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La Ley de Cambio Climático, aprobada en 2021, establece la obligación de que los municipios de más de 50.000 habitantes cuenten con una Zona de Bajas Emisiones, es decir, un perímetro en el que se restrinja el uso de vehículos contaminantes y se fomente el cambio modal a alternativas más limpias. El plazo para poner en marcha estas áreas venció el 1 de enero de 2023, pero solo 14 de las 149 ciudades llamadas a hacerlo inauguraron estos espacios antes del comienzo de año. La mayoría de las restantes tiene planes, con más o menos detalle y con más o menos intenciones, y diversas fechas para su puesta en marcha.
Hemos analizado los 149 proyectos y hemos comprobado que muchas ciudades preparan zonas de mínimos que apenas modificarán la movilidad contaminante: incluyen espacios que ya eran peatonales, no limitan el acceso de los coches más contaminantes o se niegan a introducir cambios.
Hay casos especialmente llamativos. Sevilla tiene una Zona de Bajas Emisiones ya en vigor; funciona en el barrio de La Cartuja, una zona periférica con menos densidad de tráfico que su centro. La ZBE, de aproximadamente 1,19 kilómetros cuadrados (el 0,84% de la extensión del término municipal) se divide en dos: Cartuja Norte y Cartuja Sur. En la norte se incluye el parque de atracciones Isla Mágica, una zona donde no hay tráfico motorizado. La parte sur se enmarca dentro de un gran espacio verde en el que se ubica el Parque Científico y Tecnológico de la ciudad.
La Zona de Bajas Emisiones de Sevilla fue planteada por la anterior corporación municipal del PSOE, dirigida desde enero de 2022 por Antonio Muñoz. La idea era complementar la ZBE con otro espacio similar en el centro de la ciudad, pero el actual gobierno municipal, del PP, ha declarado en múltiples ocasiones, tanto en campaña electoral como tras su victoria, que no seguirá adelante con estos planes. No han contestado a las preguntas de este medio.
La Línea de la Concepción (Cádiz) también cuenta con una Zona de Bajas Emisiones en vigor bastante peculiar. Al igual que la de Sevilla, su perímetro se divide en dos: un espacio situado en pleno centro histórico que ya es peatonal en su mayor parte, y otro que coincide en su totalidad con el parque Princesa Sofía, como se plasma en la ordenanza que regula la medida. El ayuntamiento ha renombrado el espacio como ‘Zona de Bien Estar’, jugando con el acrónimo de la medida de restricción a los coches con más emisiones: el nombre nace de una campaña de la Red de Ciudades Que Caminan para que las ZBE “sean mucho más que sustituir unos coches por otros”.
Fuentes del ayuntamiento explican a Ballena Blanca que la ZBE en el parque incluye la eliminación de “cerca de 228 estacionamientos” en las dos calles que, en forma de cruz, dividen la zona verde en cuatro, pero que no ha habido cambios de calado en la movilidad del espacio. Sin embargo, aseguran que la peatonalización en marcha en el espacio céntrico, que se inició antes de la Ley de Cambio Climático y que ahora simplemente se ha adaptado a la norma, ha evitado el consumo de 51.000 litros de combustible y ha mejorado la calidad del aire del municipio.
Algeciras, también en la provincia de Cádiz, no ha puesto en marcha aún su ZBE, si bien ya está avanzado, según el plan presentado por el ayuntamiento. La zona acotaría 1,59 kilómetros cuadrados (el 1,85% del municipio) e incluye en la mayor parte de su extensión áreas verdes como el parque María Cristina, otro parque canino y una zona peatonal. No obstante, aunque las restricciones y el trazado de este espacio aún están en discusión, el gobierno municipal pretende incluir un tramo de la avenida Virgen del Carmen, una arteria principal; y solo podrían acceder a ella los coches con la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT), es decir, eléctricos puros e híbridos, así como los residentes y los vehículos en labores de carga y descarga.
Por último, la ciudad de Cuenca estudia implantar una Zona de Bajas Emisiones de aproximadamente dos kilómetros cuadrados que, aunque de manera menos evidente que el resto de casos, también pretende incluir zonas ya peatonales dentro del perímetro para que poco cambie. En este caso, el espacio se ubica en pleno centro de la ciudad, pero buena parte está ocupado por el Parque de San Julián y la Plaza de España, por donde tienen prohibido transitar los vehículos, según ha explicado el concejal de Movilidad, Adrián Martínez, en rueda de prensa. El perímetro no es definitivo y aún no está claro qué tipo de restricciones afrontarán los coches, motos y camiones que circulen por el resto de la zona.
Molestar lo menos posible al tráfico contaminante
Estos son los casos más visibles, pero el análisis va más allá de estas cuatro urbes y muestra que varios municipios planean un diseño de sus Zonas de Bajas Emisiones que apenas altera la circulación en su interior sin reducir por tanto los niveles de contaminación. La maniobra más común es incluir dentro de la ZBE zonas ya peatonalizadas o barrios que en la actualidad solo permiten el paso a vehículos de residentes, por lo que no se produce ningún cambio real, solo un cambio de nombre.
