Dos ganaderos afrontan seis años de cárcel por poner en riesgo la cueva de El Pindal con un vertido de purines
La cueva prehistórica de El Pindal, situada en la localidad de Pimiango, en el concejo asturiano de Ribadedeva, está declarada como Bien de Interés Cultural (BIC), cuenta con la máxima protección ambiental y, desde 2008, sus pinturas y grabados están incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sin embargo, dos ganaderos residentes en este municipio pusieron en riesgo su conservación tras ser identificados como los presuntos autores de varios vertidos de purines en la cueva.
Ambos serán juzgados a partir de mañana, miércoles, en Oviedo, por cuatro delitos -uno de ellos contra el patrimonio- por los que la Fiscalía solicita una pena individual de seis años y tres meses de cárcel y una multa de 25.200 euros.
Los dos acusados son el promotor y el titular de una explotación ganadera de Ribadedeva radicada en suelo clasificado por el Plan General de Ordenación como “no urbanizable de protección de costas” y según el Ministerio Fiscal carecen de licencia para desarrollar esta actividad que llevaban realizando desde hacía 34 años.
No obstante, al estar la explotación dentro del entorno de protección de la cueva, la propia Fiscalía admite que en el caso de que hubieran solicitado esa licencia tampoco les habría sido autorizada ya que esta actividad resulta incompatible con la adecuada conservación del BIC.
Una licencia para cobertizos y comederos
Los acusados únicamente contaban con una licencia municipal, concedida el 29 de marzo de 1995, pero se circunscribía a la construcción de cobertizos y comederos. Según el escrito de calificación fiscal, ellos realizaron obras que han modificado la cuenca del arroyo La Llongar.
Así, construyeron un camino de acceso a los comederos y lo ampliaron, generando un terraplén que evita que el arroyo de La Llongar, en caso de crecida, se disperse por toda la vaguada, de forma que concentra su cauce y el arrastre de material contra un sumidero ubicado junto a la explotación y en el área de infiltración directa de la cueva.
En caso de inundación, el barrizal concentrado de purines en la zona de comederos se moviliza hacia el sumidero. Esta es la situación que se produjo en octubre de 2019 cuando se generó un socavón de 15 por 24 metros que supuso la entrada en la cueva de El Pindal de sedimentos que, según la acusación pública, presentan valores muy elevados de materia orgánica.
Entre otros, nitrógeno en sus diversas formas, fósforo, potasio y metales pesados, así como antibióticos y desinfectantes, junto con una amplia gama de poblaciones microbianas, que “pueden causar contaminación y presentar riesgos para la salud pública y que causaron un drástico cambio en la microbiología de la cueva, siendo su origen la explotación ganadera que se encuentra sobre el yacimiento arqueológico”, señala la Fiscalía.
Gran cantidad de purines
La explotación concentra una cantidad de purines importante, puesto que se sirve la comida al ganado en un mismo punto y carece de estructura que permita conducir tales efluentes y evitar su filtración en el sistema kárstico.
Este tipo de residuos genera una subida artificial de la cantidad de nitratos y, puesto que el interior de la cueva es un entorno húmedo en el que el agua afecta directamente a las muestras de arte, esto supone la contaminación de las obras y ayuda a su desaparición.
Cada vez que llueve hay olor a estiércol y ese es otro de los extremos que, según el Ministerio Fiscal, evidencia la conexión entre estos fenómenos exteriores y el interior de la cueva conocidos gracias a los estudios geomorfológicos existentes.
El deficiente tratado de los orines y purines del ganado ha generado, además, el aumento de la contaminación de una charca de la zona y el depósito de elementos químicos dañinos en el suelo de la cueva rupestre, poniendo en grave riesgo la conservación de las valiosas manifestaciones artísticas que alberga.
La Fiscalía imputa al promotor y al titular de la ganadería varios incumplimientos: por un lado, la orden de suspensión de la actividad decretada por la autoridad municipal el 10 de diciembre de 2019 y por otro, desoyeron el requerimiento de 27 de noviembre de 2019 del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias de proceder a la succión del agua concentrada en la charca mediante una cuba, con el fin de evitar un destaponamiento natural que provoque la entrada en tromba a la cueva, continuando su desarrollo hasta, al menos, el mes de febrero de 2021.
El importe de la limpieza, análisis de los daños, ingresos perdidos por el cierre durante dos meses y jornadas de trabajo del personal que tuvo que abandonar sus tareas habituales ascendió a 10.199 euros; cantidad que la Fiscalía solicita en concepto de indemnización al Principado de Asturias.
Los delitos imputados
Los dos acusados se sentarán mañana en el banquillo del Juzgado de lo Penal 3 de Oviedo para responder de su presunta responsabilidad en cuatro delitos: un delito contra el patrimonio histórico, un delito contra la ordenación del territorio, otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y un delito de desobediencia. Está previsto que el juicio continúe el próximo viernes, día 19.
Por su presunta autoría en estos cuatro delitos el Ministerio Fiscal interesa a cada uno de ellos una pena de seis años y tres meses de prisión, así como una multa de 25.200 euros.
Asimismo, en caso de condena, pide que restauren el bien dañado o indemnicen al Principado de Asturias por el coste de la restauración si la hubiese llevado a cabo. Además reclama su inhabilitación especial para la promoción o construcción, así como para ejercer su profesión como ganaderos durante dos años.
La acusación pública solicita que los acusados restituyan la parcela a su estado original o bien que indemnicen al Ayuntamiento de Ribadedeva por el importe del coste de restauración.
El pasado mes de marzo, la Consejería de Cultura del Principado decidió suspender de forma provisional las visitas a la cueva de El Pindal, con el fin de completar los estudios que está llevando a cabo acerca de la presencia de gas radón. Esta decisión se adoptó como medida preventiva hasta que finalicen esos análisis, tras haber detectado en las primeras mediciones realizadas en El Pindal valores más altos de los inicialmente esperados.
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