Los pantanos hacen aguas mientras García Tejerina plantea trasvases
Los trasvases de aguas entre cuencas vuelven a estar sobre la mesa. Los ha puesto el Ministerio de Medio Ambiente que dirige Isabel García Tejerina, que parece intuir una ‘tormenta perfecta’ de pacto PP-PSOE en plena sequía meteorológica pese a los nubarrones que sobre esa postura política proyectan el cambio climático, con la reducción de recursos; las tesis de la UE, contrarias a las grandes transferencias entre cuencas, y la evolución de las obras hidráulicas, algunas de las cuales, literalmente, se tambalean.
Habrá nuevas transferencias de aguas entre cuencas “siempre que haya el acuerdo necesario para que vean la luz”, con lo que se refiere a “efectivamente, mayorías en el Congreso”, señala la ministra en una entrevista con El Periódico de Catalunya. “No pretendemos improvisar en política del agua, sino alcanzar un pacto a largo plazo, con la máxima participación, diálogo y consenso”, dijo la semana pasada en el Congreso.
España tiene un problema de escasez de agua; o de exceso de demanda, según se mire. El proceso de planificación hidrológica de las cuencas españolas concluyó que todas las del sur y el este arrojan déficit de recursos: 1.323 hectómetros cúbicos, una vez aplicadas las medidas de ahorro, entre las catalanas (98), el Júcar (265), el Segura (400), la zona oriental de Andalucía (100) y el Guadalquivir (450, en este caso con un aumento de la demanda de 140). Básicamente, para desarrollos productivos de agricultura e industria, ya que la demanda de uso de boca es menor.
Un menguante plan de obras trasvasista
La política española lleva más de un siglo mirando a las grandes cuencas de la mitad norte, el Duero y el Ebro, como la solución para esos problemas de déficit o la reserva que permita apuntalar esos desarrollos. Sin embargo, en ninguna de ellas hay excedentes: en la primera se prevé que el calentamiento global reduzca un 7 % sus recursos en los próximos quince años, lo que sumaría la falta de 860 hectómetros a un déficit que ya suma 60 solo en la agricultura, mientras en la segunda, que ya soporta ocho trasvases que suman 250, el descuadre agrario ya es de 875 y el cambio climático amenaza con reducir un 10 % sus recursos, mucho menores de lo que se pensaba a finales del siglo pasado: no alcanzan los 9.000 millones de metros cúbicos anuales cuando a principios de los años 90 se cifraban por encima de 18.000.
El Ebro ha sido históricamente el principal objeto de deseo de los impulsores de planes trasvasistas al arco mediterráneo, aunque, al tratarse de una cuenca torrencial y de caudal irregular, eso requiere aumentar su capacidad de almacenamiento.
Ese fue el motivo por el que, a principios de los años 90, el ministro Josep Borrell promovió el llamado Pacto del Agua de Aragón, un catálogo de obras de claros tintes desarrollistas y sin espacio para planteamientos ambientales que, a base de reveses judiciales, decisiones políticas y acuerdos sociales, se ha ido quedando en agua de borrajas con el descarte de los pantanos de Jánovas (354 hectómetros de capacidad), la sustitución de Santaliestra (130) por un embalse en el llano y el recorte del recrecimiento de Yesa de 1.525 a 1.080 (hoy le caben 447).
La geología amenaza ahora con apuntillar lo que iba a ser la reserva estratégica de los planes trasvasistas del último felipismo y el primer aznarismo, ya que pone en riesgo la ejecución de dos de las cuatro grandes piezas de almacenamiento impulsadas en aquella época: Yesa y Mularroya, sin olvidar sus efectos en otras como Montearagón y Santolea.
La seguridad de las montañas de Yesa
El caso más llamativo es el de Yesa. Adjudicado en 2001 por 113 millones de euros para convertir el pantano del río Aragón en el mayor del Pirineo, su coste se ha cuadruplicado por, principalmente, los problemas de seguridad de sus laderas, en las que desde el inicio de las obras se han detectado grietas, deslizamientos y movimientos que llevaron en 2008 al Ministerio de Medio Ambiente a licitar de urgencia una contrata de 923.727 euros para “la ampliación de la investigación geológica-geotécnica del embalse”. Los previos habían costado más de doce millones.
Ese fue el inicio de un bloque de gasto millonario cuyo grueso ha sido destinado a tratar de estabilizar la zona de la ladera derecha en la que debe apoyarse uno de los estribos de la presa: 82 millones para mejorar la estabilidad de las laderas, a los que se sumarían otros cincuenta en tres contratas, una de ellas de más de veinte millones para expropiar dos urbanizaciones cuyos vecinos veían cómo las casas, y el suelo sobre el que se apoyan, se agrietaban.
No obstante, García Tejerina insistía la semana pasada en el Congreso en que las obras se desarrollan “con todas las garantías de seguridad” y “a buen ritmo” mientras confirmaba algo obvio: “ni en esta ni en otra obra el Gobierno va a escatimar dinero para asegurar las máximas garantías medioambientales y de seguridad”.
Embalses sobre fallas y laderas que se deslizan
Mularroya, en el río Grío, no se localiza sobre una falla como Yesa (una sospecha que confirmó la declaración de impacto ambiental), sino sobre varias de ellas.
Diseñado sobre el papel para almacenar 103 hectómetros cúbicos, el 80% de los cuales le llegarían desde el Jalón por un túnel de trece kilómetros cuya viabilidad está en cuestión por atravesar una zona de cuarcitas, un grupo de geólogos ha alertado sobre los riesgos sísmicos y de inundación que entraña esa presa: el peso de esos más de cien millones de toneladas de agua es susceptible de activar una falla con potencia para generar terremotos de 6,8 grados de magnitud sobre la que se asientan doce pueblos, y también amenaza la propia estabilidad de la presa. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) niega que esos riesgos existan.
En una comunidad en la que en los últimos años se han construido dos pantanos como los de Lechago y Los Fayos, que no han llegado a entrar en servicio por el inasumible coste de su explotación, los de Montearagón y Santolea cierran el cuarteto de embalses ubicados en zonas no del todo geológicamente idóneas: el primero, en el cauce del Flumen, está paralizado desde que las pruebas de carga provocaron a mediados de 2013 el desplome de una zona de la cola del vaso, mientras otro deslizamiento detectado a principios de 2015 recomendó buscar otra ubicación para la presa con la que el Gobierno prevé recrecer el de Santolea, en el Guadalope.
