Mediación y alternativa habitacional, aquí y ahora

El martes 18 de octubre, SAREB comunicó a la Oficina Municipal de Vivienda su decisión de suspender los desalojos forzosos señalados en un bloque de viviendas del zaragozano barrio de Santa Isabel. Una gran noticia. Las familias solicitaron la mediación municipal, a la par que denunciaban su situación acompañadas por Stop Desahucios. Medios y redes recogieron la rueda de prensa de la plataforma y la reunión posterior que mantuvimos en el Ayuntamiento, tras la cual realizamos una comparecencia conjunta. Ahora la SAREB tiene la oportunidad de resolver la situación de las familias garantizando la alternativa habitacional. Lo ocurrido ha logrado poner luz de nuevo sobre la necesidad de la mediación y acción públicas frente a los desahucios que continúan produciéndose en un número inaceptable. También en lo imprescindible de la organización social más allá de las instituciones.

En esa declaración conjunta trasladé a las entidades financieras y a la SAREB su responsabilidad en la resolución de casos como el del bloque de Santa Isabel mediante la mediación y la alternativa habitacional, en lugar de resolver mediante procedimientos judiciales que desembocan en desalojos forzosos. Hay que recordar que la emergencia habitacional explotó con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la estafa hipotecaria. Y ambas -burbuja y estafa- no se podrían entender sin la participación directa de las entidades financieras.

Hace ya tiempo que se superó la barrera de las 500.000 ejecuciones hipotecarias desde el estallido de la crisis, una cifra escandalosa con consecuencias terribles. Vidas rotas, deudas de por vida, exclusión residencial... Depresión, ansiedad y un número importante de suicidios. Al mismo tiempo las entidades han acumulado cantidades ingentes de viviendas, tanto de familias como obra nueva procedente de promotores privados arruinados. La violación sistemática de los derechos humanos se ha realizado con luz y taquígrafos, gracias a las plataformas, visibilizando en el mundo entero.

Los grandes medios internacionales hicieron no pocos reportajes en profundidad sobre esta barbarie realizada al amparo de los últimos gobiernos que han mantenido invariable una legislación injusta y pensada para tiempos de “vacas gordas”. Falta poco para cumplir 10 años desde la explosión de la crisis, y en esencia, las leyes siguen siendo las mismas.

Y sí, casi 10 años después y la emergencia habitacional sufre mutaciones... Primero la oleada de ejecuciones hipotecarias, después el aumento de los desahucios por el impago de rentas de alquiler y ahora profundizándose según datos del CGPJ el número de familias que enfrentan procedimientos -normalmente penales- por usurpación de vivienda.

Los estudios como el recientemente publicado por Cáritas y la información de la que disponemos... señalan que el crecimiento de la desigualdad experimentado desde el estallido de la crisis viene para quedarse. Señalando que la cronificación de la pobreza afecta a amplias capas de la población. La leve recuperación de las grandes cifras económicas, y la más tímida aún creación de empleo (3.720.297 de personas en paro en septiembre según el Ministerio de Empleo) no significan un alivio de las bolsas de pobreza, agrandadas durante la crisis.

Según la Encuesta de Población Activa que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) existen 2.845.300 personas que son paradas de larga duración, muchas de ellas sin prestaciones. Al mismo tiempo se multiplican los trabajadores y las trabajadoras con salarios que los mantienen en la pobreza pese a contar con una nómina. Y buena parte de las familias expulsadas de sus viviendas durante la crisis, en muchos casos no han mejorado su situación y difícilmente pueden hacer frente a un alquiler a precio de mercado. Se multiplica el hacinamiento, el alquiler de habitaciones y las viviendas irregulares sin condiciones de habitabilidad.

La situación es inaguantable, continúa siendo inaguantable. Más allá de la propaganda del gobierno central y sus voceros los desahucios efectivos (es decir los que terminan ejecutándose materialmente) fueron en la provincia de Zaragoza 725 en la primera mitad de este año. En la primera mitad del 2015 fueron 601. Y en 2014 se registraron 561. Una progresión que contradice al señor De Guindos cuando sale en la televisión diciendo que han solucionado el problema de los desahucios. Cuatro desahucios efectivos al día son una cifra muy elevada para una provincia como Zaragoza, y hay que recordar que Zaragoza capital concentra la inmensa mayoría de este tipo de procedimientos.

Y volviendo al principio, lo que está ocurriendo con el bloque de Santa Isabel -como con los cientos de expedientes abiertos en la Oficina de Municipal de Vivienda- demuestran que es posible otra política de vivienda y en concreto que es posible una atención integral a la emergencia habitacional. Incluso frente a una legislación hostil y un Gobierno central hasta ahora cómplice de la situación. Tan hostil al derecho a la vivienda, que aún en funciones no ha dudado en provocar que el Tribunal Constitucional suspendiera artículos clave del decreto de emergencia en materia de vivienda del Gobierno de Aragón.

Los profesionales de la Oficina, así como del resto de áreas de Zaragoza Vivienda, están poniendo en valor la mediación frente a la vulneración de derechos, así como la acción pública sin exclusiones en la garantía de la alternativa habitacional.