Lo imposible solo cuesta un poco más

No es la primera vez que el Gobierno de Aragón, y en concreto, la Dirección General de contratación pública, es reconocido en el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos. Lo fue en 2017 por su estrategia de compra pública de innovación, y ha vuelto a serlo en 2020 por el proyecto de «registro distribuido de ofertas para licitaciones públicas» como «mejor Proyecto con Tecnologías Innovadoras». La utilización de blockchain para la contratación pública, para que se me entienda.

El proyecto se puso «oficialmente» en marcha en septiembre de 2018, cuando se convocó una licitación para proveer una solución alternativa a la presentación en el registro de la Administración de los sobres en los que se incluyen las ofertas de los contratistas. El objetivo, aparte de transformar ese trámite y adaptarlo a un escenario  digital, era lograr una tramitación más transparente del proceso de presentación de ofertas (que todo el mundo pudiera comprobar cuándo se presentaban) así como una actuación más eficiente (mediante la automatización de la valoración de las ofertas). Blockchain era la oportunidad de lograrlo, y podía salir bien…o mal. Porque el riesgo de fracaso era bastante alto, habida cuenta del estado de inmadurez tecnológica, y que había de sostenerse con unos instrumentos normativos no preparados para la era digital. Las posibles repercusiones políticas -la oposición en las Cortes de Aragón llegó a presentarse hasta tres Proposiciones No de Ley relacionadas con la tecnología blockchain- eran también otro factor a considerar, y algunos «gurús» de la Administración (y de fuera) concluyeron que era imposible, y que «la Administración nunca usaría el Bitcoin» (¡qué nivel!, como si el Bitcoin y la tecnología blokchain fueran lo mismo).

Lo más fácil, con esos antecedentes, hubiera sido abandonar, tal y como sucede en tantas ocasiones. Pero resultó vital la confluencia en aquél momento de una serie de personas para que, a día de hoy, el Gobierno de Aragón disponga de un sistema de licitación electrónica de vanguardia, hasta el punto de que se rumorea que la Comisión Europea puede avocar el proyecto y desplegarlo en el ámbito de una red blokchain europea que está preparando. Gente que, a pesar del escenario descrito, se rebeló contra el tópico del «esto se ha hecho siempre así», y apostó por innovar, desde dentro de la Administración, en el ámbito de la contratación pública.

Identificar a quien hubiera sido el máximo responsable en caso de fracaso del proyecto es una tarea muy fácil. Pero ahora que el proyecto es una realidad, se van tramitado varias decenas de expedientes y lo usan varios Departamentos del Gobierno de Aragón, y comienza a obtener reconocimientos fuera de la Comunidad Autónoma, creo que es conveniente recordar a quienes contribuyeron al éxito del mismo. Aunque sólo sea para dejar constancia escrita de sus méritos. La tentación de identificarlos nominalmente es muy alta, pero creo acabaría infringiendo la normativa sobre protección de datos, y metiendo en problemas a eldiarioaragon.es y a mí mismo. Así que lo haré cuidando de no sobrepasar esa «delgada línea roja».

En este sentido, como verdaderos artífices del proyecto, hay que señalar a los empleados públicos del Gobierno de Aragón que, superado el estadio de escepticismo inicial, se «convirtieron» a esta nueva tecnología y participaron en el diseño e implantación del sistema. Me refiero a la gente de la Oficina de Contratación Pública y del Servicio de Contratación Centralizada del Gobierno de Aragón. También a los técnicos del Servicio de Conservación de Bienes Inmuebles, cuyos contratos han sido los primeros en utilizar el nuevo sistema y demostrado su viabilidad técnica y jurídica. Ellos atesoran ahora el know how del proyecto, y harían bien los responsables del Gobierno en rentabilizarlo y exportarlo a otros casos de uso. Impagable fue también el apoyo de algunos amigos y aliados de ITAINNOVA, que revisaron el proyecto y ofrecieron un segundo diagnóstico en la valoración de las ofertas que se presentaron durante la licitación.

Hay que reconocer que un proyecto así no hubiera sido posible sin la complicidad del entonces Consejero de Hacienda, que vio en esta iniciativa la oportunidad de comenzar a cambiar algunas piezas de nuestra vetusta maquinaria administrativa. Desde el «ala este» del Pignatelli, el Secretario General de la Presidencia se prestó rápidamente a ser «colaborador necesario» en la aventura. Y no debe olvidarse la simpatía despertada en los entonces responsables de la Administración electrónica del Gobierno (el Director general del ramo, y la Gerente de Aragonesa de Servicios Telemáticos), que también prestaron a la causa todo el apoyo que se les solicitó.

No podemos olvidarnos de la contribución empresarial. El proyecto inicial fue enriquecido con las aportaciones de las empresas que participaron en el procedimiento de licitación convocado al efecto. OESÍA y Open Canarias fueron las ganadoras, pero también debe ponerse en valor la calidad de las ofertas que presentaron el resto de licitadores (AT Sistemas, Deloitte, Ernst & Young, Eurohelp, Guadaltel, DXC Technology, Iecisa, Inycom, y Sericat), así como las contribuciones de otras empresas que, aun no participando finalmente en el procedimiento, ofrecieron sus soluciones e ideas en una fase previa (IBM, Everis, Minsait, GMV).

Incluso hay que reconocer su parte de mérito también a quienes no apostaron o incluso torpedearon el desarrollo del proyecto, que también los hubo. La necesidad de tener que hacerles frente hizo más fuerte al grupo que desarrolló la iniciativa, y más sólidos los fundamentos del proyecto.

Para el Gobierno de Aragón, mi enhorabuena por el premio que acaba de obtener. Y para todos ellos que hicieron posible la primera aplicación de la tecnología blockchain en la Administración aragonesa, mi reconocimiento y gratitud. Porque de ellos aprendí que lo imposible, sólo cuesta un poco más.