En un tiempo tan marcado socialmente por la salud, resulta imprescindible también en el ámbito laboral. Resulta vital nunca mejor dicho. En nuestro país mueren cada año más de 700 trabajadores y trabajadoras. En Andalucía, en 2020 más de un centenar perdió la vida, evidenciando que la prevención de riesgos laborales en España es “más formal que real”. “La salud y la seguridad en el trabajo deberían ser cuestiones de primer orden en la agenda política a nivel mundial, pero desgraciadamente no es así”, lamenta el manifiesto por el Día Internacional para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que se conmemora este miércoles 28 de abril.
Fue la fecha que eligió el movimiento sindical para recordar a los compañeros que perdieron la salud y la vida en accidentes de trabajo o por enfermedades de origen laboral, así como para denunciar las precarias condiciones de trabajo que están en el origen de esos daños. Pese a ese esfuerzo reivindicativo, el pasado año el número de accidentes de trabajo mortales, lejos de disminuir, ha aumentado un 2% en España y un 9% en Andalucía pese al evidente descenso de la actividad económica provocado por la pandemia. Para UGT se trata de unas “cifras inasumibles” que hacen “prioritarias y urgentes medidas dirigidas a la mejora de las condiciones de trabajo, unidas al cambio normativo necesario para adaptarnos a las nuevas realidades, así como el refuerzo de la Inspección de Trabajo para luchar contra el elevado grado de incumplimiento de la ley”.
Según los sindicatos que firman conjuntamente el documento, esa circunstancia pone de manifiesto que “la seguridad y salud en el trabajo se está dejando en un segundo plano en las empresas y administraciones”. Andalucía, por ejemplo, es una de las comunidades autónomas que menos enfermedades profesionales declara teniendo en cuenta la población asalariada, “lo que imposibilita la prevención de múltiples patologías con el entorno laboral, algunas de ellas muy graves o mortales, como por ejemplo, los cánceres de origen laboral”.
Al igual que en otros ámbitos, en el 28 de abril de este año toca hacer balance de un año de pandemia y de sus efectos en la seguridad y la salud en el trabajo. Un año en el que “se ha puesto de manifiesto de manera dramática la contradicción entre la salud y la vida y las presiones para mantener la actividad económica mucho más allá de lo que aconsejaban los expertos en salud pública”, reza el documento sindical. “Han sido las plantillas de los sectores ya conocidos como esenciales quienes han sufrido los estragos del virus de manera más directa y en muchas ocasiones sin el debido reconocimiento por parte de las autoridades”.
Recientemente, recuerda el manifiesto, se ha asimilado la Covid-19 a enfermedad profesional en el caso de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, en lugar de un accidente laboral, como se venía haciendo hasta el momento. UGT y CCOO Andalucía considern “insuficiente” esta medida y exigen que la Covid-19 se incluya en el listado español de enfermedades profesionales, extendiendo esta cobertura a un mayor número de profesiones expuestas al riesgo y sin limitación temporal.
Cáncer de origen laboral
En todo caso, “2021 debe ser el año que marque el inicio del fin del inmenso problema del cáncer de origen laboral”, apunta el manfiesto. “La falta de reconocimiento de los cánceres de origen laboral es un grave problema que está privando a los afectados de las prestaciones derivadas de la contingencia profesional”. Los sindicatos quieren presionar para que las modificaciones de la Directiva Europea sobre protección frente a la exposición a cancerígenos y mutágenos sean traspuestas en tiempo y garantizando la máxima protección de la salud de los trabajadores. También van a seguir reivindicando la trasposición de la Directiva para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, entre las que se encuentra el gas radón, que causa cáncer. Por otro lado, este mes ha comenzado la tramitación en el Congreso de los Diputados de la proposición de Ley para la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, una reivindicación formulada desde hace décadas por los sindicatos y las asociaciones de víctimas.
“Tras 25 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos, los daños a la salud en el trabajo siguen estando presentes en nuestro día a día. Seguimos lejos de alcanzar el objetivo que se marcó de conseguir interiorizar la prevención de riesgos en las empresas, al contrario, tenemos que seguir denunciando la mercantilización de la salud laboral”, se lamenta en el manifiesto.
UGT, junto a CCOO, vuelve a reclamar la “plena integración de la salud laboral en la salud pública”, con mayor convencimiento desde la experiencia de la pandemia, lo que exige “una mayor coordinación entre la Consejería de Salud y Familias y la de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo”. “Vamos a seguir demostrando que la salud y la seguridad en el trabajo es una de las líneas prioritarias de nuestra acción sindical, tal y como lo demuestran día a día en los centros de trabajo las delegadas y los delegados de prevención. UGT y CCOO aseguran apostar para que ”el trabajo sea digno, de calidad y libre de riesgo“. ”Que no se antepongan otros intereses a la salud o a la vida de las personas. Nadie debería tener que elegir entre trabajo y salud“, concluyen.
Propuestas de UGT para reducir la siniestralidad laboral
UGT Andalucía tiene varias propuestas para reducir las cifras de siniestralidad laboral, entre ellas un aumento significativo del cuerpo de inspectores y subinspectores de Trabajo, así como también, de técnicos habilitados de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para que puedan llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento efectivo de la normativa en prevención de riesgos, así como también de todas aquéllas medidas establecidas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
El sindicato quiere también continuar incidiendo en la inclusión en los centros de salud de médicos especializados en Medicina del Trabajo, de forma que contribuyan al afloramiento de las enfermedades profesionales. UGT considera también importante la creación de la figura del Delegado de Prevención Sectorial o Territorial, sobre todo para atender a aquéllas empresas sin representación sindical, de menos de diez trabajadores. Asimismo, aboga por priorizar la seguridad y la salud de los trabajadores frente a intereses y beneficios económicos en las empresas, garantizando el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Asimismo, UGT considera que la formación en materia de prevención de riesgos laborales es fundamental, estando el empresario obligado a impartirla entre sus trabajadores. El incumplimiento de esta obligación debe ser sancionado duramente, ya que pueden evitar muchos accidentes, opinan desde el sindicato. UGT también apuesta por la implantación de un Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral, incidiendo en los factores de riesgos psicosociales. Por último, el sindicato apuesta paralelamente por acabar con la precariedad laboral (contrato temporal y a tiempo parcial obligatorio) y por crear un juzgado y una fiscalía específica para la siniestralidad laboral.
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