Eduardo Torres-Dulce se queja en Huelva de la escasa productividad de la Justicia española
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ha mostrado hoy en Huelva muy crítico con el funcionamiento del sistema judicial español. “En España nunca se hace un trabajo de campo antes de crear las leyes. No se llevan a cabo los estudios previos que comprueben su eficacia”, ha declarado en el marco del XIV Congreso de Justicia Penal de la Universidad onubense.
Torres-Dulce ha cifrado en un 3% la productividad de la justicia en España. Y ofrece otros datos para explicarlo: “De los 4,5 millones de procedimientos, solo llegan a la fase de acusación 304.000 y más de la mitad concluyen con una conformidad. Solo el otro 50% acaban en un juicio plenario”. El fiscal general del Estado insta a “preguntarse por qué lo estamos haciendo así y por qué se multiplican los papeles para un mismo hecho”.
Por otra parte, opina que existe un “déficit de seguridad jurídica”. “Tenemos una dispersión normativa y regulatoria sencillamente inasumible. No hay coordinación entre la justicia central, autonómica y local. No hay ningún país en el mundo con mayor desorden en las decisiones judiciales”, ha declarado en un argumento desarrollado en la conferencia ‘La Administración de Justicia en España ante los desafíos de la crisis económica internacional’.
Torres-Dulce concluye que “la justicia española está mal preparada para enfrentarse a los nuevos retos económicos y sociales”, en referencia a la crisis actual. “Durante el largo periodo anterior de crecimiento económico, la eficiencia y la eficacia en la justicia apenas han recibido atención. Y no hemos atendido las recomendaciones exteriores como otros países”, ha defendido en Huelva después de quejarse de “la gran cantidad de asuntos que se intentan llevar a los tribunales, sobrecargando algunas de las especialidades de la jurisdicción laboral, contencioso-administrativo, civil e incluso penal”.
El fiscal, no obstante, avisa de que la única solución no es modificar leyes. En este sentido, ha comentado que “las modificaciones tienen un altísimo coste presupuestario. Hay que optimizar mejor los recursos, gestionarlos mejor e intentar encontrar dentro de la administración los mejores caminos para hacer una justicia más rápida, más eficaz y cercana a los ciudadanos”.
