Exhumada la fosa de Antonio Plano, vicepresidente de la Diputación de Zaragoza y sindicalista que fue fusilado en 1936

El pasado viernes 28 de abril comenzaron en la localidad zaragozana de Uncastillo las labores arqueológicas de exhumación de Antonio Plano Aznárez, alcalde socialista y vicepresidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, asesinado públicamente el 5 de octubre de 1936 por falangistas y guardias civiles.

El proceso fue iniciado tras la petición de los familiares y el mismo viernes pudo ser localizada la fosa en el lugar señalado por la familia y se documentó la existencia de un cuerpo con varias fracturas óseas y claras evidencias de muerte violenta, que además llevaba las manos atadas y fue cubierto con cal viva. El sábado 29 de abril fue exhumado el cadáver, que ahora habrá de ser identificado genéticamente, recogiéndose hasta 16 balas y 4 casquillos de arma corta, claro indicio de la extrema violencia desatada contra Antonio Plano.

La exhumación ha sido promovida por la Asociación Charata para la Recuperación de la Memoria Histórica de Uncastillo, contando con la total colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Uncastillo, de miembros de otras asociaciones memorialistas como la ARMH Batallón Cinco Villas y otros voluntarios. Para financiar los trabajos se ha solicitado una ayuda para Recuperación de la Memoria Histórica a la Diputación Provincial de Zaragoza.

Fundador de la UGT local

Antonio Plano fue fundador en 1919 de la Agrupación Obrera Socialista de Uncastillo y posteriormente de la UGT local. La victoria electoral el 12 de abril de 1931 le llevó a la alcaldía, contando como concejales con otros viejos luchadores como Manuel Lasilla Pueyo, León Garín Pueyo, Enrique Pérez Sardoy, Pío Pueyo Prat e Inocenco Fernández Subirón. Días después, Antonio Plano fue designado diputado en la Diputación Provincial de Zaragoza.

Tras la huelga general revolucionaria convocada por la UGT para el 5 de octubre de 1934, el día 8 es destituido el Ayuntamiento por orden gubernativa. En marzo de 1935 dio comienzo el Consejo de Guerra contra 118 procesados por los hechos ocurridos en Uncastillo, que permanecían encarcelados en la prisión de Torrero. El fiscal calificó los sucesos como rebelión militar y pidió hasta seis penas de muerte. El juicio se saldó con la pena de muerte para Antonio Plano, 65 condenados a diversas penas de prisión mayor, tres condenados a penas menores y la absolución de 44 procesados.

Tras la victoria electoral del Frente Popular el 16 de febrero de 1936, el nuevo Gobierno aprobó el Decreto de Amnistía y el 22 de febrero fueron puestos en libertad 235 presos políticos de la cárcel de Torrero, entre ellos los de Uncastillo. Antonio Plano recuperó la alcaldía y a principios de marzo fue nombrado vicepresidente de la Diputación Provincial de Zaragoza.

En la madrugada del 19 de julio de 1936, el capitán general Miguel Cabanellas, decretó el Estado de Guerra, sumándose de esta manera al golpe de Estado contra la Segunda República. Durante esas críticas horas, Antonio Plano formó parte de la comisión que se reunió en Zaragoza con el gobernador civil Ángel Vera, debiendo posteriormente buscar refugio entre sus conocidos en Zaragoza. El 22 de agosto de 1936 su esposa, Benita Cortés Lasilla, y sus dos hijos mayores, María y Antonio Plano Cortés, fueron detenidos e ingresaron en la prisión de Ejea de los Caballeros. Una vez detenido Antonio en Zaragoza, bajó desde Uncastillo un grupo de falangistas, que lo condujeron hasta la villa para ser asesinado justo dos años después de los sucesos de octubre de 1934.

Asesinato “ejemplarizante”

El 5 de octubre de 1936 Antonio Plano Aznárez fue asesinado de forma pública de carácter ejemplarizante para el resto del vecindario, obligado a presenciarlo. “A Plano le llevaron ya medio muerto por las palizas y el aceite de ricino desde el cuartel de la Guardia Civil hasta la plaza del Olmo, frente a la multitud. Llevaron hasta a los niños y niñas de las escuelas encabezados por sus profesores. Antonio fue ”fusilado“ por un piquete de ejecución. Luego subieron su cadáver a un camión y lo trasladaron al cementerio municipal, donde un falangista le cortó una pierna con un azadón”, tal y como explican desde Charata en una nota de prensa.

Su mujer Benita y sus siete hijos (María, Antonio, Jesús, Carmen, Ángela, Benita y Libertad) “quedaron en la miseria”. Sufrieron el robo de prácticamente todos sus bienes y propiedades, pero aún habrían de hacer frente a una multa de 25.000 pesetas impuesta por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas a Antonio y otra de 1.000 pesetas para Benita, exponen en la misma nota.