La resaca del 24M deja en el aire la firma del Fondo de Inversiones de Teruel
Pocos días antes de las elecciones locales y autonómicas, el 22 de mayo, el Gobierno de Aragón hizo público el reparto del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de la convocatoria de 2015 tras aprobarlo en Consejo de Gobierno. Un 27,5% estará destinado a apoyar iniciativas empresariales. La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, daba como fecha el pasado martes para la firma del convenio, y en Teruel, después de que en los últimos años se hubiera celebrado en Madrid; pero la resaca del 24M ha dejado en el aire el acto.
Este fondo nació con la denominación de “especial”, porque así se consideraban las circunstancias de la provincia de Teruel, que a pesar de la escasa población y la dispersión territorial, se quedó fuera de las ayudas que concedía la Unión Europea a las regiones desfavorecidas incluidas dentro del Objetivo 1. El FITE se puso en marcha en 1992 y desde entonces el Ejecutivo autonómico y el Gobierno central han invertido más de 814 millones de euros en la provincia.
Gracias a este fondo son una realidad proyectos denominados “estratégicos” por su efecto arrastre en la economía, como el parque científico y de ocio en torno a los dinosaurios, Dinópolis, el aeropuerto de la capital, las estaciones de esquí o el circuito de velocidad de Motorland en Alcañiz.
Con la crisis económica de los últimos años, las ayudas se están dirigiendo más al sector privado para “liderar la recuperación económica y del empleo”, como decía Rudi durante la última presentación oficial del fondo que se hizo en Teruel en 2014.
Esta se celebró ya en agosto, acumulando un retraso que ha lastrado la ejecución de los proyectos, según han criticado los partidos de la oposición y agentes sociales, y que el Partido Popular ha justificado por cambios en la tramitación que hicieron que el FITE de la convocatoria de 2012 no se presentara hasta el mes de diciembre de ese año.
Críticas de los demás partidos
El retraso en la firma de los convenios bilaterales por los que se autoriza esta inversión no es la única crítica que reciben estos fondos. Los socialistas, ahora en la oposición, CHA o Izquierda Unida, han criticado que los fondos se utilicen para que el Gobierno central “evite” inversiones y gastos que tendrían que salir del presupuesto propio, como los destinados a colegios, equipamientos locales, prevención de incendios o infraestructuras como carreteras. Y, especialmente, deudas y gastos corrientes de algunos de esos proyectos estratégicos como Motorland y otras sociedades públicas. Mientras, los Presupuestos Generales del Estado destinados a Teruel descienden cada año, en asignación y en ejecución real.
Otra de las críticas, que ha acabado incluso en los tribunales, ha sido el reparto de esos fondos, que no se ha sometido a convocatoria pública ni atiende a criterios objetivos.
Izquierda Unida denunció en su día esta distribución ante el Justicia de Aragón porque en su opinión se han repartido los fondos con “criterios partidistas que han favorecido a unos municipios por encima de otros”, en palabras del diputado Luis Ángel Romero.
También la Fiscalía de Teruel abrió una investigación sobre el reparto de estos fondos a partir de una denuncia del partido Compromiso por Aragón, formación que surgió de una escisión del Partido Aragonés. Chunta Aragonesista denunció el reparto como “un botín” del FITE, “que se juntan a escondidas, como si lo ingresaran a sus partidos” explicaba el presidente de CHA, José Luis Soro.
A los reproches políticos se han sumado los de las organizaciones empresariales, que llevan años pidiendo formar parte de la toma de decisiones, con voz, al menos, aunque sea sin voto, para que el fondo sirva para contener la destrucción de empleo y reactivar la economía.
Tanto el PAR como el PP han defendido que los acuerdos sobre la distribución de los fondos están sometidos a la fiscalización previa de la intervención general de ambas administraciones y “cumplen con la normativa jurídica”.
“Somos ambos gobiernos quienes, en el ejercicio de nuestras funciones, acordamos priorizar unas u otras actuaciones”, ha asegurado Rudi sobre esta polémica, algo con lo que “se podrá estar de acuerdo o no, pero gobernar consiste precisamente en eso”.
Así y todo, la realidad es que en la convocatoria de 2014 se incluyó por primera vez que los recursos para ayuntamientos -los más criticados por haber permitido inversiones “desproporcionadas” a juicio de los críticos, como pabellones deportivos en pueblos de unas decenas de habitantes- se repartieran a través de una convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva donde se valora con más puntuación a los municipios más pequeños. Eso llevó a que las peticiones cuadruplicaran el presupuesto de 4 millones de euros.
