La crisis sanitaria, económica y social derivada de la Covid-19 está dejando a muchas familias en una situación de pobreza sobrevenida. Los datos ya eran malos: en Andalucía, un 37,7% de la población se encontraba en situación de pobreza o exclusión en 2019, según la tasa AROPE, que continuaba estando por encima de la media nacional (25,3%). Nuestra comunidad es la tercera con una tasa de riesgo de pobreza más alta, sólo superada por Extremadura (44,3%) y Canarias (40,2%).
Las cifras del paro también evidencian la complicada situación para miles y miles de familias. De los datos del IV Trimestre de la Encuesta de Población Activa se desprende que los hogares en España con todos sus miembros en paro subieron en 2020 en 183.900, un 18,1% más respecto a 2019 hasta situarse en 1.197.000, la mayor cifra desde el año 2017. De acuerdo a la EPA, el 12,98% de los hogares andaluces tiene a todos sus miembros en paro.
El desolador escenario obliga a las administraciones públicas a dar respuestas inmediatas para garantizar los recursos necesarios a las familias más vulnerables para que puedan hacer frente a esta crisis. De un tiempo a esta parte, la Renta Mínima de Inserción Social que ofrece la Junta de Andalucía y el Ingreso Mínimo Vital aprobado hace casi un año en el Congreso de los Diputados de España se han convertido en ayudas más necesarias que nunca. Pero la realidad no se dibuja tan fácilmente.
Trabas administrativas
En Andalucía, desde enero de 2018 se puso en marcha la Renta Mínima de Inserción Social tras un amplio consenso de partidos políticos y de organizaciones sociales y sindicales, entre las que se encontraba UGT Andalucía. Es una prestación económica que tiene consideración de derecho subjetivo dentro del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía con el objetivo de garantizar la atención a las situaciones de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, y promover su inclusión e integración social y laboral incorporando un itinerario a través de un plan de inclusión sociolaboral.
Para UGT Andalucía, la Renta Mínima de Inserción Social se constituye como una de las herramientas más potentes y eficaces para dar respuestas y protección a las familias que se encuentran en situación de extrema necesidad, haciéndose efectiva una de nuestras reivindicaciones históricas. No obstante, desde su aprobación, su gestión y tramitación no ha sido lo suficientemente efectiva, y así lo hemos ido poniendo de manifiesto, al haber ocasionado largas listas de espera, falta de personal encargado de gestión y tramitación, colapsos en los servicios sociales comunitarios, dificultad para cumplir los requisitos marcados por las personas potencialmente beneficiarias, escaza o nula vinculación de la prestación económica al plan de inclusión, entre otras. UGT considera necesaria una revisión y modificación de la normativa que la regula, adaptándola a las necesidades de las familias que más la necesitan.
Por otro lado, en junio de 2020 el Gobierno Central aprobó el Ingreso Mínimo Vital, que ha supuesto un hito en las políticas contra la pobreza en España, como una nueva prestación económica no contributiva dentro del Sistema de Seguridad Social, con carácter de derecho subjetivo, que tiene por objeto prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas o unidades de convivencia cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas. Desde el sindicato recuerdan que la aprobación de esta renta ha supuesto, además, el cumplimiento a una reivindicación histórica de UGT. De hecho, hace cinco años presentó, junto a CCOO, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Prestación de Ingresos Mínimos en el Congreso, avalada por 710.000 firmas;
El Ingreso Mínimo Vital se presenta como una oportunidad para Andalucía, para ampliar la cobertura tanto en número y tipo de personas, como de la prestación económica, para luchar contra la de desigualdad, poniéndose a la altura de otras comunidades autónomas en nivel de prestaciones. Pero, después de casi un año desde su aprobación, la gestión y tramitación no está respondiendo a las expectativas creadas, dejando a muchas familias sin ningún tipo de ingresos debido a las innumerables trabas administrativas en cuanto a la solicitud, largos tiempos de espera para resolución y percepción del mismo, etc.
Compatibilidad y/o complementariedad
Para muchas andaluzas y andaluces, este estado de 'stand by del IMV', imposibilita el poder solicitar la Renta Mínima de Inserción de Andalucía, puesto que ésta tiene carácter subsidiario respecto a otras prestaciones. Por ello, ambas situaciones están conllevando a dejar sin cobertura a muchas personas. En Andalucía, como en todas las comunidades autónomas, nos encontramos ante la convivencia de estas dos prestaciones, con carácter de derecho subjetivo, dirigidas a personas de muy escasos recursos y que persiguen el mismo objetivo. Por eso, UGT considera que la Junta debe dar respuesta inmediata de modificar su prestación en Andalucía para que permita la compatibilidad y/o complementariedad de las dos prestaciones y no dejar ninguna familia atrás.
Ante esta convivencia de prestaciones nos encontramos con personas que, estando en situación de pobreza y/o exclusión, no están dentro de situaciones que protege el Ingreso Mínimo y deberán ser atendidos por la Renta Mínima. También suceden casos en los que las personas beneficiarias coinciden en los dos sistemas de renta y resulta necesario que la renta autonómica deba ser complementaria a la estatal.
Desde el sindicato UGT, y con objeto de solventar esta situación, se va a seguir reivindicando en Andalucía que se refuerce la dotación presupuestaria de la Renta Mínima de Inserción de Andalucía, se refuerce el personal encargado de su gestión y tramitación, que se amplíe su cobertura, que el procedimiento sea más ágil y efectivo y que permita la compatibilidad y/o complementariedad de las dos prestaciones. El fin últmo es resolver las necesidades de las personas sin los ingresos básicos necesarios para que puedan tener una vida digna.
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