La despoblación redibujará el mapa político de las Cortes de Aragón: Teruel perderá un diputado que gana Zaragoza

La despoblación será una cuestión capital y muy presente en la campaña de las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. Los candidatos de todos los partidos tendrán algo que decir, llevarán en cartera propuestas y soluciones contra un problema real y acuciante; también, para atraerse el voto rural. Pero su peso trascenderá los programas de las formaciones aragonesas. La pérdida de habitantes en las provincias de Huesca y Teruel modificará la composición de las Cortes y el gran damnificado puede ser el Bajo Aragón.

Teruel perderá un diputado autonómico después de haber perdido casi mil habitantes en el último año y 4.360 desde las elecciones de 2015. Esto se traduce en que la provincia perdería uno de sus 14 disputados que ganaría Zaragoza (de 35 a 36). Huesca, que mantendría los 18, perdió 357 habitantes en 2018, mientras que Zaragoza ganó unos 1.300. Las Cortes cuentan con 67 asientos. El Estatuto de Autonomía fija que el máximo sea de 80, lo que da pie a posibles modificaciones.

Y sus señorías se han puesto manos a la obra para tratar de paliar la cuestión turolense. En pos del equilibrio territorial y su plasmación en la Cámara, los partidos valoran una modificación urgente de la Ley Electoral aragonesa para aumentar el número de escaños a 69. Con esto, se mantendría el mínimo de parlamentarios por circunscripción, 13; Huesca se quedaría con 18, Teruel mantendría los 14 diputados y Zaragoza ganaría dos para pasar de 35 a 37. Entre 2015 y 2018, la provincia de Huesca ha perdido 3.564; Teruel, 4.360 y Zaragoza, 1.195.

La cuestión que se ha de dilucidar en las próximas semanas cuenta ya con adeptos. El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, aludió en el último Pleno a la representatividad de las provincias en las Cortes de Aragón y se aprobó por unanimidad una moción que ya se presentó como iniciativa de las diputaciones provinciales de Huesca y Teruel con el ánimo de que los grupos políticos “prioricen la fórmula que posibilite un equilibrio político y territorial en la organización institucional de la comunidad”.

Gracia manifestó “preocupación por esa brecha que cada vez crece más entre Zaragoza capital y el resto del territorio aragonés. Queremos que se reflexione para que haya un cierto equilibrio y que no se pierdan más voces del medio rural”.

El Estatuto de Autonomía y la Ley Electoral aragonesa. El primero, en su artículo 36, vela por el equilibrio territorial y determinan el funcionamiento de las Cortes y el hecho de que corresponda a cada circunscripción electoral un número tal que la cifra de habitantes necesarios para asignar un diputado a la circunscripción más poblada no supere 2,75 veces la correspondiente a la menos poblada.

El artículo 13 de la Ley Electoral que puede modificarse determina que las Cortes de Aragón están formadas por 67 diputados y que a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de 13 diputados. Los 28 diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población. Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por 28 la cifra total de la población de derecho de las tres provincias y se adjudican a cada una tantos diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto.

Si el número de habitantes dividido por el número de escaños en Zaragoza superara en 2,75 veces al de la provincia menos poblada, corresponderá a la de mayor población el número de diputados de la provincia de menor población que sea indispensable para que no se supere dicho límite, como puede aplicarse en el caso actual. Algunos de los implicados reclaman que Aragón se fije en el modelo vasco, donde las tres provincias aportan el mismo número de diputados, 25, con independencia del número de habitantes. Por ello, el voto es más caro en Vizcaya, con 1.148.000 habitantes, y Guipúzcoa con 717.000 que en Álava con 326.000.

La experiencia aragonesa puede asemejarse más a la de las Cortes de Castilla y León, donde también se padecen los estragos de la España vacía y se preparan para una legislatura en la que se pasarán de 84 a 81 diputados. Cada provincia suma tres diputados, uno más cada 45.000 habitantes y el último si se superan los 22.500. Ávila, Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora se mantendrán y pierden León, Segovia y Salamanca.

Miguel Gracia y el presidente de la Diputación de Teruel, Ramón Millán, coinciden en una carta conjunta en su “firme compromiso de defensa de los intereses” de sus respectivos territorios de acuerdo a los criterios de “solidaridad y equilibrio territorial”. Por ello, instan a las Cortes de Aragón y a todos los grupos representados  a que den prioridad a “la fórmula que mejor posibilite un verdadero equilibrio político y territorial mediante la apertura de un debate para que no aumente la brecha de la representación entre la gran ciudad, Zaragoza, y el resto del territorio”.