Vecinos de Castanesa recurren la expropiación de sus terrenos para la ampliación de la estación de esquí de Cerler

Más de una treintena de propietarios de terrenos en el valle oscense de Castanesa han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, relativa al procedimiento de expropiación de sus bienes para la ampliación de la estación de esquí de Cerler hacia este valle, a las que se suman las asociaciones Naturaleza Rural y Ecologistas en Acción.

Estos dos colectivos, el primero que grupa a vecinos y propietarios de Castanesa y el segundo que actúa motivado por la defensa del medio natural y en solidaridad con los vecinos demandantes, han interpuesto sus propios recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Desde Ecologistas en Acción informan en un comunicado de que el pasado 11 de marzo, la letrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA emitió el decreto de admisión a trámite de la demanda y el reconocimiento de legitimidad como demandantes de los 31 propietarios y de las dos asociaciones, uniéndolas en una sola causa.

Considera el colectivo ecologista que se desmonta así el “falso argumento” esgrimido por parte del Ayuntamiento de Montanuy y del grupo empresarial de la nieve Aramón de que la única oposición al proyecto procedía de elementos ajenos al valle y al vecindario.

Un argumento que, según Ecologistas en Acción, pierde su validez si se tiene en cuenta el origen foráneo de los promotores de las obras, los usuarios de la potencial estación de esquí y de los compradores de las viviendas de las promociones urbanísticas que las acompañarían.

Lamentan asimismo la “fractura social que Aramón ha causado en el valle”, ya que a unas familias privilegiadas se les ha enriquecido con la compra de parcelas rústicas a unos precios desorbitados mientras que a los propietarios de los terrenos de la montaña, que es donde se va a generar la actividad del esquí, supuesto motor del desarrollo, “se les pretende expropiar a míseros precios de valoración catastral”.

Añaden además que las diferencias de valoraciones de las fincas a expropiar entre lo expresado en el proyecto en el que se basa el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) y lo ofertado a los propietarios ascienden a varios millones de euros y que esas diferencias se fundamentan en una supuesta modificación del proyecto anunciada por la presidenta de Aramón y por varios miembros del Gobierno de Aragón, de la que no se conocen documentos o tramitaciones que le diera un fundamento legal.

Los ecologistas inciden en que independientemente del precio ofertado no se puede admitir la expropiación, toda vez que confían en que se imponga la justicia respecto a las “confusas” resoluciones de la administración, así como sobre las actuaciones llevadas a cabo por la mercantil Aramón.