Desde hace nueve años, el gasto del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en productos farmacéuticos no para de crecer. Lo hace desde 2015, pero especialmente desde que, tras la llegada del PP y Ciudadanos al Gobierno, la Junta de Andalucía fue eliminando progresivamente las subastas de medicamentos, un mecanismo impulsado por los socialistas para abaratar esta factura, muy criticado por el sector y por el propio PP.
La hemorragia presupuestaria que supone destinar un 50% más que hace una década a pagar las recetas, que suponen ya un tercio del gasto sanitario total, es notable y afecta a otras arterias principales del presupuesto sanitario, de las que se han detraído recursos. La Junta de Andalucía busca cómo taponar esa brecha, por la que en 2023 se marcharon unos 2.500 millones de euros.
A este cóctel se añade que también busca dinero debajo de las piedras para pagar los conciertos con los que pretende reducir el aumento desbocado de las listas de espera. En febrero, el SAS anunció un plan de choque, con una partida extraordinaria de 120 millones para siete nuevos contratos, sin publicidad y a dedo, con clínicas privadas que asuman parte de la carga quirúrgica. Gran parte de ese dinero, 89 millones, se obtienen del gasto farmacéutico, al que se da un tajo vía modificación presupuestaria.
¿Cómo sacar 89 millones de una partida que en los últimos años no ha hecho más que crecer? El SAS cree haber dado con la fórmula: se trata de dar preferencia a los medicamentos genéricos (aquellos que, después de finalizar el periodo de exclusividad que da la patente al medicamento de referencia, utilizan la misma molécula a menor precio), asegurándose la colaboración económica (y aparentemente desinteresada) de los farmacéuticos. A comienzos de abril, el SAS y el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof) suscribieron un acuerdo, que incorporaron al convenio que regula sus relaciones: a partir de ahora, las farmacias “priorizarán” los genéricos, y luego restarán (a través del Cacof) el 5% de la factura de esos genéricos que pasan al SAS.
Inicialmente, la idea del SAS era obligar a los farmacéuticos a dispensar el genérico si el médico prescribía el principio activo, pero el plan se acabó descartando por la rebelión de los farmacéuticos. “Esa idea nunca se plasmó por escrito”, subraya Ernesto Cervilla, vicepresidente del Cacof. En su lugar, se ha optado por una fórmula intermedia.
La motivación no se esconde: “El continuo crecimiento en el gasto farmacéutico y la actual situación económica hacen necesario que los principales agentes implicados colaboren para contribuir a garantizar la sostenibilidad de la prestación farmacéutica”. Está por ver si el torniquete es suficiente para taponar la herida. “Nos llamó la administración diciendo que le gustaría que contribuyéramos a contener el gasto”, confirma Cervilla.
Cervilla asegura que las ventas de genéricos han aumentado un 20% en Andalucía en el mes que la medida lleva en vigor. El problema es que la medida ha tropezado ya con dos imprevistos. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), dependiente del Gobierno central, ha advertido de que irá a los tribunales si Andalucía mantiene este mecanismo, que entró en vigor en mayo; y, además, un grupo de esos farmacéuticos ha presentado ante el juzgado un recurso, porque entienden que esto les detrae injustamente de sus ingresos.
Consideran que los convierte “de manera forzosa en ”cofinanciadores“ del gasto público sanitario andaluz”, que atenta contra normativa básica estatal y que el Cacof carece de legitimación para firmar un acuerdo así. En el recurso, firmado por el despacho Roca Junyent - Gaona, Palacios y Rozados, piden la paralización cautelar de la adenda. También Farmaindustria ha recurrido.
Catalina García, consejera de Salud, aseguró este martes, al terminar el Consejo de Gobierno, que todo está atado y supervisado por el gabinete jurídico, y que existe un informe justificativo. Sin embargo, su departamento, que no ha facilitado ese informe, aún rumia la respuesta que dará al requerimiento de la CNMC. Tiene un mes para hacerlo.
Además, se entrevé otra variable, que atañe al grado de representatividad del Cacof, que ha suscrito un acuerdo con el SAS con el que algunos colegiados se sienten perjudicados. Cervilla asegura que la decisión siguió los cauces colegiales, y resta peso a las críticas internas en un colectivo que supera los 12.000 farmacéuticos y las 3.800 farmacias en Andalucía. “Más dolientes eran las subastas y no cerró ninguna farmacia en Andalucía”, dice: “Hemos valorado el impacto económico, y a las de viabilidad económica comprometida las hemos sacado del acuerdo. Y cualquiera está en su derecho de no estar de acuerdo”.
El farmacéutico subraya que la venta de genéricos va en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En España rondan el 65%, por debajo del resto de Europa. En Alemania rondan el 85%, según Cervilla. “Se anima a usarlo porque genera competencia y baja el precio, lo que facilita el acceso y favorece la calidad de vida”, defiende.
