por ello la UCA está pidiendo una cuantificación detallada de los gastos. No se hizo cuando accedió al poder González Mazo, que sí firmó un plan de contención de gastos en 2011 que acabó de raíz con las tarjetas por dos motivos: por una cuestión presupuestaria y por las dudas que podían dejar en el aire.
No se entiende en el seno de la Universidad que se ponga en duda la necesidad de los viajes que aparecen en los informes filtrados a la prensa cuando este organismo ha apostado desde hace años por la internacionalización al suponer una búsqueda efectiva de recursos externos. Con los recortes presupuestarios no se llegan a las cifras mínimas para ofrecer un producto de calidad y por ello se aboga por los programas internacionales, que nutren casi en un 80% de los ingresos totales, según fuentes de la UCA, junto a la subvención de la Junta de Andalucía.
Así pues, desde la Universidad se quiere perseguir a los que han incumplido el código ético Mariano Peñalver, que fue el primer rector elegido democráticamente. Pero también existe el convencimiento de que hay que salvaguardar la decencia de los profesionales que han obrado correctamente por encima de lo que consideran maniobras demagógicas, como son las que mezclan el asunto de las tarjetas con los recortes en la becas, cuando son partidas distintas. La intención es que los culpables devuelvan el dinero gastado de manera innecesaria y, también, separar el polvo de la paja para que la Universidad no esté manchada por la actitud individual de algunas personas.
