En noviembre de 2023, Jorge Azcón presentó la Ley de Presupuestos de 2024: según el presidente del Gobierno de Aragón, eran unas cuentas “realistas” y “sin las infradotaciones del pasado”. Pero la realidad, a falta de cuatro meses para cerrar el ejercicio, es bien distinta. El Ejecutivo autonómico acumulaba ya en agosto casi 80 millones de euros de desvío en gasto personal de los apartados sanitario y educativo, y eso pese a que las cuentas autonómicas de 2024 incluyen un aumento del 9,3% para pagar nóminas. Así lo ha explicado este lunes en las Cortes de Aragón la interventora de la DGA, Ana Gómez, quien ha comparecido a petición del Grupo Socialista.
En conjunto, hasta agosto había registrada una “insuficiencia presupuestaria” en el capítulo 1 en Sanidad de “entre 43 y 48 millones de euros”, ha señalado la interventora, que ha querido mencionar por su “carácter extraordinario” un pago de 22 millones de euros en concepto de atrasos devengados al personal estatutario por la carrera profesional. Y a estas cantidades hay que sumar un desvío de entre 25 y 30 millones de euros en Educación, lo cual hace un montante total de hasta 78 millones de euros.
En el caso de Sanidad, la ejecución de los gastos de personal -en términos de obligaciones reconocidas- se ha incrementado en 2024 hasta el mes de agosto en un 8% respecto al ejercicio previo, “y eso sin aplicar el incremento retributivo del 2% que se aprobó en el mes de junio y que se empezará a pagar en la nómina de septiembre”, ha explicado la interventora.
Gómez ha querido dejar claro que las cuentas autonómicas tienen “capacidad suficiente” para absorber tanto el incremento retributivo fijado para este año, de un 3%, como “otros incrementos” que se puedan producir. Eso es así porque, como ha recordado la propia interventora, el presupuesto global autonómico para 2024 contemplaba un incremento del 9,3% -seis puntos más- en gasto de personal, tanto en créditos iniciales como en obligaciones reconocidas. “Esto no implica -ha reconocido- que no se produzcan problemas de insuficiencia presupuestaria en determinadas secciones”, y ha aludido directamente a los ámbitos sanitario y educativo.
Para paliar este importante desvío presupuestario, el Gobierno de Aragón puede echar también mano de la denominada sección 30, dotada con 135 millones de euros.
El portavoz socialista en la Comisión de Hacienda, Óscar Galeano, ha considerado que acudir a esta sección 30 no es algo “ortodoxo”. Junto a esto, ha afeado al Gobierno de Jorge Azcón que, “con el presupuesto de mayor volumen de la historia”, unido a otros ingresos como “los más de 600 millones de la liquidación extra de 2022 o los fondos europeos del MRR”, el Ejecutivo autonómico caiga en el problema de desvío presupuestario en materia de personal.
“Podemos hacer modificaciones presupuestarias, pero eso quiere decir que lo quitamos de otro lado”, ha recordado también Galeano, quien ha aludido a que la Airef advirtió ya de este problema en meses pasados. Evitando caer en “alarmismos”, el diputado socialista ha manifestado que la crítica de su grupo iba “en la dirección de haber presupuestado mal en el capítulo 1, algo que dijeron que no iba a pasar”.