Solo 20 bomberos para 16.000 kilómetros cuadrados: los problemas del servicio de extinción de incendios en el Aragón rural

Los servicios de bomberos en el Aragón rural reclaman unas mejores condiciones de trabajo. Dependientes de los ayuntamientos y diputaciones de Huesca y Teruel, piden más recursos y reivindican una labor que consideran minusvalorada. También dirimen algunas de sus cuestiones laborales en los juzgados para terminar de perfilar un escenario inquietante. Recientemente, el Sindicato de Bomberos de Aragón (CSL-SPBA) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han denunciado irregularidades y riesgos en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), tras tres años de la puesta en marcha de este servicio.

Indican que “a nivel operativo, existe una falta de personal en la plantilla del SPEIS de la Diputación Huesca, dando paso a situaciones como la del pasado jueves 15 y viernes 16 de febrero de este año, donde la dotación de toda la provincia era solamente de 20 efectivos entre bomberos y oficiales para una extensión de 16.000 kilómetros cuadrados, algo totalmente inusual a nivel nacional”.

Asimismo, “en algunos casos, como en los parques de bomberos de las localidades de Fraga, Sabiñánigo y Villanova, tan solo se encontraban de guardia tres bomberos y sin oficial al mando de estas dotaciones, o parques como el de Boltaña y Sariñena con solo dos bomberos”. Los sindicatos apuntan que “situaciones como estas ponen en serio riesgo a la población de la provincia de Huesca, ya que en estas fechas se suelen suceder intervenciones de incendios de cubierta donde se precisa un volumen de personal considerable, de 12 a 15 efectivos mínimo para garantizar una sola intervención de calidad y de manera segura”.

También se refieren a las actuaciones en accidentes de tráfico con vehículos pesados, “donde pueden llegar a ser necesarios quince efectivos para garantizar también una intervención segura y de calidad”. Con estas dotaciones (20 bomberos repartidos por toda la provincia) señalan que “es materialmente imposible garantizar la seguridad del ciudadano de la provincia de Huesca y de sus visitantes, no solo en cuanto a una buena atención en la emergencia, sino también en los tiempos de respuesta”.

La perspectiva de una emergencia obliga a desplazar bomberos de un parque a otro, “aumentando así de manera considerable los tiempos de respuesta, como es el caso del parque de Sabiñánigo que tarda hasta dos horas en llegar a algunos puntos de Huesca como es el municipio de Ansó o hasta una hora para llegar a Formigal, siniestros que cuando estos bomberos llegan están totalmente desarrollados y siendo solo tres bomberos”, añaden.

Además, insisten en que el “tiempo de respuesta es aquel que transcurre desde que se recibe la llamada hasta que se empieza a actuar de manera segura con una dotación mínima y que no se está cumpliendo la Ley del Fuego del 2013 y sus decretos que la regulan”. Esta Ley, “regula a todos los SPEIS de Aragón, establece una serie de tipos de parques (parques principales, parques secundarios y parques de apoyo) con sus respectivas dotaciones mínimas”.

La disputa también se dirime en la esfera política. El pasado mes de diciembre, el PSOE acusó al presidente de la Diputación Provincial de Huesca y alcalde de Monzón, Isaac Claver (PP), de mostrar un trato de favor a su ciudad en la instalación del nuevo parque de bomberos después de descartar el que se iba a ubicar en la población de Castejón del Puente, donde el ayuntamiento cedía el suelo gratis, en beneficio de unos terrenos situados entre Monzón y Binéfar por los que la DPH pagará 600.000 euros. También se han mostrado discrepancias alrededor del funcionamiento del parque para la comarca de la Jacetania y la demora en esta puesta en marcha.

A finales de 2022, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núnero 1 de Huesca dio la razón al Ayuntamiento oscense y desestimó las demandas de los sindicatos del Servicio Municipal de Prevención y Extinción de Incendios, por lo que deben realizar las guardias que sean necesarias y no reciben un complemento por dedicación exclusiva cuando ya cobran por ello un complemento específico, como reclamaban. 

En Teruel, el Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón (SPBA) se ha quejado del trato que reciben por parte de la Diputación Provincial de Teruel (DPT): “Desde el SPBA veníamos advirtiendo de que, si no había un cambio de comportamiento cooperador, positivo y bilateral, desde el equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Teruel, presidida por el Partido Popular (PP), esta agrupación sindical llevaría a cabo las acciones necesarias para revertir la situación actual”, señalaban.

Desde la entrada del nuevo equipo de gobierno y el reparto de áreas en la DPT, el sindicato ha tratado de “trabajar y mantener sendas reuniones con la diputada delegada de Personal, Rosa Sánchez, y con el diputado de bomberos, Miguel Ángel Navarro, para trabajar en aspectos fundamentales para el buen funcionamiento del servicio”; entre otros, la continuación de los procesos pendientes e iniciados en la pasada legislatura, la negociación de las bases para las plazas vacantes, tanto de bomberos como de mandos; los concursos de traslados de las diferentes categorías y la cobertura provisional de todas las plazas libres y vacantes.