Un país de inquilinos (felices)

The Economist, 12 de febrero de 2060

España ha pasado en unas décadas de sufrir una grave crisis de vivienda a garantizar el derecho para toda la ciudadanía. Gracias a unas políticas públicas audaces ha logrado dar techo a la ciudadanía a un precio asequible y, lo más importante, cambiar la mentalidad que casi 50 millones de personas tenían sobre la vivienda. Los españoles ya no quieren un piso en propiedad: quieren usar un piso para vivir. El cambio producido en la música, los libros y los coches también llegó a las casas. Lo importante era un lugar donde vivir, y cambiar a otro si las circunstancias cambiaban (nuevo trabajo, aumento de familia…).

¿Cómo ha sucedido esta transformación? Para entenderla, hay que remontarse al siglo anterior, origen de todos los problemas.

Desde la dictadura de Francisco Franco, los sucesivos gobiernos habían impulsado la compra de pisos y la banca había otorgado hipotecas con facilidad; suponía una diferencia frente a otros países de Europa, donde sí estaba asentado el alquiler. En España, sin embargo, caló el mensaje de que alquilar era “tirar el dinero”. En parte era cierto: un alquiler costaba lo mismo que una hipoteca. Esto hizo que tras 2008 muchas familias quedaran atrapadas en créditos imposibles de pagar y fueran expulsadas de sus casas. Sólo en 2017, cuando supuestamente había pasado lo peor de la crisis iniciada en 2008, hubo 35.000 desahucios, la mayoría de familias que vivían de alquiler, ya que la precarización del trabajo ya no permitía comprar una vivienda.

A partir de 2020, las políticas públicas dieron un giro. Podemos, un partido que defendía a la población frente a los abusos del libre mercado, defendió que si la vivienda era un derecho, era necesario aplicar mecanismos de garantía. Utilizó, entre otros argumentos, la siguiente lógica, que fue repetido durante la primera etapa de cambios.

La educación es un derecho y por eso las Administraciones Públicas construyen y poseen escuelas y otros centros de enseñanza; además selecciona y paga el salario de su personal y establece unos criterios para garantizar la educación.La protección de la salud es un derecho y por eso las Administraciones Públicas construyen y poseen hospitales y otros centros de salud; además selecciona y paga el salario de su personal y establece unos criterios de aplicación de este derecho. La vivienda digna y adecuada es un derecho… pero la gran mayoría de pisos son construidos por empresas que buscan beneficio propio y después son compradas por particulares u otras empresas que especulan con el precio.

Algo fallaba, aseguraban sus dirigentes.

Después de estudiar el mercado, los salarios y, sobre todo, las políticas de vivienda de otros países, Podemos, que gobernaba en ciertas ciudades, decidió aplicar a la vivienda el mismo criterio que a otros derechos. El objetivo a largo plazo era que el 80 % de la vivienda fuera propiedad pública y la Administración la ofreciera a la ciudadanía a un precio que pudiera pagar sin sufrir apuros.

Al inicio, por supuesto, hubo rechazos. La derecha habló de comunismo, de falta de libertad, de totalitarismo. Pero la gente venció estos argumentos con los hechos. Sobre todo los más jóvenes: querían una vivienda y no en propiedad. Estaban acostumbrados a usar, no poseer. Igual que sus padres tenían catálogos de discos y ellos utilizaban plataformas de streaming, lo que necesitaban era un lugar donde vivir, sabiendo que el futuro quizá les llevase a trabajar en otra ciudad. La posesión no era importante.

Las administraciones comenzaron por obligar a la banca a ceder todas las viviendas vacías. Aquella batalla costó pero, de nuevo, la gente se puso de parte de sus gobiernos y recordaron a cada trabajador de banca que sus empresas habían recibido millones de euros públicos y que, además, eran despedidos progresivamente: ¿acaso ellos no iban a necesitar una vivienda? Hubo quien dejó su mesa en la entidad bancaria para salir a defender esta decisión del Gobierno.

Con miles de viviendas en las manos, las administraciones crearon una empresa de rehabilitación y dejaron las casas y pisos como nuevos.

Poco a poco, compraron pisos de particulares, que preferían venderlo al Estado a un precio razonable que esperar meses para sacar algunos miles de euros extra.

El mayor problema del Gobierno fue decidir el precio del alquiler. Era imposible ceder las viviendas gratis, y el debate era poner un precio fijo, un porcentaje de los ingresos de la familia o un porcentaje del Salario Mínimo Interprofesional. Cada localidad y Comunidad Autónoma utilizó un criterio diferente, pero en general la gente pagaba poco por vivir en pisos decentes: con ascensor, calefacción, aislamiento térmico, buenos materiales… Cada mes, la administración pasaba un recibo de alquiler y todo ese dinero, cientos de miles de euros, iba a una “hucha” diferenciada del resto de ingresos, destinada en exclusiva a comprar más pisos y pagar a las personas que trabajaban en la Sociedad de Vivienda Ciudadana: gestores de compras, asesores de vivienda, constructores, arquitectos, inspectores, electricistas, albañiles, pintores…

Actualmente, el 70 % de las viviendas pertenece a las administraciones públicas, los desahucios son un recuerdo, como la viruela; los jóvenes pueden emanciparse y mudarse de vivienda si consiguen un empleo en otra localidad; los equipos de inspección recorren las viviendas para asegurarse de que se utilizan debidamente y las multas son tan altas que ya pocos dañan las propiedades. Hay problemas, por supuesto, igual que los hay en escuelas, hospitales o carreteras. Podemos fue desalojado del Gobierno en unas elecciones, pero los siguientes presidentes continuaron con esta política de vivienda pública. Pese a que años antes la habían criticado, la aceptaban y no podían dar marcha atrás.

Por primera vez desde 1978, el derecho a la vivienda digna se cumple en España.

La política ganó a la especulación. Era cuestión de voluntad política.