Azcón premia como delegada territorial en Teruel a una diputada provincial con una gestión plagada de polémicas

El Gobierno del PP en Aragón ha premiado con el cargo de delegada territorial en Teruel a Rosa Sánchez, exrepresentante en la Diputación Provincial (DPT) y exalcaldesa de Orihuela del Tremedal que arrastra numerosas controversias a sus espaldas. Como responsable de Recursos Humanos en el ente provincial, ha sido objeto de una sentencia en contra y de otros cuatro contenciosos aún abiertos por su gestión, mientras que como regidora tuvo que dejar seis meses el cargo en 2015 por un delito de insolvencia punible. En su haber está también la acusación -anunciada a bombo y platillo- de un supuesto pucherazo cometido por su rival en Orihuela en plena campaña del 28-M, un hecho que fue posteriormente desestimado por la Oficina del Censo Electoral.

Sánchez -titulada de Formación Profesional en la especialidad de Administración- era desde 2019 diputada provincial, tras ejercer como alcaldesa en el periodo 2015-2019. En la DPT ostentaba la delegación del Servicio de Recursos Humanos. Su nombramiento ha sido publicado este jueves en el Boletín Oficial de Aragón, dos días después de ser aprobado en Consejo de Gobierno.

Lo más sonado de los apenas 14 meses en que ha ocupado este cargo ha sido su enfrentamiento con el cuerpo provincial de Bomberos y, en especial, con el entonces jefe del Servicio, José Luis Moliner. El Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón (SPBA) llegó a elevar una queja por el trato de Sánchez, a la que acusaron de “una falta de respeto absoluta y una actitud déspota” hacia el cuerpo. “Llevamos 12 bomberos interinos cesados y sus huecos sin cubrir, dato que se le olvida mencionar a Sánchez en sus intervenciones en los medios

Antes, Moliner fue relevado del puesto, según denunció, por motivos “políticos”. El equipo de Gobierno de la DPT, sin embargo, vinculó su sustitución con el hecho de que había concluido su comisión de servicios. El propio exjefe de Bomberos presentó una querella criminal contra la diputada provincial por vulnerar su derecho al honor. Tras prestar declaración en sede judicial, la demanda fue archivada, aunque Moliner ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Teruel.

Conflictos laborales abiertos

En cuanto a su papel como gestora de Recursos Humanos, Sánchez ha sido objeto de una sentencia en contra al haber pretendido otorgar una comisión de servicios en la Diputación con “omisión total del procedimiento”, según denunció la Confederación de Seguridad Local de Aragón (CSL-Aragón). El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Teruel declaró el pasado 18 de septiembre la nulidad de pleno derecho del procedimiento e impuso las costas a la DPT.

Pero aún hay otros cuatro procedimientos laborales planteados por el Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón -a través de CSL-Aragón-, con el papel de la ahora delegada territorial en el centro: uno por el concurso de traslados de subjefe de Intervención, otros dos relacionados con la elección del jefe de Intervención y un cuarto por haber apartado al propio sindicato de la Mesa General de Negociación.

En sus denuncias por “descoordinación” y por la falta de personal en el Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la DPT, los bomberos ponen como ejemplo la situación que se vivió en agosto, cuando no se pudo atender un fuego en una vivienda de la capital turolense debido a que todos los profesionales se habían desplazado a la localidad de Corbalán, donde se desató un incendio forestal.

Un pucherazo de alcance nacional finalmente desmentido

El 24 de mayo del año pasado, Rosa María Sánchez se fotografió, junto al líder provincial del PP y presidente de la DPT, Joaquín Juste, a las puertas de la oficina del Censo Electoral de Teruel. Allí denunció que el alcalde de Orihuela del Tremedal y entonces candidato del PAR, Rafael Samper, había cometido un “pucherazo” al incluir supuestamente en el censo electoral a decenas de vecinos relacionados con la candidatura aragonesista. La noticia tuvo eco por todo el país: 'Así han quedado las elecciones en los lugares salpicados por la compra de votos y los empadronamientos masivos', tituló el portal Libertad Digital al día siguiente de las elecciones, en una pieza que incluía el caso de la localidad turolense.

Pocos días después, la propia Oficina del Censo Electoral de Teruel desestimó la impugnación al no detectar irregularidades.

En un quiebro del destino, se da la circunstancia de que Sánchez y Samper han tenido que coincidir en la Diputación de Teruel: el PP pactó con el PAR su apoyo para que Joaquín Juste fuera elegido presidente -aunque con los votos de Teruel Existe ya era suficiente-, por lo que nombró a Samper vicepresidente del ente provincial. La “sombra de la sospecha” que según Juste se cernía sobre Samper en las elecciones municipales se disipó de forma abrupta ante la petición de voto en la DPT. La relación entre el alcalde y la nueva delegada territorial, en todo caso, no se ha arreglado en este tiempo.

Condena por insolvencia punible

A todo esto se suma que años atrás, en 2015, se vio obligada a dejar su cargo durante seis meses para cumplir con la condena por la que la Audiencia Provincial de Teruel le suspendía por ese plazo de todo empleo o cargo público, al considerarla responsable de un delito de insolvencia punible en relación a la gestión de una empresa de maderas de la que ella era socia y avalista.

Los hechos se remontaban a 2008, cuando Sánchez y otras seis personas -todos ellos, vinculados a una empresa maderera, según informó en su día Heraldo de Aragón- pusieron de común acuerdo sus bienes a nombre de otras personas, impidiendo así que les fueran embargados al objeto de devolver a una entidad bancaria el crédito que esta había prestado a la industria. Poco antes, la empresa de maderas había entrado en concurso de acreedores.

De conformidad con la calificación efectuada por el Ministerio Fiscal, Rosa María Sánchez sustituyó la pena de seis meses de prisión por el pago de una cuantía económica.