La huelga indefinida de Justicia afecta en Asturias a 1.400 funcionarios

Aún sin reponerse de los efectos de la huelga que los letrados judiciales mantuvieron durante dos meses y que ocasionó la suspensión de más de 4.500 actos procesales y la inmovilización en las cuentas judiciales de más de 3,5 millones en el Principado, la administración de Justicia vuelve de nuevo a paralizarse. En esta ocasión, alrededor de 1.400 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio de Justicia en Asturias están convocados a partir de este lunes a secundar paros parciales, de 10 a 13 horas, y a sumarse a una huelga general que culminará con una manifestación en Madrid el próximo miércoles. Como principales reivindicaciones exigen una subida salarial “digna” y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) que impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación.

La jornada de hoy ha comenzado con sendas concentraciones ante las sedes judiciales de Oviedo y Gijón y está previsto que mañana se lleven a cabo en Avilés. La huelga afecta a un colectivo integrado por 45.000 funcionarios en todo el territorio español y ha sido convocada con carácter indefinido por los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT.

Las cuatro organizaciones sindicales, en unidad de acción, han suscrito un comunicado donde aseguran que el Gobierno ha tratado como funcionarios y funcionarias de segunda al 93% del personal de la Administración de Justicia y desprecia la implicación, la participación y el papel determinante de la inmensa mayoría del personal de la Administración de Justicia en los nuevos modelos organizativos y tecnológicos.

¿Cuáles son las principales reivindicaciones del colectivo?

El colectivo se moviliza para exigir la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia y el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales, eliminándose la acumulación en el cuerpo de letrados judiciales de funciones que, según exponen, son delegadas a los cuerpos generales sin compensación alguna.

Asimismo, piden un incremento del Complemento General del Puesto, de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales, tanto transferidos como no transferidos, la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, elevándolas a las que se perciben en el Grupo 1 y la publicación antes de que finalice esta legislatura y previa negociación colectiva del Real Decreto que establezca los criterios y cuantías mínimas del complemento de Carrera Profesional.