Hasta 1.900 hectáreas de cultivos ilegales de Doñana se beneficiarán de la amnistía en marcha, un 30% más de lo previsto

¿Cuántas hectáreas de cultivos que ahora se riegan de manera ilegal esquilmando el acuífero en el entorno de Doñana pueden ser amnistiadas si prospera la proposición de ley que este miércoles defienden en el Parlamento andaluz PP, Cs y Vox? La cuestión no ha estado muy clara desde que se supo de esta iniciativa, ante el choque de cifras contradictorias: la propia proposición de ley apunta a 1.600 hectáreas, pero la organización ecologista WWF –que siempre maneja sobre el terreno información muy fiable– habló desde el principio de 1.461 hectáreas, cifra que dio por buena hasta la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) pero que ahora la entidad ambiental ha corregido: son en concreto 1.903,7 hectáreas, un 30% más de su cálculo inicial.

Así lo estipula un estudio técnico que WWF ha encargado a un consultor independiente, que ha analizado la planimetría y las imágenes por satélite. “Es un informe que se podría llevar al juzgado porque sigue una técnica pericial”, ha apuntado este martes Juanjo Carmona, abogado y coordinador de la Oficina para Doñana de WWF, que incidía en que esto tira por tierra la versión que ahora defienden los impulsores de la medida de que en realidad son 800 hectáreas las que se regularizarían. La diferencia entre la cifra que ahora postula el PP y la que aportan los ecologistas es más que sustancial, concretamente del 138%.

Felipe Fuentelsaz, coordinador de proyectos de agua y agricultura de WWF, reconocía que se puede decir que estamos ante un estudio que ha hecho WWF, “pero si alguien tiene un mapa diferente que lo muestre y lo discutimos”. El informe, de hecho, es el único que existe porque “la proposición de ley se presenta sin una mínima documentación técnica, no es serio llevar esto así al Parlamento”, además con la connivencia del Gobierno andaluz, lamentaba Carmona por su parte.

El cálculo hasta llegar a 1.903 hectáreas

¿Y de dónde salen estas nuevas hectáreas hasta llegar a 1.903? El estudio cifra en 1.432,4 las hectáreas de cultivo en suelos agrícolas de secano que ahora mismo están extrayendo de manera ilegal agua de Doñana, a las que habría que sumar otras 471,3 hectáreas que podrían acogerse a la proposición de ley gracias a un aspecto al que hasta ahora se le ha prestado menos atención: la reforma de la Ley Forestal de Andalucía que propugna el texto legal, lo que permitiría cambiar el uso de estos terrenos (en los que se está cultivando) de forestal a agrícola.

Además de esta norma, la proposición de ley busca sobre todo modificar el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, aprobado en 2014 por la Junta y más conocido como Plan de la Fresa. WWF, que por cierto critica que sólo se han ejecutado el 17% de las medidas de este documento, recuerda que el plan estipuló entonces que se podía regularizar el 80% de la superficie que se cultivaba entonces. Esto no sólo no se llevó a la práctica, sino que desde entonces los cultivos que roban agua han crecido en 210 hectáreas.

Las 1.903 hectáreas que se podrían indultar suponen un 20% de la superficie de regadío actual, una situación que “no se puede soportar porque no hay agua”. Pero lo cierto es que a día de hoy están regando, lo que supone que extraen del acuífero de Doñana 7,2 hectómetros cúbicos al año si nos atenemos al consumo oficial que en teoría tiene una hectárea de estos cultivos (básicamente de frutos rojos), pero la cifra se dispara hasta 8,9 hectómetros si nos atenemos al consumo real. 

Un tercio del agua que se puede extraer

Para hacernos una día, estas cifras suponen entre dos y dos meses y medio del agua que gastan los 1,1 millones de personas de la principal área metropolitana de Andalucía, la de Sevilla. Y es también un tercio del total del agua que, según el Instituto Geológico y Minero de España, se puede extraer de un acuífero al que la CHG declaró sobreexplotado en 2020.

La situación desde entonces no ha hecho más que empeorar por la sequía que viene arrastrándose y que ya dibuja un panorama muy alarmante. De hecho, si se hubiese evitado este robo de agua desde que se aprobó el Plan de la Fresa se habría evitado el expolio de entre 50 y 60 hectómetros cúbicos de agua del acuífero, con lo que no estaría en una situación tan delicada como la actual y sería un recurso del que podrían disponer los agricultores que tienen licencia para ello.

Los ecologistas también han rebatido el mantra de que con la proposición de ley se reconocen supuestos derechos históricos de tierras que ahora no tienen permiso para regar, porque “si es ilegal no puede dar lugar a ningún derecho”. Aquí WWF sí está dispuesta a que se intente dar solución en el foro adecuado (que sería el Consejo de Participación de Doñana) a la situación de pequeños agricultores, “pero hablamos de algo muy concreto, de 40 o 50 hectáreas, nada más porque ya se transigió bastante”.

Los tribunales amparan el Plan de la Fresa

Asociada a los derechos históricos hay según Carmona “otra falacia”, que es que se dejó a fincas fuera del plan de ordenación, cuando en el Plan de la Fresa están todas las tierras, otra cosa es la consideración que tengan: protegidas, forestales y agrícolas de secano o de regadío. Prueba de ello es que desde 2014 se han presentado más de 160 reclamaciones en los tribunales “y ni uno solo ha anulado un artículo, lo ha considerado inaplicable o no conforme a derecho”.

Así que con todos estos argumentos sobre la mesa, WWF vuelve a reclamar a PP, Cs y Vox que retiren una iniciativa legislativa “con premisas falsas, ausencia de datos y que se basa en una decisión política, no técnica”. “Esto al final es una amnistía, y entonces ¿quién se va a tomar en serio las leyes?”, se preguntaba de manera retórica Carmona, por no hablar del “efecto llamada” ante la sensación de impunidad y el malestar que está generando en Bruselas, el Parlamento europeo y la Unesco, que concedió a Doñana la condición de patrimonio de la humanidad.

“La proposición de ley lo que ha hecho es enfurecer a los mercados, a los organismos internacionales y los propios agricultores”, y es que los que riegan de manera legal son conscientes de que “no va a haber agua para todo el mundo”. Y a esto hay que añadir “daños indirectos incalculables” a la imagen del sector de los frutos rojos en plena campaña, con Europa frotándose los ojos ante lo que puede ocurrir: este martes volvía a salir un nuevo artículo en la prensa internacional, en este caso en el rotativo británico The Guardian, “pero en las próximas semanas van a venir muchos más periodistas europeos”.