El Gobierno de Aragón veta nuevas granjas en 11 pueblos: no pueden soportar más estiércol
El crecimiento de la ganadería intensiva se ha terminado para once municipios aragoneses. Los departamentos de Vertebración del Territorio y de Desarrollo Rural están preparado una orden por la que vetarán la instalación de nuevas granjas o la ampliación de las existentes en sus términos municipales salvo que los proyectos incluyan un plan de gestión de los estiércoles y los purines que evite que vayan a parar a los campos.
La nueva norma, que se encuentra en periodo de información pública, señala como municipios cuyo índice de carga ganadera supera los 220 kilogramos de Nitrógeno por hectárea y año los de Albalatillo, Alfántega, Altorricón, Castillonroy, Sena y Vencillón en Huesca; Mirambel, Monroyo y Peñarroya de Tastavins en Teruel y Mainar y Villarreal de Huerva en Zaragoza.
El plazo de quince días hábiles para presentar alegaciones a esta iniciativa del Gobierno de Aragón pasó prácticamente desapercibido, ya que el anuncio fue publicado en la edición del BOA (Boletín Oficial de Aragón) del 31 de diciembre, en pleno puente de fin de año.
A partir de la entrada en vigor de la orden en ellos “no se podrán autorizar instalaciones de ganadería intensiva o ampliaciones ganaderas de estas, salvo que se presente un plan de gestión de los estiércoles mediante sistemas alternativos al de la aplicación directa como fertilizante”, establece el texto, que remite a las Directrices Sectoriales sobre actividades e Instalaciones Ganaderas.
Moratoria y sistemas alternativos
Estas determinan para estos casos “el establecimiento de una moratoria temporal para la instalación o ampliación de explotaciones ganaderas cuyos proyectos contemplen la aplicación de estiércoles, en superficies agrícolas del municipio”, y la prohibición de “realizar aplicaciones agrícolas de estiércol de explotaciones ubicadas en otros municipios” en sus tierras. Salvo, en ambos casos, que se trate de proyectos sobre “métodos de tratamiento alternativo”, para cuyos ensayos esos pueblos pasan a ser escenarios prioritarios.
La orden, por otra parte, descarta que ninguno de los más de 120 municipios bajo cuyos términos discurren acuíferos considerados vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de los purines supere el límite oficialmente tolerable de 170 kilos por hectárea y año.
No obstante, ocho de los once incluidos en la lista de los que soportan una carga de más de 220 se encuentran en áreas vulnerables. Concretamente, Mirambel se ubica sobre el acuífero del Alto Maestrazgo; Monroyo y Peñarroya, sobre los de los Puertos de Beceite y el río Tastavins; Mainar y Villarreal, encima del sistema subterráneo Huerva-Perejiles; Altorricón y Vencillón, en el área de la Clamor Amarga, y, por último, Sena, en la zona de escorrentías del barranco de Valcuerna.
Estos once municipios son los primeros de la comunidad en sufrir este tipo de restricciones derivadas de la ganadería intensiva, en el que el desmesurado ritmo de crecimiento de la cabaña, especialmente de la porcina, que ha superado las 6.000 cabezas por semana, genera un obvio conflicto de intereses: el aumento de la renta y, en menor medida, del empleo frente a unos impactos ambientales cuya capacidad de absorción por el territorio resulta más que cuestionable: 400.000 toneladas de metano y 540.000 de nitrógeno al cabo del año.
“Existe una sobresaturación de explotaciones ganaderas intensivas”
El propio proyecto de la orden, que se marca como objetivos “potenciar la más racional localización” de las granjas junto con “preservar los recursos naturales de las afecciones generadas por la ganadería intensiva, especialmente los recursos agua y suelo, y proteger el medio ambiente en general”, admite que “en determinadas zonas de Aragón existe una sobresaturación de explotaciones ganaderas intensivas, con el consiguiente incremento de la producción de fertilizantes minerales que las superficies agrícolas no son capaces de asimilar”.
Se trata, añade, de establecer “límites a la instalación de explotaciones ganaderas en el territorio, en función de la capacidad de acogida de los residuos en la superficie agraria útil, de la posibilidad de contaminación de los acuíferos, de las afecciones a la población y a los lugares o construcciones de interés cultural o paisajístico” como paso para “regularizar una correcta distribución de la ganadería intensiva que sea sostenible para el territorio y el medio ambiente y respetuosa con actividades y alternativas de desarrollo rural, y en especial de las relacionadas con el turismo”.
El texto, no obstante, se refiere a la ganadería como “un elemento clave para el mantenimiento de la población en el medio rural aragonés, por su importancia cualitativa y cuantitativa en el conjunto de la actividad económica”.
