Niña de 12 años, con trastorno alimentario grave y sin una cama pública para ser atendida en Zaragoza

María, nombre ficticio, padece a su corta edad de 12 años un grave trastorno alimentario que incluso le ha llevado a juguetear peligrosamente con el suicidio. La situación en su casa, con su familia, con sus hermanas pequeñas, es crítica. Ha tardado varios meses en ser ingresada en la unidad de trastornos alimentarios del Hospital Clínico de Zaragoza porque el servicio estaba colapsado y lo sigue estando. Ahora mismo, la lista de espera es de meses. Demasiado tiempo para atender a tantos casos dramáticos de jóvenes que padecen un trastorno mental que se ha convertido en la principal causa de suicidios. “Esta enfermedad mata por causas físicas y mata por suicidios. La anorexia es a día de hoy, la enfermedad mental con más alto índice de suicidios. Hablamos de un 28%”, explican fuentes de la asociación TCA Aragón, cuyos miembros junto a otras trece asociaciones de familiares de enfermos mentales salieron de nuevo a la calle el pasado sábado en Zaragoza a exigir a la Administración autonómica más medios personales y económicos. Es la segunda vez que se han unido en una concentración en pocos meses y hasta ahora no han recibido ninguna respuesta del Departamento de Salud del Gobierno de Aragón.

“La salud mental es un derecho, no un lujo”, fue el lema de la movilización en la que, a pesar de la lluvia, participaron numerosas personas convocadas por Teléfono de la Esperanza, Paso a paso Aragón + GAM de Supervivientes, TOC- Zaragoza (Asociación de personas con Trastorno Obsesivo Compulsivo), TCA-Aragón (Asociación de familiares de pacientes con Trastorno de la Conducta Alimentaria), Apataz (Asociación de pacientes con TCA), Albada (Asociación de Alcohólicos y Adictos Rehabilitados de Zaragoza), Asfatac (Asociación de familiares de adolescentes con trastorno alimentario y /o conducta), Liana (Asociación para la Prevención del Suicidio y de Conductas Autolesivas), Asociación de Familias con TL, P.I.C.A. (Asociación para la Protección a la Infancia contra el Abuso), Arbada (Asociación de Familiares de Enfermos de la Conducta Alimentaria), Fundación A.P.E. y La Barandilla.

Más medios personales y materiales

Entre sus reivindicaciones, figuran mayor número de profesionales de la Psiquiatría, la Psicología y la Enfermería especializada en salud mental para poder garantizar una atención de calidad, con la frecuencia y continuidad que cada persona necesite; menos fármacos y más psicoterapia; reducción de las listas de espera para ser atendidos por los profesionales de la psiquiatría y psicología; atención y acompañamiento a los familiares de personas con patologías mentales, “totalmente desasistidos en estos momentos”; aumento de plazas hospitalarias para pacientes con trastornos de personalidad y de alimentación; creación de una unidad de tratamiento de TOC en Aragón y formación de profesionales en el Sistema Público de Salud especializados en estas patologías.

Respecto al suicidio, las asociaciones reclaman un plan estatal de prevención del suicidio factible, con presupuesto suficiente, recursos y una mayor dotación de profesionales, así como una unidad especializada dentro de la sanidad pública en tratamiento de ideaciones suicidas donde se complemente lo farmacológico con la intervención psicológica o Ingreso inmediato tras un intento de suicidio o ideación suicida grave en el que la persona pueda ser atendida y permanezca ingresada, o en seguimiento terapéutico, hasta que su situación mental/emocional mejore.

Historias de sufrimiento

Las historias de familiares con personas que sufren trastornos mentales se amontonan. Todas son historias de sufrimiento e impotencia y de denuncia hacia la lentitud y la falta de medios de la Administración para atender la salud mental. Las más impactantes, las protagonizadas por menores, como el caso de una niña de diez años que sufría bullying escolar. “La llamaban gorda”, explican. Actualmente, se encuentra en tratamiento en un centro privado. Sus padres se han visto abocados a pagar de su bolsillo el tratamiento de su hija debido a la lentitud de la maquinaria de la Administración.

Y es que entrar en el sistema público se dilata demasiado tiempo: Primero, la atención primaria; más tarde, la unidad de salud mental y, si el caso reviste mucha gravedad, los pacientes se derivan a las unidades especiales de tratamiento. Lo normal es que todo el proceso se prolongue durante varios meses porque los servicios asistenciales están colapsados debido a la falta de personal y de medios materiales.

A la hija de Rosa, que sufre un trastorno de la personalidad, los primeros síntomas de la enfermedad le aparecieron con la adolescencia. Sufría baja tolerancia a la frustración y gran sensibilidad. Con 16 años se autolesionó por primera vez. Se sucedieron las visitas constantes a Urgencias, más de 200. Tuvo diez ingresos hospitalarios que, según explica, han perjudicado a su hija porque ha salido “con traumas y delirios que no antes no tenía”. Recibe visitas cada dos o tres semanas de su psiquiatra. “Es una privilegiada porque esa atención no es normal”, comenta. La enfermera de salud mental la visita una vez a la semana. En estos momentos necesita estar acompañada las 24 horas del día. Ello es posible contratando con un elevado coste económico los servicios de psicólogos y psiquiatras. Su madre ha dejado de trabajar para cuidarla. “Las familias nos sentimos impotentes, desesperanzadas, porque no existe un dispositivo sanitario público que ayude a mi hija y tampoco a mí”, lamenta.