Verdad, justicia, reparación (y equidistancia) en la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón
Aragón ya tiene su Ley de Memoria Democrática. Día histórico y de justicia con mucho retraso para algunos (la mayoría). La consumación de la radicalidad en la que se ha instalado el PSOE aragonés -por obra y gracia de Podemos- para otros. En el arco parlamentario autonómico se habló de justicia, de verdad, de reparación… Pero también de equidistancia, de involución, de extremismo.
Las palabras se esfumaron para dar paso a los aplausos de las víctimas (muchas de ellas voz de las asociaciones memorialistas) que lo celebraron en la tribuna. Abajo, diputados y diputadas de PSOE, Podemos, CHA e IU también se unieron a la aclamación. Nada se movió en la bancada de PP, PAR y Ciudadanos (que sí apoyó el texto).
La ley es un hecho tras la aprobación del proyecto, en abril de 2017, y después de que se rechazara una enmienda a la totalidad (presentada por el PP) en marzo del año actual. Ahora, como recordaron varios diputados en el debate definitivo, falta dotarla presupuestariamente cómo se merece para que cumpla su función, y no corra la misma deriva que la normativa estatal sobre memoria histórica.
La norma aragonesa tiene especial incidencia en el régimen sancionador, por ejemplo, establece sanciones (de 2.001 a 10.000 euros) las ofensas a las víctimas de la Guerra Civil o la dictadura franquista y no concederá subvenciones a las entidades locales que no retiren la simbología franquista de sus edificios y espacios públicos. Otra de las novedades es la consideración como víctimas del franquismo a los bebés robados o los que fueron represaliados por su orientación sexual.
“Usted es un demócrata con complejo de culpa”
Pero no se habló de nada de lo anterior en las Cortes de Aragón. El partido (cuyo resultado era conocido antes del inicio) se jugó sobre la “equidistancia” de los populares y la “fecha histórica” de las formaciones de la izquierda. Miguel Ángel Lafuente (PP), que anunció que su partido modificará la norma en cuanto tenga los apoyos necesarios, calificó la ley de “extremista, involucionista, radical e injusta” y dijo que era “la más excluyente y partidista de España”. Los dos aspectos más negativos para su partido, explicó, es que “es una ley que no reconoce como víctima a nadie que no perteneciera a una ideología concreta” y que aborda la Segunda República “como un remanso de paz en el que no pasó nada”.
Aunque con menos vehemencia, Berta Zapater (PAR) camino por una linde bastante similar, apuntando que la ley era “partidista” y que su formación quería reconocer “a todas las víctimas, no solo a unas”. Ramiro Domínguez (Ciudadanos), que recibió las críticas populares por apoyar el texto, mostró sus discrepancias porque la ley dé cuenta de los acontecimientos a partir del 18 de julio de 1936, y no antes, y afirmó que es un texto que llega “muy tarde”.
La primera respuesta desde el ala izquierda del Parlamento llegó de Patricia Luquin (IU), que reflejó su incredulidad ante el hecho de que haya partidos en contra de una ley que trata de “justicia, verdad y reparación”. En esto “no puede haber equidistancia”, dijo, “ni equilibrio entre víctimas y verdugos”. Aunque satisfecha, reconoció que “queda mucho mientras Billy el Niño pueda estar de fiesta y Lorca en una cuneta”.
El turno posterior fue para Alfonso Clavería (Podemos), que destacó la incidencia que hace la ley en la violencia ejercida sobre las mujeres y sobre los y las que estuvieron en campos de concentración. Rechazó también esa “equidistancia” del PP y les acusó de querer poner al mismo nivel “dictadura y república, vencedores y vencidos, criminales y víctimas”.
Gregorio Briz, de CHA, fue uno de los más elocuentes a la hora de replicar las palabras del representante del PP: “¿Se imaginan que en Alemania se aprobase una ley de memoria democrática que reconociese la muerte de Hitler, que tuvo la decencia de suicidarse?”. “No se puede decir que los muertos son iguales –continuó– porque los que pelearon en el bando nacionalista están en letras doradas en las fachadas de las iglesias y los otros en las cunetas. En los libros de texto están los que ganaron la guerra”. Ustedes (le dijo al PP) “dan cobertura intelectual a la ultraderecha y justifican el Golpe de Estado”. Usted (se dirigió a Lafuente) “es un demócrata con complejo de culpa”.
La última intervención correspondió a Dario Villagrasa, del PSOE. Señaló que esta ley es necesaria porque, “año tras año, el infame Gobierno de Rajoy dejó a cero el presupuesto para la Ley de Memoria Histórica”. No se puede hablar de igualdad, explicó, cuando “en este país se cometió una gran injusticia con cientos de miles de personas. Basta ya de negacionismo y de revisionismo, no vivamos en la desmemoria”.