Preguntado por en qué beneficia el acuerdo a los farmacéuticos, cree que ayudará a mejorar la rentabilidad facilitando la gestión del stock de medicamentos. Hay unas 14.000 referencias farmacéuticas, con muchas duplicidades. “Un principio activo y muchas marcas: es imposible tenerlas todas. Dispensar genéricos cuando se receta el principio activo [algo que ocurre en el 95% de los casos, según el farmacéutico] facilita la gestión”. “Cuando lo explicas, mucha gente ve que es bueno para las farmacias y para la sostenbilidad del sistema”.
“La explicación es que el SAS tiene la sartén por el mango. O nos doblegamos a esto o tenemos la espada de Damocles de la subasta, porque la ley no está derogada sino suspendida. En cualquier momento la pueden recuperar, y eso es peor para nosotros”, comenta un farmacéutico de un pueblo pequeño, cuyo porcentaje de ventas de genéricos supone más del 60%. En la mayoría de casos desconocen el alcance exacto de la medida en sus cuentas, porque hasta ahora el colegio no emitía el desglose.
La consejera Catalina García aseguró en marzo que no retomaría el modelo de subastas, que los socialistas siguen reivindicando como fórmula idónea para cuadrar las cuentas. Con este sistema, los boticarios estaban obligados a dispensar el medicamento genérico del laboratorio que hubiera ganado la subasta (a la baja), cada vez que un paciente acudía con una receta que prescribiera el principio activo. Cervilla asegura que nadie les ha “amenazado” con volver al sistema, que los farmacéuticos siguen rechazando: “Teníamos muchos problemas de abastecimiento. Si llegamos a estar en subasta en pandemia, con los medicamentos viniendo del mercado asiático, que estaba cerrado, habríamos tenido problemas de abastecimiento gravísimos”.
Por ahora, el Gobierno de Moreno no ha logrado contener el incremento del gasto farmacéutico, aunque en los últimos ejercicios ha reducido su aceleración. Según la serie estadística de indicadores de gasto farmacéutico y sanitario que publica el Ministerio de Hacienda, tocó suelo en Andalucía en 2015, cuando el SAS abonó 1.587 millones de euros en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación. A partir de entonces, crece sin parar, disparándose tras la llegada del PP al Gobierno andaluz: 1.624 millones en 2016, 1.654 en 2017 (+1,85 de variación interanual), 1.715 en 2018 (+3,6%); y, ya con el Gobierno de Juan Manuel Moreno, 1.729 en 2019 (+0,08%), 1.894 en 2020 (+9,5%), 2.192 en 2021 (+15,7%), 2.321 en 2022 (+5,8%) y 2.379 en 2023 (+2,4%).
El incremento más notable se dio entre 2020 y 2021, coincidiendo con la eliminación progresiva de las subastas, que el propio Moreno prometió suprimir cuando era candidato. Las finiquitó en diciembre de 2020, cuando venció el último convenio que las sostenía. Desde 2015 el incremento es 792 millones de euros, un 50% más. A nivel estatal también se produjo un crecimiento, pero de rango muy inferior: 35%.
La Junta de Andalucía suele aludir al envejecimiento de la población como factor determinante del crecimiento del gasto, pero esta tesis encaja mal con el hecho de que una población envejece paulatinamente, no en dos años. De 2015 a 2023, la edad media de la población andaluza ha pasado de los 40,69 a los 42,96, según el INE. Andalucía es la tercera comunidad más joven, muy por debajo de la media nacional (44,18).
Este incremento del gasto farmacéutico preocupa al SAS y a los guardianes del Presupuesto, obligados a hacer contorsionismo numérico quitando dinero de algún sitio para ponerlo en la compra de medicamentos. En diciembre de 2021, cuando el gasto por esta partida crecía al 15%, la Consejería de Hacienda emitió un informe advirtiendo de su “especial preocupación” por la evolución del coste de la prestación farmacéutica y poniendo el énfasis sobre la supresión de las subastas.
La Dirección General de Presupuestos subrayaba que estos descuadres obligan a detraer “necesariamente” recursos de otras consejerías. El problema es más acuciante en un momento en que las estrecheces en gasto sanitario aprietan más, porque hay que pagar los convenios suscritos, a dedo y sin publicidad, para reducir las listas de espera.
Al cierre de 2023, los andaluces que esperaban a ser intervenidos o a una cita con el especialista eran más de un millón, el 12% de la población. Esta semana, la consejera ha anunciado que la lista de los que estaban fuera del plazo garantizado por ley ha empezado a reducirse, y Moreno ha destacado que se han operado un 10% más de andaluces de los que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, en esta mejora no ha influido el dinero que se tomó del gasto farmacéutico. Para comprobar su eficacia habrá que esperar a próximas actualizaciones de las listas de espera.
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