En Córdoba, la Zona de Bajas Emisiones ya está en funcionamiento, aunque en realidad lleva años vigente y la nueva denominación ha sumado vehículos a la circulación de su casco histórico, en vez de restarlos, pues se ha instalado sobre las zonas llamadas ‘Acire’, en las que solo podían entrar residentes; ahora, también podrán acceder vehículos con etiquetas de la DGT B y C, es decir, con motor de gasolina y posteriores a 2001 y de diésel ensamblados a partir de 2006, como se explica en la Ordenanza de Movilidad publicada por el consistorio.
En Logroño, el ayuntamiento pretende incluir como Zona de Bajas Emisiones un espacio peatonal en el casco histórico cuya transición arrancó en 2021, como explica el propio consistorio. Por su parte, Palencia pretende que los cambios “no afecten al 95% de los palentinos”, como declaró en rueda de prensa el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, incluyendo todos los residentes en el municipio; las futuras restricciones, en principio, afectarán solo a los visitantes, como confirma el ayuntamiento. Majadahonda, en Madrid, aprobó una moción en el ayuntamiento para que la Zona de Bajas Emisiones sea “sin restricciones al tráfico”.
Si Villareal, con su estructura demográfica y estructura urbana, no tiene niveles de contaminación elevados, no necesita esta zona de bajas emisiones
Otros municipios se niegan directamente a implantar la Zona de Bajas Emisiones. Villarreal (Castellón), por ejemplo, aprobó una moción en el pleno del Ayuntamiento para no aplicar la medida. “Si Villareal, con su estructura demográfica y estructura urbana, no tiene niveles de contaminación elevados, no necesita esta zona de bajas emisiones”, aseguró el concejal de Territorio y Movilidad, Emilio Obiol, en un pleno.
Prohibiciones o restricciones de acceso, según la ley
La ley es clara y el decreto que la desarrolla también. El Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones, indica que “las medidas (…) incluirán prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según su potencial contaminante”. Y añade: “Las prohibiciones o restricciones de acceso afectarán prioritariamente a los vehículos con más potencial contaminante y serán proporcionales a los objetivos de calidad del aire y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero que se hayan dispuesto, lo cual deberá estar suficientemente motivado”.
El propio decreto asegura que “únicamente se podrán establecer excepciones a las restricciones previstas” cuando se garantice que las medidas tomadas mejoran la calidad del aire, mitigan el cambio climático, reducen el ruido y ya hayan puesto en marcha acciones dirigidas a reducir la preponderancia del vehículo contaminante en la vía pública. La única ciudad que se ha acogido a esta excepción, con el beneplácito del Ministerio para la Transición Ecológica es Pontevedra, pues la mayor parte del municipio es peatonal.
Varios alcaldes y alcaldesas han justificado su negativa a implantar Zonas de Bajas Emisiones con los datos de calidad del aire de sus municipios, que muestran que no tienen un problema con la contaminación. Aunque, la ley no establece salvaguardas a los municipios de más de 50.000 habitantes que tengan buenos registros, dado que aunque no se sobrepasen los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o por la Unión Europea, la polución es nociva y aumenta la mortalidad de los ciudadanos aunque sea con bajos niveles.
Por otro lado, la norma también busca mitigar los efectos del cambio climático, un problema global al que el tráfico de estas ciudades contribuye negativamente, aunque los niveles de contaminación sean aceptables. El transporte representa, según el inventario de Transición Ecológica, el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España; de ese porcentaje, el 65,68% corresponde a los viajes por carretera de pasajeros. Las emisiones de coches, motos, camiones y demás vehículos en las ciudades fueron de 28.249 kilotoneladas de CO2, según los últimos datos disponibles (de 2018), es decir, casi un tercio del total de emisiones del sector del transporte a nivel nacional.
Un 26% de las ciudades que cuentan con ZBE ya en marcha o con planes para implantarlas en los próximos meses han incluido restricciones a vehículos contaminantes. Barcelona y su área metropolitana, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca o Vigo, han puesto en marcha o proyectan un espacio anticontaminación amplio, pero con prohibiciones dirigidas únicamente a los vehículos más sucios. Es la línea de actuación más común en las grandes ciudades europeas, con París y Londres a la cabeza.
Los próximos meses definirán el destino de las Zonas de Bajas Emisiones en España. El retraso es evidente: solo 14 de las 149 ciudades obligadas a instalarlas lo ha hecho en plazo. El resultado de las demás es incierto, con ayuntamientos que se han tomado en serio el reto y otros que buscan reducir la medida al mínimo legal o, en ocasiones, ni eso. La salud pública queda, una vez más, supeditada al relato.