La Dirección General de Patrimonio del Estado ha estimado que no existe duda legal alguna sobre la titularidad dominical de cuatro templos de la ciudad de Zaragoza. Así lo ha determinado en dos expedientes fechados este 7 de marzo, en los que atribuye la propiedad de la Seo, la Magdalena y Santiago Apostol a la Iglesia, mientras que certifica que San Juan de los Panetes pertenece ya al Estado. Estos informes dan respuesta a los acuerdos del Ayuntamiento de Zaragoza de 27 y 31 de marzo de 2017 por los que solicitaba el inicio de expediente de investigación de la titularidad de los cuatro templos.
En esas fechas del pasado año, el gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZeC) regido por Pedro Santisteve aprobó reclamar en los tribunales la titularidad pública de dichos inmuebles. Según el comunicado remitido por la Delegación del Gobierno de Aragón, en los expedientes redactados por la Dirección General de Patrimonio “se concluye que la Administración General del Estado carece de indicio alguno que le permita ejercer acciones sobre el dominio” de la Seo, la Magdalena y Santiago Apóstol, mientras que en el caso de San Juan de los Panetes explica que, “dado que la propiedad de dicho templo es de la propia Administración General del Estado” tampoco procede ejercitar ninguna acción. De esta forma, al no existir dudas sobre la vacancia de estos inmuebles, se acuerda la finalización y archivo de las actuaciones seguidas.
En estos expedientes se recoge que tanto la Magdalena como la Seo fueron inmatriculadas en 1987 por el Arzobispado de Zaragoza, “sin título de dominio inscribible pero constatando la continuidad de su posesión y dominio pacífico desde tiempo desconocido”. La asociación Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) ha puesto en cuestión estas inscripciones, ya que la ley de reforma hipotecaria que permitiría este acto fue aprobada once años después, en 1998. Con su iniciativa, el Consistorio de la capital aragonesa buscaba la nulidad de estas inmatriculaciones, “con el fin de que estos templos sean de dominio público, patrimonio de todos los zaragozanos y aragoneses”.
El pasado diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Aragon (TSJA) levantó el veto al Ayuntamiento de Zaragoza para reclamar judicialmente los bienes inmatriculados por la Iglesia, después de que el Arzobispado de Zaragoza solicitara la suspensión de los acuerdos municipales en este sentido.