El intento de engaño de los colegios concertados con los alumnos con necesidades educativas se queda sin sanciones

No habrá sanción para los centros escolares concertados que trataron de engañar a la administración con el número de Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAEs) que tenía matriculados. Estos contabilizaron muy al alza la cantidad de estos alumnos, llegando, incluso, a diagnosticar de este modo a algunos que no lo son y sin, siquiera, informar a sus familias.

El motivo, como desde el primer momento denunciaron CGT y Podemos, hay que buscarlo en las modificaciones incluidas en el Decreto de Escolarización del Ejecutivo autonómico. Con base en estas, por primera vez (en el proceso de escolarización) se tenía en cuenta el número de alumnos con necesidades específicas que había en cada colegio. Es decir, a cada centro se le exigía una reserva de plazas para ACNEAEs que dependía de los que ya tenían. Si decían que tenían más, la exigencia era menor.

Tras la actuación de la inspección educativa, el propio Gobierno de Aragón confirmó el intento de fraude, al comprobar que de los 533 expedientes investigados (correspondientes a 26 centros privados-concertados), 347 eran irregulares y 240 fueron, directamente, rechazados. El Ejecutivo autonómico hizo públicas estas cifras el pasado mes de junio.

Sanciones

Y el pasado viernes, 5 de octubre, el diputado de Podemos Carlos Gamarra preguntó en sede parlamentaria a la consejera de Educación, Mayte Pérez, si se contemplaba algún tipo de sanción para estos centros. La respuesta fue que no. Pérez señaló que se ha seguido lo que dice la normativa que regula la relación entre la Administración con los conciertos educativos y aseguró estar “satisfecha” con el resultado.

Replicó de nuevo Gamarra calificando lo sucedido como “el mayor fraude que se recuerda en la educación aragonesa”. Es una “vergüenza”, dijo, “no sé si es más grave el intento de fraude o que no hayan hecho nada”. El diputado morado recordó que en Madrid también se habían detectado irregularidades en los centros concertados y que, igualmente, se había saldado sin sanciones. “Deberían retirar el concierto y, si hace falta, ir a los tribunales”, concluyó.

La consejera insistió en su respeto a la ley: “No soy dudosa de atender con racionalidad y criterios de justicia mi relación con la concertada, pero lo que no voy a hacer es gestionar al margen de la legalidad, eso no lo haré nunca”. Sí se han hecho cosas, reivindicó, “queríamos eliminar esa escolarización arbitraria y lo hemos conseguido a través de la política y la gestión”.